Gilismo sin guayabera

Durante la recta final del pasado mandato municipal, el de la Alcaldía de Soledad Becerril, la Gerencia de Urbanismo acometió a cencerros tapados una cadena de recalificaciones de suelo -fundamentalmente industrial- al margen del Plan General que determinaron de forma decisiva el sesgo político de lo que había venido siendo una gestión equilibrada.

La sombra de los convenios bilaterales como fórmula para eludir el planeamiento en curso y soslayar el control por parte de la Corporación de operaciones urbanísticas de relieve y con grandes plusvalías ha maculado desde entonces la gestión de los andalucistas en Urbanismo, un área que han dominado en la última década hasta el punto de haberse convertido en los verdaderos artífices de la ciudad física más reciente. En el presente mandato, esta gestión había cobrado un tono sensiblemente más racional, conscientes los dirigentes del PA del aura de mercantilismo político que les había procurado su permeabilidad recalificatoria, sobre la que cayeron en su momento serias sospechas de conexión con los mecanismos financieros de la campaña electoral de Rojas Marcos.

CONVENIOS Y PRIVATIZACIONES.Todo indica, sin embargo, que estamos, a poco más de un año de las elecciones locales, ante otro proceso de confusas y aceleradas gestiones de dudosa transparencia en las áreas bajo control andalucista. Las recalificaciones de los suelos propiedad del Sevilla y el Betis; la oleada de privatizaciones de piscinas y concesiones municipales o el empeño en la construcción -igualmente privada- del centro comercial de la Encarnación y el aparcamiento de la Alameda; la intención de obviar el quisquilloso control de la Junta de Andalucía en la tramitación del proyecto de Puerto Triana, junto a otras ideas recién surgidas en el entorno de Urbanismo, como la posible recalificación de suelo para usos residenciales ¡en la Cartuja!, aparecen como episodios concatenados de una cuando menos dudosa forma de administrar la ciudad.

Todas estas actuaciones poseen varios inquietantes denominadores comunes. En primer lugar, su adscripción a áreas de gobierno controladas por el Partido Andalucista. En segundo término, su concepción en forma de negociaciones bilaterales entre los responsables de estas áreas y los beneficiarios de los acuerdos resultantes. En tercer orden, la contradicción, sobre todo en los casos que pertenecen al ámbito urbanístico, con la política general en curso, y su tramitación o resolución al margen o en paralelo al Plan General. La sospecha de una gestión municipal «a la carta», en la que algunos ciudadanos se sirven el menú administrativo a su antojo a cambio de contrapartidas dudosamente beneficiosas para los intereses comunes, es demasiado obvia para no tomarla en consideración.

INTERESES PRIVADOS. Este tipo de procedimientos bilaterales tiene un nefasto precedente cercano: la gestión que impuso en el Ayuntamiento de Marbella el alcalde Jesús Gil, finalmente desautorizado en los tribunales tras una década de desafueros. Por más que el estilo político de Gil, torpe, soez y atropellado, parezca lejano de las maneras civilizadas y respetuosas con la ley de los andalucistas sevillanos, el fondo ético de sus actuaciones es como mínimo igualmente discutible: se trata de una gestión municipal que excluye el debate corporativo para sustituirlo por un subterfugio bilateral de negociación entre representantes institucionales e intereses privados.

Evidentemente, como no podía ser de otra manera, la gestión andalucista en Sevilla es mucho más refinada políticamente que el atrabiliario simulacro legal perpetrado por el gilismo en Marbella. No deja, sin embargo, de resultar inquietante la repetición de mecanismos soslayadores del interés público en la recta final del mandato corporativo. La sombra de las recalificaciones del 98 y el 99, proyectada ahora en nuevos cambios de uso urbanísticos y privatizaciones de instalaciones municipales, deja un amargo sabor de supeditación del interés público a acuerdos privados con contrapartidas discutibles.

El gilismo no es sólo un régimen bananero presidido por pintorescos próceres en guayabera; se puede ejercitar su confusa filosofía privatizadora desde la respetable apariencia de trajes bien cortados, atractivos discursos populistas y una práctica política que disfraza de eficacia lo que sólo son atajos al margen de la transparencia.