Las claves de la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad

La norma reduce de 6 a 3 meses el plazo máximo de resolución del procedimiento para reconocer la situación de la dependencia. El ministro Pablo Bustinduy ha asegurado durante el debate en el Congreso que el objetivo es reducir a la mitad la lista de espera en 2027 y que desaparezca en 2028.

Se elimina el régimen de incompatibilidades para que las personas dependientes puedan recibir las distintas ayudas que les corresponden sin tener que renunciar a ninguna de ellas. Se flexibiliza además el PIA (Programa Individual de Atención) que elaboran los servicios sociales de las comunidades autónomas para que la persona con dependencia pueda acceder a más servicios, como por ejemplo ir a un centro de día y a la vez tener cuidados en su domicilio.

La norma establece que el servicio a domicilio podrá ofrecerse más allá del hogar, donde hasta el momento estaba limitado. Es decir, quien asista a una persona con dependencia, además de ayudarle en casa, podría acompañarla fuera del hogar para que realice actividades de su día a día, como la compra o la visita a centros sanitarios.

La reforma de la ley reconoce la figura del cuidador principal, así como la del no profesional. Entre estos últimos no solo se incluye a los familiares que se encargan de los cuidados de la persona dependiente, sino que se amplía a otras personas del entorno que, pese a no ser familia, se ocupan de los cuidados. La norma establece además que las cotizaciones de estos cuidadores serán abonadas por la administración. Además, se reconoce la teleasistencia para toda persona que tenga reconocida la dependencia.

En cuanto a la reforma de la ley de discapacidad, se reconocerá automáticamente el 33% de discapacidad a las personas a las que se les haya reconocido el grado I de dependencia. Por su parte, las que tengan un grado II o III de dependencia podrán ser reconocidas con el 65% de discapacidad.

En materia de accesibilidad, el texto reconoce la accesibilidad universal como un derecho y establece que las personas con discapacidad podrán reclamar la accesibilidad en servicios o en edificios públicos. Habrá un Programa Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal para financiar las intervenciones necesarias.

Por otra parte, se reforma la Ley de Propiedad Horizontal para que las administraciones públicas tengan que ayudar económicamente a hacer obras de accesibilidad en edificios de viviendas en los que residan personas con discapacidad.

La reforma de la ley prohíbe la discriminación a las personas con discapacidad a la hora de que estas contraten seguros de hogar o de salud, por ejemplo. Esta, asegura Derechos Sociales, se daba en algunos seguros de estos tipos mediante la subida de precios.

El texto garantiza la atención temprana a todos los niños de 0 a 6 años con trastornos en el desarrollo o con riesgos de desarrollarlos. Las familias en esta situación podrán exigir en la comunidad autónoma en la que residen que se les proporcione esta prestación independientemente de las plazas disponibles que haya.

La reforma de la ley de discapacidad regula la figura del facilitador procesal, que asistirá a las personas que lo necesiten en procesos judiciales.