Aviso a concertados

El artículo 25 es el actual artículo 27, y esta advertencia, como otras de la época, adquiere ahora, pasadas las décadas y herido el «consenso», pleno sentido.

«Zetapeado», debilitado aquel consenso, nos va quedando la Constitución y la jurisprudencia del Constitucional, a la que se agarró –de forma selectiva– la ministra Celaá para levantar los murmullos del Congreso de Escuelas Católicas. Vino a decir allí que la libertad de enseñanza que consagra el mencionado artículo no comprende el derecho de los padres a elegir centro o a elegir enseñanza religiosa. Esos derechos existirán, matizó, pero no están incluidos en ese fundamental artículo 27.

Eludiendo el debate jurídico, que nos excede, es evidente que la cuestión ni siquiera se reduce al reconocimiento de la libertad, sino a la voluntad estatal de apoyarla, de hacerla posible. Si hay que pagar íntegra la educación religiosa, sólo podrán recibirla los hijos de los ministros socialistas –como, por otra parte, ya sucede–.

Entre el lapsus y el aviso, y en un clima de canguelo ideológico ante la inminencia de un gobierno con asomos de izquierda caribeña, estas palabras invitan a la inquietud sobre el futuro de la educación concertada. También refrescan, para quien la hubiera olvidado, la aspiración de la izquierda: una única educación de Estado donde el niño sea formado en el espíritu nacional de las leyes ideológicas, sin crucifijo, sin idea de Dios y en la igualación entristecedora de la vida; con el Progreso y el Estado como únicos horizontes en el caldo de cultivo del rencor social, mientras los hijos de los ricos, ellos sí, aprenden robótica, chino mandarín y qué son los Evangelios.