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El burka no es libertad religiosa

Cuesta aún entender cómo los que se erigen en defensores de la mujer permiten, en nombre de la libertad religiosa, el sometimiento de esta

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Mujeres con velo transitan por una calle de Tarragona
Editorial

El Ayuntamiento de Lérida ha regulado el uso del burka y el 'niqab' en los espacios públicos del municipio, con los votos a favor del PSC, Junts y Vox y el rechazo del PP, que considera un brindis al sol electoral una normativa que, por afectar a un derecho fundamental, escapa a las competencias municipales. Es el Congreso, donde PP, Vox y Junts han presentado varias iniciativas que el bloque de izquierdas ha paralizado de forma sistemática, a quien corresponde eliminar o limitar un símbolo de la sumisión de la mujer que predica el islam. Cuesta aún entender cómo los que se erigen en defensores de la mujer permiten, en nombre de la libertad religiosa, el sometimiento de esta. Ni un burka ni un 'niqab' entran dentro de la libertad religiosa a la que tiene derecho cualquier ciudadano, sin temor a ser discriminado. Una cosa muy distinta es el sometimiento de la mujer, oculta bajo la tela y ninguneada por un sistema en el que no cabe la posibilidad de que esa decisión se tome en perfecta libertad y sin tutelas.

Entre las incoherencias de la izquierda se cuenta cómo critica la institución del matrimonio cristiano y la familia tradicional por suponer un yugo para la mujer, pero, en cambio, aplaude como muestra de diversidad el uso de una prenda que cubre a la mujer por completo y la anula visual, moral y religiosamente. Largas han sido las discusiones sobre si la moda occidental o determinadas formas de vestir oprimían a las mujeres, y esos debates los promovían precisamente quienes ahora miran para otro lado ante el uso de un burka.

Para entender la decisión del PSC no se puede ignorar la cercanía de las elecciones en Cataluña, el auge de Aliança Catalana y un sentimiento generalizado, incluso entre los propios votantes de la izquierda, de temor ante una inmigración que, en determinados casos, pretende implantar en nuestra comunidad un sistema de valores contrario al nuestro. Los socialistas catalanes se ven aquí obligados a caerse del caballo de la realidad que vive el Ayuntamiento de Lérida y todas las instituciones que están a pie de calle y no vuelan en vaporosas teorías sobre la diversidad, tan del gusto de los partidos de izquierda. Asistimos aquí a un choque entre los intereses nacionales y locales de un Partido Socialista que, bien dotado para la incoherencia, se enreda por atraer a escala nacional a los votantes inmigrantes, muchos de ellos recién regularizados, y por otra parte debe satisfacer a sus electores locales, que acusan el cansancio ante un fenómeno desordenado, que crea problemas de convivencia y que sienten que desdibuja los perfiles de sus comunidades. Por supuesto, para el Partido Socialista, los votantes a los que atiende esta decisión del Ayuntamiento de Lérida, aquellos que no quieren ver mujeres cubiertas por las calles de sus municipios, no son peligrosos racistas, xenófobos y ultraderechistas, pues atienden a contradicciones que ellos mismos no perdonan en otros partidos.

El choque entre algunas costumbres y herencias culturales de determinados grupos de inmigrantes y una sociedad abierta de tradición cristiana, como la nuestra, comenzará en adelante a provocar fricciones que necesitan de un criterio de los grandes partidos que vaya más allá de la cortedad de miras de sus pequeñas estrategias electorales.

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