Los «otros» catálogos

Los gobiernos de Castilla-La Mancha, País Vasco, Extremadura, Aragón, Cataluña o Cantabria han secundado a Galicia en su política de contención del gasto farmacéutico, y han puesto en marcha, anunciado o previsto en los últimos meses diferentes sistemas de ahorro que en buena medida recuerdan al catálogo priorizado de medicamentos, que entró en vigor el pasado 3 de enero y actualmente se encuentra bloqueado debido a un recurso por invasión de competencias interpuesto ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno central.

Hace tan solo unos días, la Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica (Farmaindustria), que también combate la norma gallega que obliga a la sanidad a aportar únicamente fondos públicos al principio activo equivalente de menor precio, decidía plantear un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha contra el departamento de salud regional tras decidir la administración presidida por el socialista Barreda retirar del programa de prescripción de sus médicos hasta 133 medicamentos (31 principios activos) del programa electrónico de prescripción de los médicos. Los facultativos que ejerzan en esa región solo podrán recetar a través del papel, de su puño y letras, estas presentaciones, más caras que otras equivalentes y por tanto anuladas en la prescripción electrónica. Allí, ya se había eliminado de la receta electrónica las formas orales y tópicas de dexketoprofeno, clopidogrel y atorvastatina.

Hace dos meses, en concreto el 26 de febero, el gobierno extremeño de otro socialista, Guillermo Fernández Vara, anunció una medida similar al listado priorizado de Galicia, pero en su caso limitó el ámbito de actuación a siete principios activos, en lugar de los 34 por los que ha optado Galicia. En el caso extremeño, se escogieron escitalopram, pantoprazol, venlafaxina, esomeprazol, ácido risedrónico, ácido alendrónico y tramadol. Además, la receta electrónica de los centros de salud incluye solo en esa región el nombre del principio activo, y no de la marca. Farmaindustria recurrió la medida también en este caso.

Por su parte, la administración vasca, que también ostenta un socialista, Patxi López, tomó la decisión en junio de 2010 de sustituir la prescripción de cuatro fármacos de marca por su equivalente genérico. En este caso, Farmaindustria señaló que «se trata de una medida que vulnera el sistema de financiación y prescripción de medicamentos legalmente establecido», por lo que instó al Estado, «único agente con potestad para determinar qué medicamentos son financiados con cargo a fondos públicos», a recurrir la decisión. Por el momento, Moncloa solo ha paralizado el catálogo gallego.

También Cantabria, presidida por Miguel Ángel Revilla (Partido Regionalista Cántabro), ha suscitado el rechazo de Farmaindustria por su iniciativa para extender el consumo de genéricos. Cantabria fijó la prescripción por principio activo de dos moléculas de frecuente indicación y alto precio: clopidogrel y atorvastatina.

Y en la comunidad de Aragón la patronal que agrupoa a los laboratorios consideró una violación al derecho de libertad de prescripción una orden del gobierno regional, encabezado por el socialista Marcelino Iglesias, que fijaba una guía fármaco-terapéutica de cumplimiento común para todos los hospitales de la región.