El PP lleva al Senado la reforma de la ley de extranjería para devolver a los inmigrantes que llegan a nado

El partido de Alberto Núñez Feijóo registró una proposición de ley con este cambio legislativo el 16 de julio. Era la respuesta a la sentencia del Supremo que ya generaba dudas en las dos ciudades autónomas y que empezó a preocupar a las autoridades. De hecho, en los diez días previos a la invasión la administración que encabeza Juan Jesús Vivas advirtió de que se estaban produciendo incrementos de llegadas de inmigrantes. Un goteo que no paraba y que terminó con la frontera reventada los últimos dos días de julio.

El cambio legislativo no permitiría, como publicó ABC, la expulsión de los miles de inmigrantes que permanecen en Ceuta de manera irregular y que ya suman 56 días allí. Pero sí pondría coto a una situación muy difícil de controlar y a la que el Gobierno ha respondido, al menos de momento, con la colocación de unas boyas junto al espigón fronterizo, que ya se han desinflado como consecuencia del viento de levante.

Si hay una petición que reiteran en Ceuta y Melilla es el refuerzo urgente de la frontera y que se solucione el vacío legal que evidenció el Tribunal Supremo de cara al futuro. Como el Gobierno –podría hacerlo por real decreto-ley– no ha movido ficha, ni tampoco el PSOE como grupo parlamentario; los populares han decidido llevar el debate al Senado donde tienen mayoría absoluta y pueden darle toda la prioridad. Lo harán el próximo miércoles. Saldrá adelante con los votos del PP, pero está por ver qué posición toman los socialistas. Es una oportunidad para medir si hay intención de llevar a cabo esa reforma. En todo caso, la norma debería ir del Senado al Congreso. Lo que sucede es que son ya decenas de leyes las que el PP aprueba en la Cámara Alta y acaban durmiendo en un cajón.

Lo que el texto de los populares propone está basado en la argumentación de la Abogacía del Estado. De hecho, lo recoge en la exposición de motivos para poner en nuevo aprieto al Gobierno. «No son los argumentos del PP, son los de la Abogacía», justifican en el partido de Feijóo. A cargo de la propuesta está Alma Ezcurra, que ya lo estuvo en la propuesta de julio. El artículo uno propuesto establece que los extranjeros que sean detectados o interceptados en «línea fronteriza terrestre o marítima» —estos serían los términos añadidos— podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España.

En el siguiente artículo la norma insiste en el «respeto» a la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional –también el de la Unión Europea– y hace hincapié en que «se efectuará con pleno respeto del principio de no devolución». Este es un punto clave porque todos los expertos jurídicos insisten en que cualquier reforma debe ser muy respetuosa con todas las normas internacionales. El artículo 3 y último recoge que las solicitudes de protección internacional «se formalizarán en los lugares habilitados al efecto en los pasos fronterizos» y «se tramitarán conforme a lo establecido en la normativa en materia de protección internacional».

Modificar la ley de extranjería requiere la mayoría absoluta. Por eso el acuerdo de mayor viabilidad es el que podrían firmar PP y PSOE para llevarla a cabo, teniendo en cuenta que podría existir ese consenso que en tan pocas ocasiones se escenifica. Fuentes populares insisten en que si el Gobierno aprobara un real decreto-ley con la modificación sus votos estarían encima de la mesa. La cuestión, se preguntan, es por qué no toma la iniciativa. La votación en el Senado puede ser el primer paso para medir la voluntad política.