«En Minas de Río Tinto se vive un clima similar al del País Vasco». Así de tajante se muestra el presidente de la compañía minera, Carlos Estévez, que intercambia denuncias con los representantes sindicales de Comisiones Obreras. El presidente de MRT es, según Manuel Díaz, delegado sindical de CC.OO en la compañía, «el único terrorista porque hace y deshace a su antojo para enriquecerse a costa de la penuria de los mineros».
MRT es una compañía moribunda que agoniza. No es ni la sombra de lo que fue. Hace algo más de medio siglo, con la huella inglesa presente, Río Tinto brillaba tanto como los metales que se extraían de él. De hecho, fue la primera compañía minera de Europa.
Hasta 1984 la factoría, que por entonces era propiedad de Freeport McMoran (FM), se mantuvo con una plantilla de hasta mil trabajadores, pero la crisis hizo acto de presencia. Dos años despúes, FM presentaría el «Plan Alborg», que suponía el cierre absoluto de la actividad en la línea de cobre. Pero la extración del oro mantuvo un hilo de vida hasta que en 1995 los propios trabajadores ofrecieron una alternativa al cierre. Lo denominaron el «Plan Esquila», FM vendió las acciones a los empleados y la compañía se convirtió en Sociedad Anónima Laboral (S.A.L). Con el cobre y el oro no tenían beneficios, pero -según los sindicatos- tampoco pérdidas. Les permitía cobrar a final de mes y mantener el empleo.
Poco después decidieron contratar a su primer gestor. El elegido fue Carlos Estévez, despedido en 1998 por presuntas irregularidades contables. Lo acusaron de quedarse con dinero de la compañía, a pesar de estas acusaciones y del informe contrario del bufete jurídico de Manuel Olivencia, en oct6ubre de 2001 los mismos empleados que lo echaron, volvieron a darle un voto de confianza en la Junta de Accionistas y se hizo con la presidencia.
Éstevez, según CC.OO, aseguró entonces que representaba a una multinacional con sede en Bahamas, RCI, y que con ese respaldo reabriría la línea de cobre. Su oferta: ocho años de trabajo para 500 mineros, su sueldo sería de 66.000 euros mensuales, más otros 72.000 euros por elaborar el plan de viabilidad . A pesar de la elevada nómina algunos trabajadores dijeron que «había llegado el salvador de la patria». No fue así.
El presidente logró el 53% de las acciones de la compañía. El bajo precio al que se cotizan los metales en el actual mercado terminaron por hundir las presuntas buenas intenciones de Estévez. De nada sirve producir si el metal no se vende.
Vuelven las desavenencias y comienzan las denuncias. Los prejubilados dejaron de cobrar en noviembre de 2001 y ahora la Justicia les ha dado la razón. También gran parte de la plantilla dejó de cobrar y ahora se le adeuda 1.3 milones de euros, motivo por el que el Juzgado de lo Social número 1 de Huelva ha decretado el embargo de bienes, acciones y cuentas de MRT y filiales de ella.
Carta en la manga
Pero el empresario guardaba una carta en la manga, un movimiento con tintes de especulación y que fue denunciado en los tribunales. A través de la empresa Proyectos Clarkdale (PCD), propiedad de MRT y con Estévez como administrador único, adquirió la finca número 3.479, patrimonio de la compañía minera. La compró por 279.470 euros el pasado 3 de enero. El 22 de mayo, PCD vendió la finca al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) por 1.1 millones de euros. El presidente la factoría incrementó un 485% el precio de la finca en cuatro meses.
La Junta de Andalucía vio con buenos ojos esta operación, que fue respaldada por el informe positivo que realizó la consultora Andersen y la asesoría jurídica Borbolla Abogados, del ex presidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla y en cuya plantilla se encuentra Antonio Santana, secretario del Consejo de Administración de MRT, hombre de confianza del propietario de la firma minera. Santana también es el secretario de la Fundación Río Tinto. Demasiadas casualidades.
CC.OO denuncia que Estévez, para no implicar al IFA en un turbio asunto por enriquecer a Clarkdale, rectificó la escritura tan sólo doce días antes de ser adquirida con dinero público. La justificación del actual propietario de la mina fue que el dinero de la doble venta serviría para suavizar la crisis de MRT. Algo que no ha cumplido. «¿Dónde están los millones?» se preguntan los 340 trabajadores parados.
El consejero de Empleo, José Antonio Viera, asegura que su gestión es «transparente» y comparecerá en la Cámara andaluza para aportar la documentación que aclare la operación de venta de los terrenos que fueron patrimonio de MRT hasta comienzos de 2002. Los representantes de Comisiones Obreras quieren creer que el consejero «ha sido estafado», aunque les surgen ciertas dudas en torno a todo este asunto.
El último capítulo de este melodrama es la convocatoria de una huelga indefinida en MRT a partir del 18 de noviembre. La convocatoria de la sección sindical de CC.OO en la compañía. persigue que se restablezcan los derechos de los empleados, que se cumpla la rotación de los mineros en la actividades y que no se discrimine a los afiliados de CCOO