Cuba, cinco años perdidos

Nada impedía que hace cinco años, como respuesta a las protestas, el gobierno cubano hubiera puesto en marcha el paquete de 176 medidas económicas que, según asegura, van a permitir a la isla salir del colapso en el que se encuentra. En realidad, tampoco las hubiera aprobado ahora si no es por la presión de Estados Unidos, aparte de que está por ver que esas medidas, aplicadas de modo estrecho por falta de convencimiento, vayan a constituir el alivio que necesita los cubanos.

El 11 de julio de 2021 el hartazgo de la población provocó masivas manifestaciones que el régimen sofocó con una fuerte represión. Diez años antes, en 2011, el Partido Comunista de Cuba había aprobado el plan de «actualización» económica que había ideado Raúl Castro después de que en 2008 sustituyera a su hermano Fidel al frente del país. Ese plan nunca se ejecutó en serio; primó el miedo a una apertura que cuestionara el papel rector del PCC y los privilegios financieros de los gerifaltes y del Ejército. En este tiempo el sistema ha ido abriendo alguna rendija –el cuentapropismo, la posibilidad de crear empresas de hasta cien empleados, una mayor simplificación cambiaria–, pero al final el problema siempre es el mismo: reformas a medias que precisamente por sus restricciones pierden toda eficacia. Es cierto que las trabas que históricamente ha impuesto el embargo estadounidense no ayudan, pero tampoco obstruyen el camino.

El nuevo paquete contempla movimientos de importación y exportación sin la intermediación del Estado, autorización para la apertura de bancos privados, posibilidad de inversiones por parte de cubanos en el exterior, establecimiento de cadenas extranjeras de comida rápida, supresión del subsidio universal, apertura de cuentas bancarias en divisas sin autorización previa y ampliación de las operaciones en divisas, entre otras medidas.

Pero esto puede quedar en una mera lista de buenas intenciones si a esa apertura le falta convicción y liderazgo. Ya se ha visto que lo primero ha sido la habitual hasta ahora, y lo segundo se está poniendo también de manifiesto: ¿quién manda en Cuba? La interlocución con la Administración Trump la está llevando Raúl Guillermo Rodríguez Castro, quien no forma parte del Gobierno ni tiene ningún cargo público de relevancia. Como nieto de Raúl Castro, responde ante este y no ante el presidente del país, Miguel Díaz Canel, ni ante el comité central del PCC. Su falta de sensibilidad hacia los problemas de los cubanos (las explicaciones dadas por su tren de vida y gasto personal resultan grotescas) evidencia la ausencia de un sincero afán de ganarse a la población.

Para una dirección política que finge, la falta de prisa democrática de la Administración Trump en Venezuela puede convertirse en un aliciente. Si Washington hubiera impuesto un cronograma electoral a Delcy Rodríguez, en La Habana serían más reacios a ceder ante las presiones estadounidenses, pero sin ni siquiera el doble terremoto sufrido por los venezolanos y el colapso del estado chavista ha llevado a Trump a permitir el regreso al país de la opositora María Corina Machado, ¿por qué el castrismo debería temer ver perjudicados sus intereses?

La cuestión cubana y la venezolana van de la mano. Lo han ido en los últimos casi treinta años y así siguen. El chavismo sostuvo a un castrismo hundido financieramente tras la caída de la URSS, y un 'chavismo' reconfigurado y garantizado por Trump podría servir de argumento para un castrismo con esa misma variante.