La RGI será complementaria a la renta mínima que aprobará el Gobierno central

La primera de las noticias es que esa renta será básica, de aplicación para todas las personas que cumplan determinados requisitos en la totalidad del territorio español. Así las cosas, la RGI vasca actuará como complemento. Esto es, se abonará la diferencia si la renta mínima se queda corta en relación a las cantidades estipuladas en Euskadi. Y esto significa ahorro para las arcas vascas.

La segunda noticia positiva es que se confirma que será una prestación de la Seguridad Social, financiable con una transferencia directa de los Presupuestos Generales del Estado. Con ello, el Gobierno vasco no tendrá que aportar ni un euro al sostenimiento de esta prestación durante, al menos, 2020 y 2021. Eso significa más ahorro.

En relación con el carácter complementario, el Gobierno vasco asegura que hay que esperar a la publicación del proyecto de ley y a su posterior tramitación parlamentaria para conocer todos los detalles. Así, indican desde el Departamento de Empleo, puede suceder que haya perceptores de la RGI que no tengan derecho a recibir la renta mínima -en este caso el desembolso no sufriría variaciones-, pero otros que pueden acceder a un complemento.

El director de Lanbide, Borja Belandia, ha mantenido numerosos contactos con el Ministerio de Seguridad Social que dirige José Luis Escrivá en la fase de preparación de la renta mínima. El objetivo, señalaron ayer desde el Gobierno vasco, ha sido poner en manos del Ejecutivo de Pedro Sánchez la experiencia que tiene la Administración vasca con la RGI y aclarar dudas.

¿Será rentable para el Gobierno vasco que el gabinete del PSOE y Unidas Podemos haya tomado esta decisión? Imposible saberlo ahora, pero puede suceder. De un lado estará el ahorro de gasto en la RGI. Junto al complemento de vivienda, el Gobierno vasco destinó a esta partida un total de 434 millones de euros el pasado año, para unos 53.000 perceptores. La lógica invita a pensar que, como consecuencia de la crisis del Covid-19, ambas cifras iban a dispararse a partir de ahora.

La otra incógnita de la ecuación es la aportación que el País Vasco tendrá que hacer para el sostenimiento de esta prestación en los Presupuestos Generales del Estado, a través del Cupo. Estimaciones adelantadas por el propio Escrivá sitúan en unos 3.000 millones de euros el coste anual de la renta mínima; de ahí que, aplicado el 6,24% que financia Euskadi, significaría un desembolso en el entorno de los 187 millones de euros. Pero al menos en los años 2020 y 2021 no habrá aportación, porque el cálculo fundamental del Cupo sólo se realiza en el año base -para el momento actual eso sucedió en 2017-, mientras que en los cuatro años siguientes sólo se realizan adaptaciones en función de la recaudación de impuestos o de si hay transferencias. E incluso, ante la eventualidad de una prórroga más allá de 2021, el País Vasco podrá eludir sus aportaciones a esta prestación.

También influirá en la ecuación si la partida de la renta mínima se financia con endeudamiento -el Cupo no cubre el déficit del Estado-. Y en este supuesto las aportaciones llegarían años más tarde, en el momento en que se produzca la amortización de la deuda con la que se ha financiado.

La clave

• 434 millones de euros destinó el Gobierno vasco el pasado año a la RGI y al complemento de vivienda.

Todos los hogares con ingresos inferiores a los que se establezcan como renta mínima y cumplan los requisitos básicos. Las parejas de hecho que estén registradas como tales tendrán derecho a ser equiparadas a los matrimonios.

Estar inscritos como demandantes de empleo y tener reconocida la residencia legal en España. Tener entre 23 y 65 años. A partir de esa edad entra en acción la pensión mínima, de una cuantía equivalente a la de la renta mínima.

No podrán acceder a esta ayuda quienes sean propietarios de una vivienda de un valor (se supone que ligado a la referencia catastral) superior a 100.000 euros.

Están en función del número de personas del hogar y también de los hijos. La prestación va desde un mínimo mensual de 462 euros en el caso de un adulto hasta un máximo de 1.015 euros si se trata de una familia compuesta por dos adultos y dos niños.

Incumplir las condiciones que se exigen o falsear en una declaración los requisitos estará perseguido con sanciones económicas importantes, que implicarán la devolución de lo cobrado de forma indebida y también la imposibilidad de percibir la prestación durante algún tiempo.

La renta mínima será la primera ayuda a la que podrán optar los habitantes de Euskadi con menores ingresos o sin ellos. Si la cantidad que perciben se sitúa por debajo de la que les correspondería con la RGI vasca, tendrán derecho a un complemento con cargo al Gobierno vasco.

Previsiblemente, el proyecto de ley se aprobará en el último Consejo de Ministros del mes de mayo. A partir de ahí deberá seguir un proceso de tramitación y ratificación parlamentaria y el Ejecutivo tendrá que recabar apoyos de otros grupos políticos.