La bomba que Sánchez soltó en Europa

El primero es la regularización extraordinaria. La previsión inicial del Gobierno rondaba el medio millón de beneficiarios, pero 1,2 millones de inmigrantes se han apuntado. Conviene precisar lo que significa. Su permiso les autoriza a residir y trabajar en España, no en Italia, Dinamarca o Suecia. Pero pueden circular por Schengen y, en un espacio sin controles fronterizos interiores, nada impide que algunos permanezcan ilegalmente en otro país o nutran su economía sumergida. Se arriesgarían a no renovar su permiso español, pero la externalidad para nuestros socios existe.

Hasta ahora Moncloa había presentado esas objeciones casi como una extravagancia de gobiernos ultras, incluido el socialdemócrata danés. La entrevista concedida al Financial Times por el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, cuenta una historia muy diferente. La regularización española provocó una «gran protesta» en la reunión de líderes europeos. Italia, Alemania y Dinamarca estuvieron entre los países que la criticaron y el propio Kristersson asegura que advirtió personalmente a Sánchez. Su argumento es elemental: Schengen sólo funciona si ningún miembro adopta decisiones migratorias ignorando sus consecuencias para los demás.

Pero existe una segunda decisión de dimensiones potencialmente mayores. La llamada 'ley de nietos' no concede permisos de residencia, sino la nacionalidad española y, con ella, la ciudadanía europea. Más de medio millón de expedientes han sido ya aprobados y 2,4 millones de personas iniciaron el procedimiento, casi un millón de ellas argentinas. Quienes obtengan el pasaporte español podrán, a diferencia de los regularizados, residir y trabajar legalmente en cualquier país de la Unión. Y la elevadísima tasa de aprobación de los expedientes ya resueltos (más del 95%) permite anticipar que no estamos ante una magnitud meramente teórica.

También resulta prematuro convertir la regularización en un éxito económico. El Gobierno presume ya de su contribución al récord de afiliación, aunque a finales de julio apenas 260.000 regularizados se habían incorporado a la Seguridad Social y el propio Carlos Cuerpo reconoce que habrá que reinterpretar las estadísticas durante meses. Buena parte de esos trabajadores ya estaban empleados clandestinamente: aflorar cotizaciones es positivo, pero no equivale a crear empleo.

El problema, por tanto, ya no es sólo un error de cálculo o imprudencia de Sánchez. Es que sabemos ahora que fue advertido de ellas mientras su Gobierno las ocultaba al debate español. Ceuta ha encendido la mecha, pero la carga llevaba meses colocada. En una Europa sin fronteras interiores, conceder residencia a 1,2 millones de personas y abrir la ciudadanía a otros 2,4 millones nunca pudo ser un asunto exclusivamente español.