Hablan las 'Maricarmen' de Asturias: «Estoy de los nervios, cualquier día me echan también así»

¿Hay 'Maricarmenes' en Asturias? ¿Puede suceder aquí? ¿Qué medidas lo impedirían?

Las estadísticas evidencian que los desahucios están en retroceso, pero siguen. El pasado año se ejecutaron en Asturias 603 salidas forzadas de un domicilio, según datos del Consejo General del Poder Judicial. Fue un año pésimo, con 14,9 casos por cada 100.000 habitantes, la cuarta peor proporción del país. Las tornas parecen cambiar en 2026. Hasta el 1 de abril se dieron 48 lanzamientos judiciales, lo que supone un descenso del 73% sobre el mismo período del ejercicio anterior. También implica que cada dos días se ejecuta un desahucio en Asturias.

De los casos de este año sobre los que hay contabilidad, 18 perdieron la vivienda por deudas hipotecarias, 29 por impagos del alquiler y un caso por otra razón. Los jueces aceptaron parar 18 desalojos por la especial vulnerabilidad de la víctima.

Los números no apaciguan a Blanca Morillo, de 74 años y que lleva 25 residiendo en la gijonesa avenida Schulz: «Lo de Maricarmen a mí me tiene revuelta, estoy de los nervios, la veía y me decía que el día menos pensado acabo así, sacada a la fuerza en camilla, porque a la residencia tengo claro que no voy». Su caso trascendió a finales de 2025. Su casera falleció previniéndole de lo que pasaría cuando su hijo heredase. El vaticinio se cumplió. «Un día me encontré en el buzón un contrato, me subía el alquiler de 460 euros a 600, y sabe que tengo 856 de pensión». Antes relata intentos de dejarle en situación de impago que sorteó abonando la renta religiosamente.

«Lo mío no se solucionó. Tras la presión social él dejó de darme guerra, pero con lo dañino que es, en cualquier momento vuelve porque me dejó sin contrato. Pago, pero sigo sin contrato». Hay algo que la reconcome: «Toda mi vida trabajé, y si no estuviera mal de la cadera volvería a hacerlo para no verme así, que esta casa está que se cae y cualquier día explota la cocina».

El de Blanca «es el caso más parecido que tenemos al de Maricarmen, pero no el único en Asturias», certifica Javier Linares, coportavoz del Sindicato de Inquilinos.

El comentario remite, por ejemplo, a la calle Río Piloña, también en Gijón. «Aquí estamos once familias con una espada de Damocles; el juzgado tiene señalado nuestro desahucio el 5 de octubre y, en teoría, tenemos una solución para evitarlo, pero nos están retrasando la firma», indica Brian González. Los inquilinos llevan una década en el inmueble, que era de una constructora que luego quebró, pasando al activo de la Sareb, el llamado banco malo. «Hemos tenido tres o cuatro fechas de lanzamiento pero en julio, con el consejero Ovidio Zapico y su jefa de gabinete, María José Miranda, logramos algo inédito en el país, que la Sareb se reuniese con nosotros y acordara unos contratos para regularizar la situación que cumplan con el sistema de referencia de los precios para el alquiler y no nos supongan más del 30% de lo que podemos pagar», reconoce. «El problema es que íbamos a firmar los contratos a primeros de septiembre, luego se retrasó, y estamos sin fecha», señala.

Desde la Sareb piden calma: «Con los vecinos de Río Piloña el desenlace es positivo y ya se han negociado todos los contratos, tanto los sociales con las familias vulnerables, como los asequibles con las familias que no cumplen criterios de vulnerabilidad. Se firmarán todos el próximo 1 de octubre y los inquilinos deben saberlo». En la entidad creen que «es un caso de éxito. Cuando las familias han colaborado y han facilitado la documentación para analizar la situación se ha ido resolviendo caso a caso, que es como trabaja Sareb».

Linares, del Sindicato de Inquilinos, se reconoce inquieto también por tres inmigrantes y una española, «todos vulnerables», que viven en un edificio comprado por un propietario. «Creemos que lo quiere transformar en pisos turísticos y se les está intentando acosar para que salgan». A su juicio, para que no haya más 'Maricarmenes' «hay que impedir que una persona pueda comprarse un edificio entero para hacerlo turístico, eso es colonizar». «Hace falta valentía política para impedir desahucios, regular el precio del alquiler y expropiar pisos, como se expropian empresas por interés general», dijo.

El consejero del ramo, Ovidio Zapico, defiende que «Asturias no es una comunidad insumisa con la Ley de Vivienda, como las comunidades autónomas gobernadas por la derecha». El también líder de IU defiende seguir declarando zonas tensionadas porque «permiten limitar los precios del alquiler y evitar subidas salvajes de las rentas».