Camino de ilegalización

Las declaraciones del presidente del Gobierno, José María Aznar, tras la audiencia con el Rey, celebrada en el Palacio de Marivent, expresaron el estado de ánimo de la sociedad española frente a ETA y Batasuna. Aznar manifestó sentir una «repugnancia insoportable» por la impunidad que permite a los dirigentes batasunos pasearse tranquilamente por las calles del País Vasco mientras son enterradas las víctimas del terrorismo, como las del último atentado etarra, perpetrado el domingo en Santa Pola. Cuando Aznar dijo que «hasta aquí hemos llegado», estaba pensando en la ley de Partidos Políticos y por eso pidió el respaldo de la sociedad, de todas las instituciones y de las fuerzas democráticas a las iniciativas legales que se tomen para situar a Batasuna fuera de la ley. El atentado de Santa Pola, marcado para siempre por el asesinato de una niña de seis años -el vigésimo niño asesinado por la banda terrorista-, es el primer examen democrático para Batasuna. Hasta ahora, los sucursalistas de ETA han podido exhibir sus vínculos con la banda terrorista sin temor a sufrir ninguna consecuencia legal, más allá de los intentos del Ministerio Fiscal de aplicarles las figuras penales de la apología y de la exaltación del terrorismo, con el frustrante resultado conocido hasta ahora. Sin embargo, la ley de Partidos va a encarecer los apoyos tácitos o difusos a ETA, porque aunque éstos no tengan relevancia penal -bien por falta de pruebas, bien por falta de tipicidad-, sí la tendrán desde el punto de vista constitucional. Apoyar a ETA, cualquiera que sea el lenguaje, la intensidad o la ocasión del apoyo, no puede ni debe salir gratis. Por eso, las declaraciones de Aznar no fueron un desahogo visceral ni una fuga emotiva. Sus palabras reflejan el déficit acumulado por la democracia española a causa de la tolerancia practicada con los entramados políticos de ETA, un déficit que se debe corregir de forma contundente y radical a través de la ley de Partidos.

Batasuna ha dado el primer paso en el camino de su ilegalización por inconstitucionalidad. La vía penal sigue abierta en manos del juez Garzón y ambas son perfectamente compatibles. Ese primer paso ha sido la negativa a condenar el atentado de Santa Pola, lo que, por sí solo, no es suficiente para poner en marcha el proceso de disolución que prevé la ley de Partidos, porque esta norma exige que las conductas inconstitucionales sean, además de graves, reiteradas. Pero aunque no sea suficiente, ya es el primer hecho cometido bajo la nueva ley e indicativo de una actitud antidemocrática que ha de ser sancionada legalmente. Queda, por tanto, menos para llegar a esa reiteración que pide la ley de Partidos y ETA va a dar ocasiones suficientes para que Batasuna siga acreditando su vinculación umbilical con la banda terrorista. Lo lamentable es que Batasuna no va a estar sola a la hora de defenderse. Con los asesinados en Santa Pola sobre la mesa y el silencio atronador de la formación proetarra, el nacionalismo vasco tiene motivos para reflexionar si fue políticamente oportuna y éticamente admisible la campaña desarrollada contra la ley de Partidos en el Parlamento y en los Ayuntamientos vascos. En ausencia de atentados, era fácil vestir esas iniciativas con ropajes democráticos, tales como el lema de la manifestación de Bilbao contra la ley de Partidos -«Todos los proyectos. Todas las personas. Todas las ideas»-, pero tras el brutal doble asesinato del domingo en Santa Pola, las declaraciones de los dirigentes del PNV contra dicha ley se han convertido en una coartada para proteger la complicidad de Batasuna con ETA. Ayer mismo, un consejero del ejecutivo vasco manifestó que no podía utilizarse la negativa de Batasuna a condenar el atentado como un motivo de ilegalización. Aparte de que tal opinión se anticipa a los acontecimientos, resulta decepcionante que un gobernante elegido democráticamente no defienda la existencia de un deber democrático de condenar la violencia y, por tanto, de un correlativo derecho del Estado a sancionar el incumplimiento de ese deber por la vía adecuada y con las consecuencias proporcionadas a la gravedad del hecho. Si la democracia es el sistema que se basa en la prohibición absoluta de la violencia para la defensa de las ideas, su rechazo explícito es una conducta justamente exigible a toda formación política. No puede permanecer en el juego democrático quien guarda silencio ante el terrorismo, porque frente a la violencia no caben ambigüedades. La no condena de la violencia terrorista no es un ejercicio lícito de la libertad de expresión, como a veces se ha dicho, sino una expresión intolerable de la falta de aprecio por la vida y las libertades ajenas.

La aplicación de la ley de Partidos no está exenta de problemas jurídicos, algo inevitable en una norma que regula los supuestos de expulsión de un partido político del recinto democrático. Tampoco sería prudente trasladar en bruto a los tribunales las mismas percepciones políticas y sociales sobre la vinculación de Batasuna con ETA sin un depurado inventario histórico de las conexiones entre una y otra y sin un encaje preciso de éstas en los supuestos de la ley. Pero nada de esto representa un problema insuperable si a la voluntad firme de aplicar la ley se une la paciencia suficiente para armar una demanda de ilegalización sólida y bien fundada. Las ansias de justicia no deben conducir a la precipitación.