Los papeles del 23-F confirman el papel clave de Don Juan Carlos para abortar la asonada

Lo cierto es que hasta en dos ocasiones fuentes de la Casa Real consultadas por ABC aseguraban no tener «la más mínima preocupación» por la revelación de los documentos, ya que no podía haber en ellos nada que comprometiese a la Institución.

El papel jugado aquellos días decisivos para el futuro de la democracia por Don Juan Carlos era el principal foco de atención, pero en ninguno de los documentos ahora desclasificados se insinúa que tuviera información anticipada ni que fomentara la asonada, ni por acción ni por omisión.

Uno de los informes más comprometidos para el Rey, redactado por el Cesid (antecedente del Centro Nacional de Inteligencia), está datado el 5 de febrero de 1982 y el asunto es bastante sugestivo: «Sobre entrevistas de S.M. el Rey con implicados en el 23-F», según el cual en «núcleos cualificados de opinión cántabra, e incluso también en ambientes castrenses de la capital cántabra» se «da por seguras algunas entrevistas confidenciales y sigilosas» de Don Juan Carlos con «algunos principales del intento de golpe de estado».

Se aseguraba en el documento que alguien muy importante de la Casa Real se había entrevistado con el general Alfonso Armada para hablar del juicio y que se había intentado asimismo con el teniente general Jaime Milans del Bosch, pero éste habría exigido que fuera directamente con el Rey, no «con intermediarios ni eslabones», lo que finalmente se habría producido.

El documento, no obstante, admite que se trataba de comentarios, que de no ser ciertos, serían rumores graves y que de serlo, también por las ligerezas filtrantes». Nunca se demostraron esas visitas, porque nunca se produjeron, y la nota simplemente daba pábulo a un cotilleo de las clases dirigentes de Santander.

Entre los informes hay uno, redactado por Zarzuela y titulado 'Sucinto relato de los sucesos de los días 23 de febrero de 1981 y 24 a raíz del asalto al Congreso de los Diputados según fueron conocidos en el Palacio de la Zarzuela', en el que se explican los acontecimientos que se vivieron y las decisiones que se tomaron allí.

Desde el primer momento se aprecia cómo Don Juan Carlos comienza a dar órdenes, todas tendentes a mantener el orden constitucional, y lo hace de una forma inequívoca, entrando en contacto con las principales autoridades civiles y militares.

Aunque muchas de estas conversaciones recogidas allí ya eran de dominio público, en el informe se recoge la conversación, trascendente y «muy tensa» de Juan Carlos I con el general Armada, y la llamada a Milans del Bosch ordenándole que le diga a Antonio Tejero que «deponga inmediatamente su actitud» y exigiéndole que retirara los tanques de las calles de Valencia.

Otra de las incógnitas que se mantenía en el aire durante estos 45 años era el papel de los servicios de inteligencia en el golpe, en concreto de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales (AOME) del Cesid, antiguo CNI. Al frente de la unidad estaba José Luis Cortina Prieto, quien fue absuelto por falta de pruebas en el juicio que dirimió las responsabilidades del intento de golpe de estado. Un informe interno del centro constata no tener conocimiento de «ninguna actividad directa del comandante Cortina en relación con los hechos del 23 (ese día)», aunque no descarta que tuviera conocimiento previo de lo que iba a suceder.

Sin embargo, los documentos sí que revelan la participación de otros agentes del Cesid, en concreto de la Aome. «De las investigaciones realizadas se ha podido comprobar que algunos miembros de esta unidad participaron activamente en los hechos», decretan.

En concreto, señalan a seis personas que «o bien conocían los hechos antes del 23» o que planificaron un plan posterior para justificar sus movimientos el día 23. Se refiere a la denominada 'Operación Míster' que se habría impulsado una vez fracasado el golpe.

Interesante también son dos informes que muestran el respaldo explícito del presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, al Rey Juan Carlos I y al recién investido presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo-Sotelo, tras el intento de golpe de Estado. Un informe del Ministerio de Asuntos Exteriores fechado el 13 de marzo de 1981 llamado 'Expediente sobre el conflicto diplomático entre los Gobiernos de España y EE.UU. por las declaraciones del Secretario de Estado americano en relación con el golpe de Estado' enumera las comunicaciones oficiales estadounidenses relativas a los sucesos del 23 y 24 de febrero, entre ellas la llamada telefónica de Reagan a Don Juan Carlos el 24 de febrero, así como cartas posteriores dirigidas tanto al padre de Felipe VI como al jefe del Ejecutivo español.

Según el documento, Reagan telefoneó a Juan Carlos I el 24 de febrero, pocas horas después de la emisión del mensaje televisado donde el Rey defendió el orden constitucional. Esta comunicación fue especialmente importante, ya que cambió la línea marcada el día antes por el secretario de Estado, Alexander Haig, quien se había limitado a calificar el golpe de «asunto interno».

En los documentos desclasificados, además, se describe cuál era la situación previa al golpe, marcada por una fuerte inestabilidad política, con un gobierno de UCD débil y dividido, una crisis económica que aún causaba estragos, un terrorismo etarra desbocado y fuertes tensiones independentistas. Según se desprende de uno de ellos, fechado en noviembre de 1980, manuscrito y titulado 'Panorámica de las operaciones en marcha', por entonces estaban en marcha hasta cuatro operaciones de naturaleza civil, tres militares y una más, mixta, en la que estaban involucrados miembros de la sociedad civil y de las Fuerzas Armadas, que tenían como objetivo lo que por entonces se llamaba un 'golpe de timón'.

La lectura del informe, que fue intervenido tras el 23F al teniente coronel José Crespo Cuspinera tras ser detenido por preparar otra intentona golpista para el 27 de octubre, sorprende por el grado de conocimiento de su autor sobre todos esos movimientos y las personas citadas, entre ellas políticos de distinto signo.

En el resto de la información que le fue confiscada se aprecia un odio visceral hacia Don Juan Carlos, hasta el punto de que el primer fallo de la asonada había sido «dejar al 'borbón' libre y tratar con él como si fuese un caballero».

Consideraba además que «el Rey seguirá adelante en su intento suicida de tener un gobierno con los socialistas, no pudiendo ser considerado ni como un símbolo a respetar. Es por tanto un objetivo a batir (sic) y anular».