«Me voy a quedar en la calle con una niña de seis años que todavía no sabe nada»

Desireé relata con angustia cómo su vida se desmoronó a partir del año pasado, cuando en enero quedó sin ingresos al perder su trabajo. El alquiler de su piso era de 500 euros, una cifra que, sumada a otros gastos, se volvió inasumible. Actualmente, el único ingreso estable proviene de la nómina de su pareja, que oscila entre 750 y 950 euros, complementado por los 320 euros que Desireé recibe del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Con ingresos totales que apenas superan los 1.300 euros, la deuda se hizo inevitable.

«No llegamos ni a 1.300 al mes y tenemos muchas cosas que pagar. Estamos en una situación de vulnerabilidad», explica Desireé, quien subraya que, a pesar de existir un informe de Servicios Sociales y una menor en el domicilio «que todavía no sabe nada de lo que sucede», las ayudas no han llegado. Dicho informe, según le han comunicado, es privado y no le han facilitado una copia, dejándola en la indefensión total ante la jueza que dictó la sentencia. «Me voy a quedar en la calle con una niña de seis años que todavía no sabe nada»

El conflicto con el propietario del piso se ha tornado hostil. Desireé insiste en que no se niega a pagar, sino que necesita facilidades, algo que el casero no ha mostrado: «Quiere que le pague todo y que me vaya a la vez». A esto se suma el robo de la motocicleta de su pareja en el garaje, un hecho que ambos consideran una «coincidencia» demasiado oportuna, y que supuso una pérdida económica de 400 euros mensuales al dejar de usarla para trabajar.

La preocupación más profunda de Desireé es su hija, escolarizada en primero de Primaria y totalmente integrada en su entorno de Oviedo desde los tres años. «Estoy aterrada», confiesa. Para disimular la inminente mudanza, le ha dicho que se van de viaje, mientras recoge las pertenencias de la pequeña. Su única red de apoyo temporal es la hermana de su pareja, que podría acogerlas «unos días», pero el futuro más allá es una incógnita aterradora, sin familia cercana en Asturias que pueda ofrecer un sostén real.

Esta situación es sólo el inicio de un problema mayor, tal como lo describe Andrés Suárez, representante del Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Asturias, quien ha estado asesorando a la familia. «Lo hemos intentado todo: la vía legal, la política, Servicios Sociales... todo», afirma Suárez.

El martes, día del desahucio, se convocará una concentración a las 9:30 horas para intentar paralizarlo. Han presentado un recurso de última hora y tienen una cita el lunes con Vipasa para buscar una vivienda social. Sin embargo, Suárez es tajante: «La vivienda social tiene una lista kilométrica y en el mercado de vivienda libre estamos hablando de 700, 800, 900 euros. Mucha gente de la trabajadora no puede pagar esas cantidades. Es estructural el problema».

Suárez desmiente directamente la afirmación de «algún consejero» de que no se están produciendo desahucios: «El martes hay uno. No puedo decir más». El mensaje es claro: mientras los intereses económicos de un propietario parecen prevalecer ante la ley, el bienestar de una menor queda en un segundo plano, sin que las instituciones ofrezcan soluciones inmediatas y asequibles.

Desireé solo pide una cosa a las autoridades competentes: «Una vivienda que pueda pagar, pero que me la den ya». La cuenta atrás sigue su curso, y la esperanza de que el desahucio se paralice se desvanece con cada hora que pasa hasta el martes.