Que no se las den

Los políticos no lo van a decir, y menos los socialistas, que son sus socios de gobierno en la Junta y dependen de ellos para vivir sin sobresaltos acostados en el colchón presupuestario de los tres billones (diecinueve mil millones de euros, aunque dicho así se entiende peor), pero todo el mundo sabe que acceder a esa petición de los andalucistas para gestionar competencias urbanísticas desde la Consejería de Turismo equivaldría a colocar a la zorra al cuidado del gallinero. No se trata de una presunción de deshonestidad sobre nadie, sino de la simple constatación de la experiencia. Allá donde este pequeño partido, cada vez más desideologizado y entregado al vivaqueo oportunista del pesebre, ha logrado asumir la gestión del diseño urbanístico o territorial, se han producido episodios como mínimo polémicos, cuando no directamente indeseables. El que tenga dudas, que repase la historia reciente de Sevilla, por no ir más lejos.

Con ese precedente, la propuesta del consejero Ortega no ofrece, sencillamente, una confianza razonable. El PSOE ha dicho que nones, lo que merece de momento un suspiro de alivio, a la espera de que Chaves no cambie de parecer por cuestiones de estabilidad o confort. Y ya es lástima que haya que confiar en el criterio de una Junta que ha permitido, y hasta auspiciado, una brutal y creciente depredación del medio ambiente y el territorio andaluz, inédita desde los tiempos del desarrollismo tardofranquista.

El rector de la Universidad Internacional de Andalucía, Martín Delgado, que no es sospechoso en tanto fue consejero del Gobierno de Chaves, acaba de denunciar públicamente el uso de la actividad urbanística como «instrumento de financiación». Política, se entiende. Se puede decir más alto, pero no más claro. Esto no es siquiera un secreto a voces; es una realidad consagrada, un hecho incontrastable, del que por desgracia es difícil desligar a ninguno de los partidos que alcanzan responsabilidades de poder. En los últimos años, la gestión pública ha sido degradada por autoridades codiciosas que han descubierto en la política una caja registradora, y en el lápiz de los urbanistas una troqueladora de billetes de curso legal.

El gran debate de la administración moderna, en comunidades como Andalucía, de gran peso terciario, consiste en la compatibilidad entre desarrollo urbanístico y equilibrio territorial y ambiental. Se trata de un debate político, pero también de una cuestión moral, por cuanto afecta a la integridad ética de la vida pública. La rápida generación de plusvalías se ha convertido en una tentación colectiva, que corrompe a muchos representantes populares, degrada el patrimonio colectivo y surte de fondos oscuros la bolsa de unos partidos que cada vez gastan más sin generar más ingresos.

Cuando se observa el constante despliegue de las campañas electorales, el crecimiento de los aparatos orgánicos de las fuerzas políticas y la multiplicación de liberados al amparo de las estructuras partidistas, es imposible hallar una explicación racional que sostenga ese inmenso gasto sobre los fondos de unas organizaciones anquilosadas cuyos militantes apegan pagan cuotas y cuyos ingresos legales están perfectamente regulados por ley. Sólo la contemplación simultánea de frecuentes operaciones inmobiliarias poco transparentes, generadoras de rápidos beneficios millonarios y urdidas bajo el amparo de las instituciones, ofrece un complemento de sospecha que apunta hacia un estado de cosas sumergido en una inquietante venalidad.

En este panorama, la demanda de competencias urbanísticas autonómicas por un pequeño partido especializado en rebañar en beneficio propio parcelas de poder obtenidas mediante alianzas de conveniencia, constituye un serio motivo de escándalo por la propia diafanidad del planteamiento y de sus intenciones. El «modelo Gil» ha hecho fortuna en un escenario público degradado por falta de controles legales y de responsabilidad moral. Ponerle coto a este desafuero constituye una exigencia de regeneración elemental, pero mientras se logra, por lo menos cabe esperar que nadie acceda a incrementarlo.

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