«Es justo que la banca y las empresas ayuden a sanear las cuentas públicas»

—Está claro que lo que ahora nos ocupa y preocupa es la situación económica, el déficit, la contención del gasto... ¿La cosa está tan delicada como parece?

—La cosa está delicada porque para hacer frente a la situación de crisis las autoridades europeas han tomado unas decisiones que ha suscrito el Gobierno español y nos piden a todas las autoridades públicas en España, y por tanto también al Gobierno de Castilla-La Mancha, que contribuyamos solidariamente a la contención del déficit para no aumentar la deuda. No porque tengamos más deudas que otros, porque la deuda en Castilla-La Mancha está por debajo.

—Entonces, ¿tenía razón el Gobierno central cuando señaló a Castilla-La Mancha y a Murcia como las comunidades más endeudadas?

—Endeudadas no. Tenemos más déficit que otras comunidades autónomas, pero si la ministra de Hacienda hubiera salido diciendo quiénes son las más endeudadas no hubiera citado a Castilla-La Mancha, porque no somos de las más endeudadas. Es verdad que el año pasado ingresamos 900 millones menos, y aunque un plan de ahorro muy fuerte nos permitió ahorrar 600 millones de euros en gastos corrientes, tuvimos un agujero de 300, que es lo que te lleva a deuda. Si no lo cubres con ingresos, tienes que endeudarte, y lo hacemos porque hemos apostado por mantener los servicios públicos esenciales.

—El Gobierno regional ha puesto en marcha el Plan de Consolidación de Finanzas y Servicios Públicos para ahorrar 1.000 millones de euros ¿cuáles son los pilares básicos? .

—Hay dos grandes bloques, el ajuste en el gasto corriente y los ingresos. En vía de gastos, el plan contempla un ahorro de 775 millones de euros con unos capítulos muy emblemáticos, aunque el presidente Barreda señaló desde el principio que el ajuste debía hacerse sin tocar a los servicios esenciales, como la educación, la sanidad o las prestaciones sociales. Tampoco tocamos ninguna retribución y todos los funcionarios públicos, que ya hicieron su sacrificio, van a seguir cobrando lo mismo. Lo único que hacemos es ajustar el horario, de manera que todos los centros van a cerrar a las cinco de la tarde, lo que nos permite ahorrar mucho en gasto de mantenimiento. En gasto corriente vamos a hacer el mayor esfuerzo de todo el plan, y para ello se van a apurar todas las posibilidades que nos dan las nuevas tecnologías para abaratar muchos de los costes del funcionamiento ordinario. Todo eso se recogerá en un documento que será sometido a la consideración del Consejo de Gobierno. En cuanto a la inversión, se mantendrá toda la que estaba prevista y la que está en marcha, pero diferiremos las anualidades del coste de esas inversiones, lo que nos permitirá aplazar unos 200 millones de euros que estaban cargados a este presupuesto. Además, todas las transferencias a entidades públicas se recortan en un 20 por ciento.

—¿Y los ingresos?

—Hemos puesto en marcha un paquete de medidas de incremento de algunas tarifas y tasas o la creación de nuevos impuestos que nos permitirá recaudar algo más de 200 millones de euros. Lo que vamos a hacer sobre todo es no grabar a los de siempre, al ciudadano de a pie, sino aquellas actividades que desarrollan en Castilla-La Mancha grandes empresas, muchas de las cuales no tributan aquí, y eso nos va a permitir que parte de la riqueza que generan con su actividad en Castilla-La Mancha se quede en la región y contribuya a reducir el esfuerzo que hay que hacer de ahorro. Hablamos de poner un canon a las eólicas, de poder incrementar la tasa que ya pagan la empresas por la actividad contaminante, por ejemplo la nuclear de Trillo, de poner un nuevo impuesto sobre la banca, como ya tienen Andalucía o Extremadura. Eso nos supondrá más de 200 millones de ingresos que no dependen de tener que volver a rascarse los bolsillos los ciudadanos, sino las grandes compañías, que luego nos asombran al ver los grandes beneficios que tienen. Justo es que también contribuyan solidariamente a sanear las cuentas públicas.

—¿Imagino que la aplicación del plan conlleva un proceso de información y de aprobación?.

—Barreda siempre ha impuesto un estilo de gobierno en Castilla-La Mancha que es el gobierno de coalición con la sociedad. Por tanto, las medidas que aquí se adoptan se hacen siempre desde el consenso, el contraste, opinar todos. Está institucionalizado un foro que es el Pacto por Castilla-La Mancha, y ya está comprometida una reunión para la semana que viene (por esta, en concreto mañana). En ella el presidente expondrá las medidas del plan y escuchará aquellas otras que se tengan que oír y juntos se pondrán sobre la mesa para buscar las mejores soluciones. En el ámbito institucional, el Gobierno ya pidió la comparecencia en las Cortes para explicarlo. Pero los que no tienen interés por echar una mano para resolver los problemas, ya sabemos que no nos van a ayudar.

—¿Tiene una incidencia muy directa este plan en los presupuestos recientes ya aprobados?

—Lo que hacemos con estas medidas es no gastar lo que teníamos previsto y ahorrarnos 775 millones, pero no necesariamente hay presentar una ley que diga voy a bajar el presupuesto. No obstante, hay algunas de las medidas contenidas en el plan, como el cierre de los edificios de toda la Administración en general, que exige una orden. Otras exigen una norma con rango de ley que hay que presentar en las Cortes, por ejemplo el nuevo impuesto para la banca. Pero en general, los presupuestos que hoy valen, sirven.

—Después de tanto hablar de este tipo de medidas habrá quien piense si son las últimas o llegarán otras.

—Todos hacemos los mejores votos por que estas sean las últimas, y esos que son los que dicen que saben que va a haber brotes verdes, esperemos que sea verdad y podamos vivir otra vez con arreglo a lo que era habitual antes de la crisis, que es un equilibrio razonable ente ingresos y gastos. Nosotros creemos que con esto vale.

—Sobre una de las medidas más novedosas, la del impuesto a la banca, el PP habla de que se puede producir una posible fuga de capitales ¿qué tiene que decir?

—No sé a qué se puede referir. No creo que puedan cerrar ni Cajamadrid, ni Unicaja, ni la Caixa por el impuesto que pongamos nosotros. De hecho no se han ido de Andalucía. Aquí la única fuga de capitales que recuerdo es la que se provocó cuando la señora Cospedal impuso con CCM que se fueran los miembros del PP del Consejo de Administración y en 15 días salieron 700 millones de euros de los depósitos que tenía CCM. Pero desde luego por el impuesto que va a grabar a la banca que opera en Castilla-La Mancha me cuesta mucho trabajo creer que alguien, con cierto rigor, diga que de ahí se pueda derivar una fuga de capitales.

—Una medida que afecta a los funcionarios públicos es el teletrabajo.

—Hoy hay muchas operaciones que se pueden hacer desde casa, cuando no se exige una presencia, y que permiten además conciliar la vida laboral y familiar perfectamente sin que se merme el rendimiento, al contrario. Hay determinados puestos de trabajo que admiten el teletrabajo y se está imponiendo en las administraciones, por eso desde luego nosotros lo vamos a incluir en el plan.

—¿Se ha decidido ya desde el gobierno regional si habrá o no nueva oferta pública de empleo?

—Lo que queremos es que aquí pueda organizarse la oferta de empleo cuando tengamos la certeza de que también la hace Murcia, Andalucía, Valencia o Extremadura, porque si la hacemos solo nosotros aquí vendrán todos. Ya tuvimos una experiencia en el ámbito de la Educación hace unos años y no queremos que nos vuelva a pasar eso. Solo así habremos garantizado que cada cual disputa su puesto de trabajo público con los de su tierra, que es el mejor servicio que podemos prestar a nuestros interinos o a los que se van a presentar porque acaban de terminar sus estudios.

—Entre las medidas a adoptar hay una muy mediática, que es el recorte del 20 por ciento en la radiotelevisión regional ¿cómo puede esto afectar al ente?

—Este recorte, que se suma al 10 por ciento del año pasado, demuestra que aquí el cinturón nos lo apretamos todos, y que muchas de las cosas que he oído y leído se demuestra que eran absolutas demagogias y falsedades por parte del Partido Popular. Ahora cada uno de los organismos autónomos y entidades públicas, entre ellas la televisión regional, tiene que decidir cómo lo aplica. Nosotros no intervenimos en la televisión, sino que decimos de lo que disponen. Quienes tienen que decidir cómo lo aplican son los que con autonomía deciden cada día cómo llevan adelante la misión que tienen.

—Casualmente su homólogo en el Gobierno central, Ramón Jáuregui, acaba de plantear incluso la posible desaparición de algunas televisiones autonómicas ¿qué le parece?

—Esta televisión cubre una función de servicio público que debe valorarse adecuadamente. No es una televisión que compite en el ámbito privado, sino que debe cubrir una vocación de servicio público, que es para lo que está. Pero no nos negamos a abrir un debate en torno a la televisión pública de Castilla-La Mancha, porque no sacralizamos nada que no sea absolutamente esencial para los ciudadanos.

—Otro caso concreto que apuntó el presidente Barreda es el cierre de la oficina de Bruselas ¿para cuándo?

—Nosotros hasta ahora tenemos una oficina, no muy amplia, que tiene la misión de garantizar los intereses de la sociedad castellano-manchega en Europa, y la cerraremos en el momento en que exista una garantía y un compromiso por parte del Estado de asumir con su propia estructura lo que ahora hacemos nosotros.

—En lo que respecta al recorte en el Forcol ¿deben estar preocupados los ayuntamientos dada su delicada situación financiera?

—Los ayuntamientos tienen sus particulares situaciones financieras al margen de la Junta. Por eso no debe culparse a ningún gobierno autonómico, como el de Castilla-La Mancha, que viene siendo desde el año 1994 más que solidario con los ayuntamientos, poniendo a su disposición fondos propios sin tener la obligación de hacerlo, pero ahora hay que apretarse el cinturón con un ajuste del porcentaje del gasto corriente del 10 por ciento. A través del Forcol lo que vamos a dejar de pagar es el incodicionado, que supone a los ayuntamientos grandes un dos por ciento, a los medianos un 5 por ciento y a los más pequeños en torno al 9 por ciento, por tanto por debajo de lo que nosotros hacemos.

—Curiosamente Murcia está otra vez enfrente, ya que desde su gobierno se dice que hay un pacto oculto entre Barreda y Zapatero porque el plan de Castilla-La Mancha no es creíble.

—El PP con tal de decir Barreda y al lado inmediatamente Zapatero hace lo que sea, hasta diabluras dialécticas. Lo que ha puesto en evidencia el plan de consolidación que aquí ha aprobado el presidente Barreda es que hay otro modelo de hacer las cosas, y comprendo que quienes han optado por otras vías esto, que les pone frente al espejo, no les termine de gustar. También entiendo el disgusto y la frustración tremenda que en Castilla-la Mancha tiene la señora Cospedal, que estaba deseando ver si entre las medidas que poníamos en marcha era verdad que quitábamos algo a los funcionarios o íbamos a lo que hacía daño para lanzarse a la yugular y decirnos de todo. Como no es así, ahora la salida se la tienen que inventar por otros medios.