Un nuevo brote de ébola podría ser el peor de la última década

El 17 de mayo, la Organización Mundial de la Salud (OMS), organismo de la ONU, declaró que el brote era una «emergencia de salud pública de importancia internacional», la novena declaración de este tipo desde 2005. No se ha calificado de pandemia, pero se perfila como la peor epidemia de ébola desde al menos 2018, cuando murieron más de 2000 personas en el este del Congo. A algunos expertos les preocupa que pueda ser tan grave como en 2014-2016, cuando una epidemia en África occidental se cobró 11 000 vidas. Esta realidad se debe a una combinación fatal de mala suerte, un país en guerra y un mundo que recorta la ayuda sanitaria.

A 20 de mayo se habían registrado casi 600 casos sospechosos y 139 muertes en el Congo. Es casi seguro que ha habido más, según los modelos del MRC Centre for Global Infectious Disease Analysis, un instituto del Imperial College de Londres. La OMS calcula que el virus lleva circulando al menos dos meses: se ha diagnosticado a dos ciudadanos congoleños en Kampala, la capital de la vecina Uganda; también se ha detectado el virus en un médico estadounidense que trabajaba en la zona y que ha sido evacuado a Alemania; y se han registrado casos en Goma, la capital de Kivu del Norte, una provincia congoleña al sur de Ituri (véase el mapa). Según se ha informado, Ruanda ha cerrado algunos pasos fronterizos con el Congo y a los expertos en salud pública les preocupa que la enfermedad pueda propagarse a Burundi y Sudán del Sur.

Desde la catástrofe de África occidental, los gobiernos y los organismos internacionales han mejorado enormemente su respuesta a la propagación del virus. Las vacunas contra la cepa más común, Zaire, han permitido a los médicos aislar a las poblaciones infectadas. La secuenciación genética de esta cepa ha permitido realizar pruebas de diagnóstico rápido. Los trabajadores sanitarios locales, respaldados por ONG internacionales y gobiernos africanos, han mejorado a la hora de educar a la población sobre el ébola, ganándose su confianza y aislando a quienes presentan síntomas.

Sin embargo, es probable que nada de eso sirva de gran ayuda con este brote, el decimoséptimo registrado en el Congo desde 1976. La cepa que lo está causando, Bundibugyo, es algo menos mortal que Zaire, pero es menos común y no existe ninguna vacuna autorizada ni pruebas de diagnóstico rápido para ella. Las muestras tomadas en Ituri deben enviarse en avión a Kinshasa, la capital del Congo, que se encuentra a unos 2000 km y se puede tardar días en recibir un resultado. «Parece que hemos vuelto al punto de partida», afirma Bob Kitchen, de la ONG humanitaria Comité Internacional de Rescate (CIR), al comparar la situación con el inicio de la epidemia en 2014, antes de que se dispusiera de vacunas contra ninguna cepa.

El caleidoscopio de conflictos en el este del Congo complica aún más la situación. Más de un centenar de milicias operan en Ituri y los Kivus. Durante el estallido de violencia que se produjo en el Congo en 2018, algunos de estos grupos incendiaron clínicas gestionadas por Médicos Sin Fronteras (MSF). «Nos tomamos muy en serio la seguridad», afirma Alan González, de MSF. Los grupos armados —y algunas de las peores carreteras de África— dificultan que los médicos lleguen a zonas remotas.

El Estado en Ituri es débil, como en gran parte del Congo. «Estamos muy preocupados porque, hasta ahora, las autoridades provinciales no han tomado ninguna medida», dice Machozi Mwanamolo, profesor universitario en Bunia, una ciudad de Ituri. Lamenta que a la gente de Mongbwalu se le haya «permitido moverse libremente cuando se le debería restringir para evitar la propagación del virus». Lleva puesta una mascarilla y está preparando té de jengibre con limón y ajo «para reforzar nuestros anticuerpos».

Más al sur, en los Kivus, la situación es aún más complicada. En los últimos dos años, el M23, un grupo armado respaldado por Ruanda que está en guerra con el gobierno congoleño, ha tomado el control de gran parte de las dos provincias: ha provocado la marcha de numerosos trabajadores humanitarios y ha sustituido a los funcionarios de toda la administración local, incluido el ministerio de sanidad. Cuando visité una clínica gestionada por el gobierno cerca de Goma a finales de abril, esta luchaba por contener una epidemia de sarampión. El M23 también se ha negado a reabrir el aeropuerto de Goma, lo que obliga a los trabajadores de las ONG a viajar a algunas zonas de Kivu del Norte pasando por Ruanda y Uganda. Los trabajadores humanitarios se quejan de que los dirigentes del M23 retienen los suministros exigiendo un pago.

A esto se suman los recortes en la ayuda. Antes de 2025, la financiación estadounidense contribuía a sufragar la vigilancia —normalmente, en forma de trabajadores sanitarios dedicados a la comunidad— y la preparación —programas educativos y equipos de protección—. Sin embargo, durante el último año se ha recortado drásticamente; el CIR, por ejemplo, pasó de trabajar en cinco zonas de Ituri a solo dos a partir de marzo de 2025. El 18 de mayo, el Departamento de Estado prometió 13 millones de dólares para ayudar en la respuesta al virus; se trata de una mínima parte de lo que Estados Unidos gastó para combatir la epidemia en 2014-2016. Otros gobiernos occidentales, incluidos el británico y el alemán, también han recortado drásticamente el gasto en ayuda.

Mucho dependerá de si la OMS, las ONG internacionales y las organizaciones africanas pueden cubrir el vacío que dejan. Jean Kaseya, director de Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades, el principal organismo de salud pública del continente, criticó de forma velada la decisión de Estados Unidos de restringir los viajes de los no estadounidenses que hubieran estado recientemente en la región. «La seguridad sanitaria mundial no se puede lograr solo interviniendo a través de las fronteras», afirmó. «Se logra mediante la colaboración, la confianza, la ciencia y la inversión rápida en la capacidad de preparación y respuesta».

La respuesta al ébola fue difícil incluso con más de estos recursos disponibles. En el brote de 2018 se necesitaron dos años, unas 300.000 dosis de vacuna y una respuesta de ayuda bien financiada para poner fin a la epidemia. Sin vacunas, el apoyo de la población local congoleña a las medidas de salud pública deviene más importante, al tiempo que hay menos dinero para programas que fomenten la confianza. Ese tipo de educación es importante, afirma Foibe Mbusi, una vendedora del mercado de Bunia: «hay un sector de la población, incluso vendedoras como nosotras, que no cree que el ébola exista».