La excepción y la regla

El problema de los inmigrantes ilegales encerrados en la Universidad Pablo de Olavide se puede solucionar de estas tres formas, y todas son malas. A saber:

1. Sacándolos de allí, velis nolis, a través de la fuerza si menester fuera, y depositándolos en un avión camino de sus países de origen, dado que la mayoría de ellos proceden de Marruecos y Argelia, con los que existen tratados de repatriación.

2. Negociando una regularización progresiva o simultánea, dándoles los papeles que piden e incorporándolos al mercado de trabajo, en principio como demandantes, porque de momento no van a encontrar empleo.

3. Dejándolos donde están, bien provistos de comida, víveres y equipamiento higiénico, hasta que se aburran y vuelvan a desperdigarse, o hasta que quienes los han llevado allí -porque los han llevado, de eso no cabe ninguna duda- encuentren otro frente más adecuado para acosar al Gobierno.

De las tres soluciones, la primera es absolutamente indeseable por razones políticas y humanitarias, y además el Gobierno no va a intervenir si no lo pide la Universidad, pero es la que más se aproxima al cumplimiento de la ley. La segunda es la que desean los encerrados y las organizaciones de acogida, pero constituye un chantaje en toda regla y discrimina a quienes son expulsados cada día por entrada ilegal en España. Y la tercera constituye un ejercicio de cinismo político, pero es probablemente la que el Gobierno va a adoptar, al menos hasta que pasen la huelga y la cumbre y descienda un poco la crispación artificial con que se está envolviendo la cuenta atrás de ese fin de semana tan crucial como tenso.

En todo caso, cualquiera que sea el desenlace de este problema, la cuestión de fondo va a seguir intacta. La cuestión de fondo consiste en decidir si una persona puede entrar sin documentación en un país extranjero para buscar trabajo, y obtener ambas cosas, o una de las dos. Por el momento, el orden jurídico europeo tiene una respuesta negativa a esa pregunta, y parece que el horizonte apunta a un panorama todavía más restrictivo, bajo la evidente filosofía de que no hay sitio para todos. Lo que pasa es que esta clase de encierros ponen en primer plano el problema humanitario, que afecta a la sensibilidad colectiva, pero los gobiernos tienen la obligación de atender al marco legal por encima de situaciones puntuales.

Se trata de un dilema tan complejo que dos personas de la probada honestidad y buen talante como los Defensores del Pueblo de España y de Andalucía, Enrique Múgica y José Chamizo, mantienen al respecto actitudes completamente divergentes. Múgica apuesta por cumplir la ley, es decir, negar los papeles a los inmigrantes y deportarlos, mientras Chamizo quiere encontrar una vía para regularizarlos, y de su tesón y buen hacer cabe incluso esperar que acabe hallándola.

Lo más antipático del asunto es que es bastante probable que, si hubiera que resolverlo según el criterio de la mayoría social, ésta fuese favorable a la deportación. En estos momentos se da la paradoja de que son las capas más acomodadas de la sociedad española las más abiertas ideológicamente a la acogida sin trabas de la inmigración, mientras que los sectores populares se muestran bastante refractarios al fenómeno porque son los que más cerca están del drama de la marginación y los enfrentamientos culturales que supone la presencia de contingentes de mano de obra extranjera.

La política consiste en encontrar soluciones, y el encierro de la Olavide necesita una salida política. Entre cumplir la ley a rajatabla y convertirla en papel mojado quizá haya un espacio de entendimiento que preserve lo esencial y pase sobre lo accesorio. La evidencia práctica de que no puede pasar todo el que desee hacerlo acaso contenga en sí misma una excepción de generosidad...siempre que la excepción no acabe convertida en regla.

icamacho@abc.es