Todos los grupos menos Vox aprueban el texto definitivo de la ley asturiana LGTBI

El texto cuenta con el respaldo de los grupos que sostienen al Gobierno, PSOE y Convocatoria por Asturias-IU, además de con el apoyo de Foro, y esta mañana recibió en comisión el respaldo de Covadonga Tomé y del PP, después de que se incorporara en el texto la exigencia de los populares de consentimiento de los padres o representantes legales para los cambios de sexo de los menores de 16 años, una de las condiciones planteadas por el principal partido de la oposición durante la tramitación para evitar votar en contra de la norma. El grupo popular y Tomé, eso sí, todavía no han decidido si finalmente apoyarán la ley en el pleno o se abstendrán. «Es una ley que nos hubiera gustado que fuera muchísimo más valiente. Por tanto estamos decidiendo qué es lo que vamos a hacer», justifica el equipo de Tomé. En el momento de la votación en la comisión no estaban presentes los representantes de Vox, formación que ha rechazado el proyecto desde el inicio de su tramitación y que presentó una enmienda a la totalidad que fue rechazada por la Cámara. En todo caso, la aprobación de la ley en el Pleno no parece estar en riesgo, aunque el voto del PP y de Tomé determinará la amplitud del respaldo parlamentario con el que salga adelante.

La incorporación del consentimiento familiar para los menores de 16 años afecta a las actuaciones relacionadas con su identidad de género. En el ámbito educativo, el texto establece que las solicitudes de cambio de nombre de uso común o las adaptaciones correspondientes en la documentación de los centros requerirán la solicitud o el consentimiento expreso de los padres, madres o representantes legales. Los mayores de 16 años podrán realizar estas solicitudes por sí mismos, salvo las situaciones que determine el ordenamiento jurídico.

En la misma comisión, el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, defendió la estrategia del Principado sobre las zonas tensionadas y aseguró que «nuestro objetivo no es declarar por declarar», sino hacerlo después de un diagnóstico «riguroso» de cada uno de los 78 concejos, ya que «el mercado no se comporta igual» en todos ellos. Zapico destacó que las doce primeras declaraciones han permitido obtener «casi 3 millones de euros» adicionales del Gobierno central. También defendió el programa Alquilámoste, que suma ya 80 viviendas registradas, y aseguró que el Principado está asentando «unos pilares sólidos» para que la iniciativa crezca y se consolide como una herramienta para movilizar vivienda privada y ofrecerla a precios inferiores a los de referencia de cada zona.

Igualmente, el consejero defendió la necesidad de alcanzar «un pacto por el acceso a una vivienda digna, adecuada y asequible» que permita elevar el parque público asturiano hasta las 15.000 viviendas y establecer una hoja de ruta a medio y largo plazo. El consejero recordó que las políticas de vivienda «no tienen una capacidad de reacción inmediata», mientras que Covadonga Tomé reclamó un Plan Director de Vivienda 2027-2030 con una inversión mínima de 250 millones anuales. Zapico también defendió que el Principado puede intervenir para prevenir situaciones de vulnerabilidad y ofrecer mediación ante los desahucios, aunque recordó que no le corresponde actuar directamente sobre los lanzamientos.