Garzón

El juez puso una X en la cúspide del GAL, en la instrucción del proceso a Amedo y Domínguez, ha demostrado, después de cuatro años de investigaciones, que Batasuna es ETA, como lo es todo el entramado de organizaciones paralelas. Tanto en un caso como en otro, Garzón aparece como un profesional que empeña todos sus recursos, incluida la seguridad personal, en la defensa del Estado de Derecho. Para él, es irrelevante que el violador de la ley pertenezca al aparato mismo del Estado o que sea el organizador de la subversión contra éste.

Yo no sé si, como dicen algunos, el juez Garzón se mueve por un desmedido afán de notoriedad. En todo caso, eso tendría que ver con la explicación de su personalidad pero en absoluto con los intereses de la sociedad y con los imperativos de la Justicia. Puestos a movernos en el plano de las sospechas y del psicologismo, habría que entrar también en las claves del comportamiento de los magistrados que militan en la pasividad ante el terrorismo y que podrían ir desde la cobardía a (lo que aún sería más grave) ciertas inconfesables connivencias ideológicas con los independentistas.

Garzón está salvando el honor de la magistratura del mismo modo que la están deshonrando todos aquellos magistrados que, para condenar a determinados miembros de Batasuna, necesitan comprobar que llevan el carné de ETA en la boca. Porque la existencia de Batasuna después de dos décadas (HB, EH) no sólo se explica por los complejos de nuestra sociedad neodemocrática y por la confusión entre libertad de pensamiento y subversión organizada de muchos de nuestros pensadores, periodistas y políticos sino por ese estado de perplejidad moral tan característico del llamado poder judicial y que tan poco poderoso se muestra con los partidarios del Terror.

Quizá por todo esto, los nacionalistas vascos han querido siempre que la ilegalización de Batasuna quedara en manos de los jueces. Hasta que ha llegado un juez que ha decidido «suspender» las actividades de esta ETA travestida, de tal manera que ya nadie podrá confiar en la posibilidad de dilatar, entorpecer y retrasar los mecanismos de la ilegalización hasta después de las elecciones municipales vascas. Tampoco el pasado de Batasuna quedará impune.

La acusación de personalismo, que se ha hecho como frecuencia a Garzón, se viene abajo en esta ocasión. Desde el primer momento apoyó la ley de Partidos. Suya es la recomendación: «aplíquese ya; las leyes no se hacen para exhibirlas en las estanterías de las bibliotecas». Para él no hay contradicción entre la ley de Partidos y la vía judicial: la suspensión sería el heraldo de la ilegalización. Como escribía ayer el editorialista de ABC, la iniciativa de Garzón es la culminación de la estrategia estatal, decidida a apurar todos los resortes legales para poner fin al terrorismo.

El poder judicial, el más terrible según Montesquieu, ha dado el salto que no esperaban los nacionalistas: ha pasado de juzgar a individualidades a la persecución de la organización, del «partido». Si éste puede conseguir subvenciones ¿por qué no, recibir sanciones? Si puede ser autorizado para actuar ¿por qué no puede ser desautorizado?

Dicen algunos -y yo he llegado a sospecharlo- que Baltasar Garzón necesita alimentar el ego constantemente, que está en la carrera transnacional, que aspira al Nobel, que busca una salida brillante en un hipotético tribunal internacional... No podemos asegurarlo. En cambio sí podemos afirmar con toda rotundidad que su contribución arriesgada, siempre en el filo de la navaja, es para la sociedad española promesa de paz y seguridad.