El miedo como programa de Gobierno

Recuerdo mi infancia y adolescencia, en la que cada convocatoria electoral se agitaba con el fantasma de la derecha, la derechona, los de los apellidos largos, que con tanta gracia repetía una y otra vez Alfonso Guerra. Aquella frase, pronunciada en los años ochenta y también en los noventa, amenazaba con hacer irreconocible España en cien días si había cambio de gobierno. Era una 'boutade' de campaña, un exceso retórico que, como digo, se afirmaba incluso con sonrisa en no pocas ocasiones. Pero tenía, eso sí, un límite implícito, pues apuntaba a un adversario político concreto, dentro de las reglas del juego democrático.

Cuarenta años después, el mecanismo sigue vivo, pero ha mutado. Ya no se trata de advertir sobre un gobierno alternativo, sino de negarle legitimidad democrática al adversario. La derecha ya no es una opción de gobierno discutible.

Para el actual Ejecutivo y todo su entramado político, administrativo y mediático, es ni más ni menos que «la amenaza a la democracia». Y frente a una amenaza existencial, cualquier otra consideración, como la corrupción, la gestión, el desgaste institucional, el deterioro de los servicios públicos o la marcha de miles de jóvenes del país, pasa a ser algo secundario.

Conviene detenerse en el salto cualitativo. Guerra hablaba de políticas, lo recuerdo bien en sus mítines. El discurso actual, en cambio, habla de supervivencia del régimen. No es lo mismo prometer que no se van a reconocer ciertas leyes o derogar determinados programas que sostener, como se sostiene hoy con machacona insistencia, que la alternancia misma pone en riesgo el sistema. El primero es un argumento político, por hiperbólico o propagandístico que fuera. El segundo es un corte antipolítico, pues sitúa al Gobierno como último dique de contención frente al abismo y convierte cualquier voto opositor en un acto de imprudencia colectiva, cuando no de complicidad moral. Esto no es admisible y debe denunciarse con toda firmeza.

Este relato o marco argumental cumple una función muy precisa, y no es casualidad que se intensifique justo cuando arrecian los frentes judiciales, la fatiga de gestión, el desgaste de una legislatura que se sostiene por aritméticas cada vez más forzadas y hasta una invasión de parte del territorio nacional. El miedo, en política, es barato de producir y rentable de administrar, porque no exige explicar por qué suben los precios, ni por qué se acumulan los sumarios en los juzgados, ni por qué los socios de investidura cobran peajes crecientes. Exige, simplemente, mantener la atención fija en el enemigo exterior. Cuanto más oscuro se pinte ese enemigo, menos luz queda para el balance de gestión.

No es un fenómeno exclusivamente español. Italia ofrece un espejo muy ilustrativo. Durante años, la izquierda europea auguró el fin de las libertades civiles si Meloni llegaba al palacio Chigi. La profecía, contrastada con la realidad de una gestión convencional dentro de los márgenes atlantistas y comunitarios, se ha ido desinflando artículo a artículo en la prensa que más la sostuvo.

Francia ha vivido su propia versión con el cordón sanitario contra Le Pen, sostenido más por aritmética parlamentaria que por convicción, y cada vez más cuestionado por una parte del electorado, que empieza a percibir el frente republicano como una forma de bloquear resultados electorales incómodos antes que de defender principios. EE.UU., con su retórica de la amenaza a la democracia, aplicada primero a Trump y ahora, con roles invertidos, a sus adversarios, ha mostrado hasta qué punto ese lenguaje se desgasta por sobreuso. Es decir, como ya se viene advirtiendo, cuando todo es fascismo inminente, nada lo es del todo, y el elector o gran parte del electorado deja de escuchar.

El segundo elemento de la ecuación, menos comentado que el primero, es el del voto cautivo institucional. Es ese bloque de electores cuya opción no responde tanto a convicción ideológica como a dependencia estructural del 'statu quo'. Empleo público en expansión constante, subvenciones a entidades afines, medios de comunicación sostenidos con publicidad institucional, entramados autonómicos y locales que multiplican los puestos de designación política, ayudas, bonos, incentivos, nacionalizaciones masivas con ampliaciones desproporcionadas del censo… Todo ello configura un electorado con incentivos materiales directos para que nada cambie, al margen de cómo valore la gestión general. No hace falta apelar a la coacción para explicar este fenómeno, basta el interés racional bien entendido. Pero conviene nombrarlo, porque los analistas electorales lo integran en sus modelos con la misma naturalidad con que hablan del voto rural o del voto joven, mientras el debate público prefiere ignorarlo por incómodo.

La combinación de ambos factores, el miedo como cortina y la dependencia como cimiento, explica buena parte de la resiliencia electoral de gobiernos que, en circunstancias de escrutinio más frío, difícilmente resistirían el desgaste acumulado.

No es una anomalía española. Portugal ha visto episodios similares con la persistencia de mayorías socialistas pese a escándalos sucesivos; Alemania sostuvo durante años coaliciones incómodas apelando al muro contra la extrema derecha antes de que el propio electorado forzara una recomposición. Ahora ya sugieren incluso ilegalizar al partido líder en las encuestas. La diferencia española es de grado, no de naturaleza. En nuestro caso, aquí el relato del miedo se ha vuelto omnipresente hasta ocupar el espacio que antes correspondía al debate sobre políticas concretas.

Lo peligroso de este mecanismo no es solo su eficacia táctica, sino su coste institucional. Digo y subrayo esto para los ortodoxos de la institucionalidad. Porque cuando toda alternancia se presenta como catástrofe, se erosiona la premisa básica de la democracia, es decir, que el poder cambia de manos sin que ello suponga el fin de nada y porque, constitucionalmente, es legítimo un cambio radical de gobierno y de orientación política, no hay nada anómalo ni extravagante. No estamos condenados a ser socialistas ni a convertir el país en una ONG al servicio de una nueva clase dominante.

En resumen, el maestro Escohotado nos recordó que la verdad se defiende sola y la mentira necesita la ayuda del Gobierno. Convertir cada elección en un plebiscito sobre la supervivencia del sistema, que es la gran mentira, no fortalece la democracia frente a sus enemigos reales, sino que la debilita, porque acostumbra al ciudadano a una excepcionalidad permanente que termina por vaciar de sentido no pocos principios constitucionales y hasta la propia dinámica de un sistema democrático. Y esa es, quizá, la ironía final, porque quienes más invocan la defensa de la democracia son, con frecuencia, los que más contribuyen a desgastar su funcionamiento ordinario. Tal y como estamos viendo, y sufriendo.