¿Está agotada la excepción ibérica?
El tope al mercado marginalista seduce porque apenas compromete al Tesoro. Pero el problema de 2026 no es el de 2022: hoy la inflación entra por el surtidor.
Hay políticas que sobreviven a las circunstancias que las hicieron útiles. La excepción ibérica pertenece a esa categoría. Nació en 2022, cuando el gas europeo superaba los 230 euros por MWh y la invasión rusa de Ucrania había convertido el mercado eléctrico en una máquina ... de transmitir el 'shock' energético a hogares y empresas. Cuatro años después, sindicatos y Yolanda Díaz quieren resucitarla. El problema es que 2026 no es 2022.
Conviene empezar por una precisión: no consta que el Gobierno haya pedido oficialmente a Bruselas recuperar el mecanismo. CC.OO. y UGT lo plantearon el pasado 17 de septiembre; las eléctricas lo rechazaron y Carlos Cuerpo enfrió las expectativas. El supuesto rechazo de la Comisión procede, por ahora, de una fuente indirecta. La tentación, sin embargo, se entiende mejor mirando las cuentas públicas que las facturas eléctricas. España llega a este nuevo episodio inflacionista prácticamente sin margen fiscal. La Comisión Europea calcula que el gasto neto crecerá este año un 5,1%, frente al 3,5% comprometido, y Airef ha estimado ajustes de entre 15.000 y 23.600 millones hasta 2028. Mientras tanto, el Gobierno ha elevado el techo de gasto para 2027 a un récord de 226.032 millones, pero sin nuevos Presupuestos.
Ahí reside el atractivo político de la vieja excepción ibérica. El mecanismo de 2022 no consistía en que el Estado comprase gas barato. Las centrales pagaban el precio de mercado, ofertaban como si fuese inferior y recibían una compensación financiada básicamente por consumidores y rentas de congestión con Francia. El Tesoro quedaba relativamente al margen. Cuando Bruselas mira con recelo nuevas rebajas fiscales a los carburantes y España incumple su senda de gasto, resulta comprensible buscar un analgésico que no pase por Hacienda. Esto es una inferencia, no una motivación confesada por el Gobierno.
Pero precisamente ahí aparece la paradoja: la medida fiscal y políticamente más cómoda para un Ejecutivo desempoderado en el Legislativo y que está de salida puede ser económicamente la menos adecuada.
En agosto, el IPC alcanzó el 4,3%, un máximo desde febrero de 2023. Los carburantes subieron un 21,3% y el transporte, un 9,5%, mientras la inflación subyacente quedó en el 2,9%. El 'shock' está llegando principalmente desde el petróleo y los combustibles, no desde el mercado eléctrico. El gas ronda ahora los 80 euros por MWh: una subida considerable desde comienzos de año, pero remotísima respecto de los más de 230 euros de 2022.
Hay además una cuestión que es decisiva: cuántas horas fija el precio marginal el valor del gas actualmente. Aelec sostiene que la fuerte inversión en renovables ha hecho que sea apenas un 15% frente a aproximadamente el 75% en el año 2022. La fuente es parte interesada y el dato necesita contraste con el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) o Red Eléctrica antes de convertirlo en un argumento definitivo de esta conversación.
La excepción ibérica tuvo sentido ante una crisis energética como la que se produjo con la invasión de Ucrania. Convertirla en respuesta automática a cualquier rebrote inflacionista sería otra cosa: política económica mirando por el retrovisor.