Vox pide al Supremo que cite a los responsables de consulados bajo sospecha por las inscripciones de la ley de nietos

El escrito fundamenta su petición en una resolución del Portal de Transparencia dictada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación según la cual la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares habría instruido de forma explícita a las oficinas consulares para que aplicasen los criterios fijados en las instrucciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 25 de octubre de 2022 y de 5 de noviembre de 2024. La primera es la que firmó Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes.

Según argumenta Vox, las instrucciones gubernamentales alteran gravemente el espíritu, el procedimiento y el ámbito de aplicación de la ley. En este sentido, recuerdan que en su auto del 10 de septiembre el propio Tribunal Supremo ya advirtió que la interpretación dada por el Ejecutivo «no parece ajustarse al contenido de la propia norma legal que interpreta».

Entre los nuevos hechos aportados al Supremo, el recurso denuncia prácticas arbitrarias en diversas sedes consulares como en el Consulado General de España en Rosario (Argentina). Vox señala que segín revelan distintas informaciones periodísticas, esa oficina consular habría agrupado expedientes de numerosos familiares en torno a un mismo ascendiente español sin exigir la acreditación individualizada de la condición de exiliado. Con este mecanismo de reutilización de documentos, se nacionalizó a decenas de familiares, documentándose el caso de una sola familia en la que obtuvieron el pasaporte español más de 30 personas (entre nietos y bisnietos). El escrito identifica como responsable al cónsul general, Pablo Platas.

La formación apunta que no este patrón no es un hecho aislado y que a él se unen otras supuestas irregularidades en sedes como Caracas (Venezuela), Asunción (Paraguay), La Habana (Cuba) o Buenos Aires (Argentina), esta última con más de 645.000 solicitudes tramitadas a mediados de 2026.

Para determinar el impacto directo que estas concesiones hayan podido tener sobre la elaboración del Censo Español de Residentes Ausentes (CERA), Vox solicita que comparezcan ante el Alto Tribunal la ex directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública Sofía Puente (hermana del ministro de Transportes) y su sucesora; la directora general de Españoles en el Exterior y Asuntos Consulares, Carolina de Manueles Álvarez; el citado Pablo Platas, Cónsul General en Rosario (Argentina), y su antecesor en el cargo; José María Ridao, cónsul General en Buenos Aires (Argentina), y su antecesor en el cargo; así como los titulares de los 10 consulados que concentren el mayor volumen de solicitudes tramitadas al amparo de la ley de nietos.

Con esta diligencia de prueba, la formación busca demostrar que existió una orden ministerial para aplicar de forma sistemática criterios interpretativos que permitieron nacionalizaciones e inscripciones censales manifiestamente ilegales.