Regularizar sin reglas

La regularización de inmigrantes no es, en sí misma, una anomalía en la política española. Desde 1986 se han sucedido distintos procesos extraordinarios para aflorar bolsas de economía sumergida y dar seguridad jurídica a quienes se han integrado en la sociedad. Pero la excepcionalidad exige rigor, diagnóstico y consenso. Y es precisamente en estos ámbitos donde la iniciativa actual suscita dudas. El propio decreto ha sido objeto de rectificaciones, tras las advertencias del Consejo de Estado, particularmente en lo relativo a la acreditación de antecedentes penales y a las garantías del procedimiento.

También es muy significativa la magnitud del proceso –en torno a medio millón de personas–, que contrasta con la evolución reciente de los flujos regulares. España ha concedido más de 1,4 millones de permisos de residencia inicial entre 2022 y 2024, muy por encima de los promedios anteriores a la pandemia. Es decir, el sistema ordinario ha funcionado con una intensidad inédita, lo que debilita la tesis de una supuesta insuficiencia en los canales legales de entrada. Si no existe un bloqueo en la inmigración regular, cabe preguntarse qué justifica una medida extraordinaria de este alcance.

La respuesta no parece encontrarse en una estrategia de Estado, sino en la lógica política de Pedro Sánchez de buscar el beneficio propio. La regularización le permite, como escriben sus exégetas, proyectar una imagen internacional de apertura y liderazgo moral en materia migratoria, plasmada en su nueva carta a la ciudadanía. Pero esa narrativa, legítima en el plano discursivo, no sustituye la necesidad de una planificación económica y social. Porque regularizar no es solo otorgar papeles: implica integrar en el mercado laboral, garantizar acceso a servicios públicos y evitar tensiones en ámbitos ya sometidos a presión, como la sanidad, la educación o la vivienda.

La ausencia de un plan detallado al respecto resulta especialmente preocupante. No se ha explicado cómo se absorberá esta población en el tejido productivo (no se exige contrato de trabajo), ni qué impacto tendrá en las cuentas públicas, ni cómo se coordinarán las administraciones territoriales. Tampoco se ha promovido un debate parlamentario que permita incorporar sensibilidades políticas diversas y reforzar la legitimidad de una decisión de gran calado. España necesita una política migratoria ordenada, previsible y basada en la legalidad. Eso implica reforzar los cauces regulares, combatir la inmigración ilegal y diseñar mecanismos de integración realistas. Nada de esto se aprecia con suficiente nitidez en la decisión adoptada. Convertir una medida compleja en un eslogan –«papeles para todos»– no solo empobrece el debate, sino que erosiona la confianza en las instituciones y alimenta la polarización.