Seguridad y privacidad

Un «grupo técnico» del Consejo de Ministros de la UE discutirá el mes próximo la creación de registros de todas las comunicaciones realizadas en un período de entre uno y dos años y a los que tendrían acceso las Fuerzas de Seguridad cuando investiguen delitos como el terrorismo, el narcotráfico, el blanqueo de dinero o el tráfico de seres humanos. La iniciativa empezó a gestarse tras el 11-S, pero sale ahora a la luz pública y viene de la mano del debate del derecho a la intimidad, la privacidad de las comunicaciones y la lucha contra el crimen. Conjugar estos conceptos será complicado. El grupo técnico habrá de tener sumo cuidado y tomar todas las cautelas legales precisas para que el asunto no sea entendido como un retroceso en un bien esencial (la privacidad). El siguiente obstáculo es el coste añadido de ese almacenaje y la creación de unos protocolos de seguridad que protejan esa información de cualquier vulneración y de la infliltración de terceros.

La UE dispone desde 1997 de una directiva que defiende el carácter privado de las telecomunicaciones y prohíbe la retención de datos. Su posible enmienda suscitó recientemente un fuerte debate en el Parlamento Europeo. Mientras, los titulares de Justicia e Interior de los Quince preparaban discretamente un acuerdo marco para obligar a los operadores de telefonía e Internet a crear esos registros accesibles a la Policía, paraguas bajo el cual se dictarían luego normas nacionales. Su adopción no precisa la aprobación de la CE ni de la Eurocámara.

La posibilidad de que la Policía rastree el correo electrónico, las llamadas de teléfono o el fax es objeto de regulaciones muy diversas en los países de la UE. La norma que se discutirá en Bruselas haría obligatorios esos registros, aunque siempre bajo una orden judicial para el acceso.

La cooperación europea en la lucha contra el terrorismo, reclamada desde hacía años por España, no registró avances determinantes el 11-S, como la orden europea de detención y entrega, el embargo preventivo de bienes y las listas de terroristas y colaboradores. En este contexto, un debate abierto sobre la privacidad de las comunicaciones era ineludible y preferible a la opacidad y la dispersión actual de reglas y procedimientos en una Unión que proclama su voluntad de luchar como tal contra las amenazas a su seguridad transnacionales. Por ello, la CE y la Eurocámara deberían haber sido asociadas a esta iniciativa.