La Junta de Andalucía sacó el pasado 9 de enero un decreto por el que se establecen indemnizaciones para ex presos y represaliados que sufrieron privación de libertad durante más de tres años y en el que también se acuerda abrir convocatoria pública para aquellos otros que sufrieron privación de libertad por menos de tres añós. Según fuentes de la Junta, más de 4.000 ex presos y represaliados se han acogido al decreto.
Sin embargo, según la Asociación de Ex Presos y represaliados, muchos de los que sufrieron la persecución ideológica del régimen de Franco se quedarán fuera de las indemnizaciones de la Junta de Andalucía, por el escaso plazo establecido para presentar los papeles: seis meses.
Según explican desde la Asociación, Instituciones Penitenciarias tarda meses en enviar los certíficados, a lo que se une: que muchos presos cumplieron condena en varias cárceles, con lo que han de reunir varios certíficados; que. por ejemplo, en la cárcel de Granada se quemaron los archivos y es imposible conseguir ese certificado; o que las autoridades militares obstaculizan el acceso a sus archivos para comprobar condenas, entre otros.
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