La 'doctrina Llarena' amenaza con reventar la estrategia de Moncloa con los independentistas

Y todo ello porque en la redacción del nuevo texto – tal y como defiende el instructor Pablo Llarena en su auto del jueves- cabría la interpretación de que los condenados y huidos sí que tuvieron «ánimo de lucro» al usar el dinero público para «sufragar una decisión personal», la de convocar un referéndum ilegal de autodeterminación que ya había sido prohibido por el Constitucional.

La gran incógnita ahora –explican en el Supremo- es saber si la Sala de lo Penal del alto tribunal hace suyo este razonamiento ya conocido como 'doctrina Llarena' y decide que mantiene la malversación agravada para los ya condenados. El tribunal que presidente Manuel Marchena, que ha dado un plazo de ocho días a los nueve condenados a cárcel del procés para que pidan revisar sus penas, si se apunta a la tesis del instructor no tendría problema para mantener fuera de la política a Oriol Junqueras hasta julio de 2031 (fue condenado a trece años de inhabilitación). El Supremo, de seguir esta doctrina, tampoco debería cambiar las inhabilitaciones de 12 años que impuso a los exconsejeros Dolors Bassa, Jordi Turull y Raül Romeva.

Llarena y el Supremo, por tanto -reconocen a regañadientes responsables del Gobierno- tienen en su mano la oportunidad de reventar la estrategia de Moncloa con los independentistas catalanes, hasta el punto, no solo de no rehabilitar a Junqueras como exigía ERC, sino de frustrar la vuelta de Carles Puigdemont. O, incluso, esta nueva doctrina podría allanar la entrega judicial del expresidente por un delito relacionado con la corrupción y más «digerible» para Europa como sería la malversación.

La clave de la interpretación de Llarena que ha cogido a contrapié al Gobierno y a Esquerra pero que varios juristas del Supremo ya había visto antes es que las dos versiones atenuadas de malversación que introduce la reforma exprés pueden no ser aplicables a esta causa. La primera es la que pena con la suspensión de empleo o cargo público de uno a cuatro años a la autoridad que, sin ánimo de apropiárselo, destine «a usos privados el patrimonio puesto a su cargo». La segunda es la que establece inhabilitaciones de entre dos y seis años para la autoridad que dé al patrimonio «una aplicación pública diferente de aquella a la que estuviere destinado».

Pues bien, Llarena entiende que sí hubo apropiación indebida en tanto en cuanto en el procés no hubo un «trasvase presupuestario entre finalidades públicas legítimamente administradas», sino que los «fondos públicos» se usaron para «sufragar la decisión personal de contravenir el ordenamiento jurídico y cometer un delito, por más que el sujeto activo tenga una actividad profesional pública». O -como resumen gráficamente en el Supremo- el juez entiende que hubiera sido el mismo delito usar dinero público para sufragar el referéndum ilegal del 1-O que haberlo utilizado para comprarse un yate. En ambos supuestos se desvió dinero para satisfacer un deseo personal ajeno a la finalidad legítima.

«El ánimo de lucro resulta igualmente apreciable cuando se despoja a la administración de unos fondos públicos para atender obligaciones de pago que corresponden al sujeto activo del delito y que están plenamente desvinculadas del funcionamiento legítimo de la administración«, insiste el magistrado en la resolución notificada este jueves.

Así las cosas, Pablo Llarena considera que la actuación con el dinero público de los condenados Junqueras, Bassa, Turull y Romeva y de los huidos Puigdemont, Antonio Comín y Lluís Puig sería perfectamente encardinable en el ilícito de malversación agravada que recoge el nuevo artículo 432.2 del Código Penal, que castiga a la autoridad que, «con ánimo de lucro, se apropiare o consintiere que un tercero, con igual ánimo, se apropie del patrimonio». Cuando se produce un entorpecimiento «grave al servicio público» o el perjuicio supera los 50.000 euros, las inhabilitaciones se elevan a entre 10 y 20 años. De esta manera, las inhabilitaciones de 13 y 12 años que impuso el Supremo con la anterior legislación seguirían entrando en esta nueva horquilla, por lo que el alto tribunal no estaría obligado a tocar una coma de hacer suya la tesis de Llarena.