La gran guardería política

Mientras se debatía la huelga de las propias guarderías municipales, el Ayuntamiento de la capital grancanaria continúa aglutinando un sinfín de críticas ante un concurso (el de las escuelas infantiles) que se antoja surrealista y polémico en cada uno de sus puntos cardinales. La presidenta de Coalición Canaria (CC) de Las Palmas de Gran Canaria, María del Mar Julios, exigió ayer al gobierno de Saavedra que los suspendiera y que lo replantease «por lotes» para favorecer a las empresas canarias. Sin embargo, su petición se ubica en el mosaico político del consistorio de Santa Ana como una nueva y laxa reivindicación, porque el gobierno socialista no parece dar marcha atrás.

«Todo esto es una cortina de humo de la oposición para que no se hable de las nuevas plazas que habré en el próximo curso», afirmó el portavoz municipal, Sebastián Franquis, quien también aseguró que los criterios del pliego de condiciones «son los mismos» que se establecieron en 2004.

Sin embargo, Julios incidió en la necesidad de ampliar «el abanico de empresas que puedan acceder al procedimiento y el Ayuntamiento daría la oportunidad a pequeñas y medianas empresas canarias a pujar por el mismo». 50 millones de euros para 10 años es demasiado suculento pero al mismo tiempo tentador para plasmar la más cruel de las expresiones monopolísticas, teniendo en cuenta que con un aval de 1,4 millones de euros se ha enterrado por la vía rápida tanto a las pymes como a las microempresas, las que en tiempos de crisis generan el escaso empleo del sector.

Por su parte, Pepa Luzardo, portavoz del Partido Popular en la capital grancanaria, insistió en calificar de «deficiente y escandaloso» este concurso que, para más inri, fue convocado por vía de urgencia por el gobierno local. A su juicio, el pliego de condiciones «carece de sentido común alguno», exigiendo también su paralización. «Un pliego serio exigiría unos requisitos mínimos de solvencia respecto a la estructura de la empresa y la titulación y experiencia profesional de sus empleados en el sector en cuestión, además de dar la concesión del servicio por tres años y no por diez como aquí», agregó.

Por su parte, la asociación de guarderías privadas de Las Palmas, Aceilas, se mostró a favor de las movilizaciones que consideraran oportunas sus homólogas municipales, aunque reconoce, en boca de su portavoz María Jesús Vera, la imposibilidad de secundar parones ante la «delicada situación» del sector. En cualquier caso, desde Aceilas ya se ha impugnado el polémico documento y ahora queda ver en qué dirección se desarrollan las siguientes diligencias administrativas.