Vox reconoce ahora que deberá acoger menores de Ceuta, pero pondrá trabas
Legalmente están obligados a recibirlos. Exigirán pruebas de verificación de edad y que garanticen que Marruecos no ha logrado encontrar a sus familias
Como si de un péndulo se tratase, la polémica por la acogida de menores extranjeros no acompañados acaba regresando a la política nacional cada cierto tiempo. Habitualmente, afecta a PP y Vox por su negativa en los últimos pactos autonómicos en Extremadura, Aragón, Castilla y ... León y Andalucía de recibirlos en sus territorios. Con la crisis en Ceuta, en la que lograron entrar a la ciudad autónoma más de 1.500 chavales, la polémica regresa al día a día de la actualidad política. En todo momento, los de Santiago Abascal han anunciado que rechazarían aceptar la tutela de los menores en las comunidades autónomas donde gobiernan junto al PP, aunque la ley -gracias a un real decreto aprobado en 2025- les obliga a recibirlos siempre que una comunidad autónoma (o ciudad autónoma en este caso) vea superado el 300% de su capacidad de acogida. Ceuta tiene, tan solo, 29 plazas para menores.
José Antonio Fúster, portavoz nacional de Vox, ha exigido este lunes acatar el tratado de devoluciones con Marruecos para que regresen con sus familias. En primer lugar, valorarán «cuántos son menores, qué porcentaje realmente son» y, si se demuestra que son mayores de edad, se les devolverá a «su casa». El 'modus operandi' se basa en descubrir en un primer momento la edad real de los niños. En muchos casos, los supuestos menores tratan de engañar a las autoridades de Extranjería afirmando que tienen menos de 18 años. Si se demuestra que verdaderamente son niños, tratarán de comprobar si se ha intentado que regresen a Marruecos.
Días después de la crisis, el régimen de Mohamed VI anunció que estaba dispuesto a recibir a sus jóvenes de vuelta. «O cumple Marruecos el pacto o rompemos el pacto con ellos», ha sentenciado Fúster.
Según ha publicado 'Cadena Ser', los Ejecutivos liderados por populares y Vox ya han acogido 33 menores provenientes de Ceuta (que ya estaban en el territorio antes de la invasión). Ante esto, Fúster ha recordado que existe un decreto para «obligar» a los territorios a acoger a los niños. Asimismo, ha dudado de la verdadera edad de los chavales que han sido acogidos: «Usted los llama niños y no son niños», ha respondido en rueda de prensa, añadiendo que él conoce la «diferencia entre un niño o un adolescente de 16 o 17 años y un tipo con barba». «Con todo el cariño, váyanse a los centros de menas y miren si nos niños. No les llamen niños, es un error», ha sentenciado.
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Según defienden fuentes cercanas a la dirección del partido, el plan será impulsar «tantos obstáculos y trabajas» para que demuestren que son menores y que han tratado de devolverlos a Marruecos. Creen, también, que esto les dará el tiempo necesario para que no tengan que hacerse cargo de ellos. Algo que, en su opinión, el PP tampoco quiere.
La problemática real de la inmigración en España, según Vox, reside en la propia política que se ha impulsado en el país. «Si tuviésemos una política de inmigración acorde con las necesidades», no se producirían las llegadas masivas. Para Fúster, es «ahora» el momento de modificar la legislación porque habrá «nuevas invasiones, más regularizaciones».
Para Fúster, es «ahora» el momento de modificar la legislación porque habrá «nuevas invasiones, más regularizaciones»
En ninguno de los casos se plantea una ruptura con el PP en los territorios donde gobiernan. «Se han comprometido a rechazarlos», ha valorado Fúster, recordando, de nuevo, que el «interés» de los menores es «estar con su familia» y criarse en su cultura.
Ofensiva parlamentaria
Tras la suspensión por parte del Tribunal Supremo de las inscripciones en el censo electoral de beneficiarios de la 'ley de nietos', los de Abascal han presentado una batería de preguntas en el Congreso de los Diputados para conocer que «criterios» se han dado para garantizar quien cumple los requisitos para ser considerado familiar de un exiliado. Buscan conocer, además, cuantos expedientes de nacionalidad se han amparado a la «instrucción fraudulenta de la hermana de Óscar Puente, Sofía Puente», que rebajaba los criterios para beneficiarse de la norma y cual será el coste de las medidas acordadas por el Supremo.
En total, el Ejecutivo tiene 40 días (20 días más otros 20 de prórroga) para responder por escrito a las preguntas. «Queremos explicaciones», ha comentando finalmente Fúster.