«Tenemos fe en la Justicia, pero se han dicho muchas mentiras sobre el atropello de Iurgi»

Durante la jornada testificaron cinco agentes de la Ertzaintza, aunque solo uno de ellos estuvo presente el día del siniestro. Este último, conectado finalmente desde un juzgado de Granada, intervino apenas cinco minutos. Su actuación en 2020 se limitó, tal y como recordó, «a tomar declaración al conductor implicado y a practicarle la prueba de alcoholemia», que resultó negativa. Según explicó, no se le hizo un test de drogas «porque en aquel contexto de pandemia se intentaba la mínima intervención con personas, por protocolo». Por su parte, el conductor afirmó minutos antes, durante su testificación ante el juez, que «no se me hizo esa prueba porque no tomé drogas».

Los agentes coincidieron en describir lo ocurrido como «una fatal desgracia», aunque durante la vista quedaron patentes las dificultades para reconstruir con precisión la dinámica del atropello. Los dos peritos -el de la compañía aseguradora y el de la familia- discreparon en la estimación de las velocidades al no poder fijar con exactitud ni la que llevaba Iurgi, que descendía la pendiente en bicicleta, ni la del vehículo, un Seat Ibiza 1.900 diésel de 60 caballos que circulaba, en el sentido contrario al chaval y cuesta arriba, por una vía rural de algo más de tres metros de ancho. Según los indicios y fotografías incorporadas a la causa, el impacto se produjo «en la parte frontal derecha del coche».

La escena del siniestro presentaba además «alteraciones» relevantes, tal y como denunció el abogado de la familia demandante. Tras el atropello, la bicicleta fue movida de lugar y el turismo se desplazó unos metros hacia atrás, al parecer porque el conductor, en estado de shock, salió a socorrer al menor sin accionar el freno de mano. «Sangraba por la nariz; le tomé en brazos para acercarlo a su caserío familiar y vino su padre, que le hizo las maniobras de reanimación», relató aquel momento el conductor ante el juez.

El accidente tuvo lugar en plena pandemia y en un camino hormigonado «con baches, curvas muy cerradas y vegetación que invadía parte de la calzada, reduciendo notablemente la visibilidad», según se dijo en la sala. Dos agentes que acudieron dos días después para la inspección ocular insistieron también en la complejidad del entorno. «Por las condiciones de la carretera era dificil tanto para el conductor como para el niño evitar el desgraciado accidente», apuntó uno de ellos. El abogado de la aseguradora reforzó esta tesis al subrayar el mal estado del neumático de la bicicleta y la supuesta ausencia de casco, extremo que también mantuvieron los ertzainas.

Este último punto, sin embargo, generó uno de los principales choques ya que los padres sostuvieron a la salida del juzgado que su hijo sí lo portaba y que «en casa falta uno de color negro que no aparece». La familia afirmó igualmente que el conductor les reconoció días después del siniestro que circulaba «bidebetin» -expresión en euskera que significa «ocupando toda la vía»- y que les habló de una velocidad «de entre 20 y 30 por lo menos». «Tenemos grabada esa conversación», matizaron.

Visiblemente afectados, Agurtzane Uriarte e Iosu Beraza, mostraron su indignación tras escuchar las declaraciones policiales y de la defensa. «Es impresionante cómo han mentido los ertzainas y el abogado de la compañía de seguros, que no hablaron con nosotros», denunciaron. «Tenemos fe en la Justicia y esperamos que el juez haya visto nuestra verdad, que es lo único que pedimos», afirmó el padre.

El abogado de la familia cerró su intervención con una crítica al trabajo policial realizado en 2020. A su juicio, el atestado elaborado por la Ertzaintza «es malo por antonomasia». «Lo hicieron sin presentar ni siquiera un croquis y además tres días después, y sin analítica de tóxicos por drogas», censuró. «Han construido un atestado sin vestigios ni pruebas objetivas y con todos los elementos del escenario movidos».