Bulos sobre el monte que avivan el fuego

La agricultura y la ganadería son actividades conocidas por el público. Pero la selvicultura, es decir, el aprovechamiento y gestión del terreno forestal, no tanto. Patricia Gómez Agrela, ingeniera agrónoma con más de 20 años de experiencia en proyectos forestales y gerente de la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE), entidad representativa de la propiedad forestal privada a nivel nacional, resuelve las dudas que surgen estos días sobre la gestión del monte y por qué está vinculada a la prevención de los incendios.

«No, de titularidad estatal o autonómica solo hay una mínima parte». España es un país eminentemente forestal. Tiene más terreno de este tipo que agrícola o ganadero. Cuenta con 28 millones de hectáreas forestales, de las cuales casi 20 están en manos privadas. Esto supone que el 72% del total está en manos de pequeños y medianos propietarios. Alrededor de cuatro millones de personas se reparten la propiedad del monte en nuestro país. «Y está muy atomizado. Algo más de la mitad de esto es minifundio», apunta Gómez Agrela. Ese 30% corresponde a ayuntamientos, los que más tienen a través de la figura de montes de interés público, las comunidades autónomas y, en último lugar, el Estado.

Al contrario. «Los selvicultores son aquellos que gestionan el bosque aprovechan sus recursos de forma sostenible. Desde la confederación, con más de 700.000 afiliados, entre otras cosas, promovemos proyectos de gestión sostenible, que es la piedra angular del cuidado del monte», explica la portavoz de COSE. La gestión consiste en aprovechar los recursos naturales, sin agotarlos, y generar riqueza económica, ambiental y social. La madera es el producto más popular. «Valiosísima» en la era de las descarbonización, ya que rebaja la huella de carbono de cualquier edificio o producto fabricado con ella. Pero está ligada a un modelo industrial, circunscrito a pocas comunidades autónomas. Galicia, algunas zonas de Castilla y León y la cornisa cantábrica, fundamentalmente. Más allá de la madera, el bosque tiene otras riquezas materiales e inmateriales. Sobre las primeras, la explotación va desde los frutos (piñones, castañas, setas, trufas y frutos rojos), hasta las plantas aromáticas (perfumería y cosmética), pasando por la resina (para la industria química) o el corcho (aislantes). También tienen su espacio la caza y otras actividades recreativas como la observación de animales y los baños de bosque, tan de moda para la salud mental. También aportan los pastos, las zonas abiertas sin arboledas donde los ganaderos extensivos (no los intensivos en granjas) puedan dejar a sus rebaños. «Sin el bosque no tendríamos ni agricultura ni ganadería porque la primera necesita suelos fértiles y los bosques procurar esa fertilidad porque las raíces hacen de red que sujetan el suelo y frenan la erosión. Por no hablar de la emisión de oxígeno y su papel en la calidad del aire. Dependemos de ellos», apunta Gómez Agrela.

El potencial descrito es enorme, pero se podría decir que ni bien ni mal, sino muy poco. «España es el segundo país de la Unión Europea con mayor superficie forestal y el tercero en superficie arbolada, pero lo que supone en PIB no llega ni al 1%. Algo falla. No hemos conseguido generar riqueza. El monte está infrautilizado. Para aprovecharlo hay que poner medidas e inversión». El problema es que siendo muy ricos en recurso, son deficitarios. «No son rentables porque lo que cuesta gestionarlos vale más que lo que se obtiene en el mercado», zanjan desde COSE. De ahí el abandono progresivo que sufren muchas propiedades, en algunos, de personas que no saben qué hacer con ellas porque viven ajenas al medio natural y, en otros casos, incluso son desconocidas porque el paso del tiempo ha diluido la titularidad de las tierras heredadas entre generaciones.

«Es mucho más fácil apagar un incendio en un monte gestionado porque tiene vías de entrada y de salida que facilitan la labor a los equipos de extinción, por ejemplo. Si has hecho caminos, cortafuegos, siembras, podas selectivas, etc. Pero si están llenos de vegetal continuo hasta el punto de ser impenetrable...», reflexiona Gómez Agrela, que sí coincide en que los incendios son mucho más descomunales ahora porque se ha abandonado la gestión. Si ya no hay gente en los pueblos que usen la leña, ganadería que mantenga de forma natural desbrozado el monte, etc., todo se complica. La despoblación, el éxodo hacia la ciudad y de entender el paisaje como un escaparate con el que no se convive, «sumado a las condiciones climáticas extremas», cuando llega el incendio «no podemos controlarlo ni con cinco ejércitos». El cambio de modelo productivo y social no favorece el mantenimiento natural. Es cierto que en España, recuerda Agrela, siempre han ardido los montes. «Nuestro paisaje está modelado por los grandes incendios de la historia», recuerda. Pero se podían apagar. «Lo que pasa ahora es que los que hay se pueden apagar. No podemos seguir haciendo lo mismo de siempre porque el escenario ha cambiado radicalmente, porque los montes se han abandonado porque no son rentables». La masa forestal aumenta cada año y la arbórea también, lo que es, valora la ingeniera agrónoma, «una bomba».

«Limpiar una hectárea cuesta 3.000 euros. Un particular pequeño, como es el caso de miles en España, no puede asumir solo ese coste. Es inviable. Tienen esa responsabilidad pero también necesita que la administración ponga facilidades», reclaman desde COSE. Son necesarios «fondos, líneas de ayudas y subvenciones tanto para aprovechamiento como para mantenimiento si queremos cuidar y poner en valor tantísimas hectáreas. Pero de forma generalizada –no por comunidades– y continuo en el tiempo para que sea eficiente a largo plazo». No sirve de nada que un propietario responsable limpie y el de al lado no. Cuando llega el fuego no distingue de lindes ni de fronteras autonómicas. Sin ir más lejos, ha sucedido con el último gran fuego de Madrid, Ávila y Toledo. Sobre las ayudas, la portavoz de COSE hace un paralelismo con la PAC, que da rentas a los agricultores todos los años. Para los selvicultores «no hay nada de ayudas; alguna subvención para limpieza o prevención, pero muy insuficiente», denuncia.

En estos días de incendios forestales activos, el cruce de acusaciones es una constante. Desde COSE defienden que «la responsabilidad es compartida». Los propietarios porque a ellos se les exige por ley el mantenimiento. De las comunidades porque son las que deben prestar ayudas y destinar recursos para que, de la mano de los propietarios cuando sea posibles se lleve a cabo. Y del Estado porque es quien pone las reglas del juego y debe coordinar la actuación. «También, además de poner unas normas y hacerlas cumplir como en otros ámbitos de gestión transferida, debe poner el presupuesto para que los planes tengan un efecto sobre la práctica. El papel lo soporta todo pero sin presupuestos no sirve de nada», reclama la portavoz de la conferederación.

Desde COSE defienden un cambio de modelo que haga rentable las inversiones en los montes, a través de proyectos de gestión, aprovechamiento y mantenimiento, que generaría riqueza al país. Piden una fiscalidad adaptada a la actividad forestal. Especialmente a sus tiempos. Las cosechas son anuales, pero el rendimiento de un bosque no siempre. «Hablamos de que una chopera o un eucaliptal, incluso algunos pinos de crecimiento rápido, pueden tardar en crecer hasta 40 años. Pero, ¿castaños, pino silvestre, robles, encinares...? Hasta 80». La propuesta que defiende esta organización es que las inversiones en el monte desgraven un 20% en los terrenos productivos y un 40% en los que no lo son. Una deducción directa sobre la base imponible del gasto real que se haya invertido. «Esto sí es un incentivo real. Y no pierde Hacienda porque en el retorno se genera empleo y empresas que aportan a la Seguridad Social y a la economía en general», concluye Patricia Gómez mientras recuerda que cada hectárea que arde cuesta extinguirla 30.000 euros, 10 veces más que lo que cuesta limpiarla y mantenerla. «Lo que estamos viendo estos días es una sangría para el país y se requiere una acción conjunta. Uno a uno no hacemos nada».

La labor de los selvicultores

Patricia Gómez Agrela es ingeniera agrónoma por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid. Desde 2007 es gerente de la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE), entidad representativa de la propiedad forestal privada a nivel nacional, con unos 700.000 miembros. Entre sus funciones está actuar como interlocutora con las administraciones públicas en materia de política forestal y desarrolla proyectos orientados a la valorización integral de los recursos forestales, la adaptación de los montes al cambio climático y la prevención de incendios. Asimismo, impulsa propuestas técnicas, legislativas y fiscales destinadas a fomentar la gestión forestal sostenible, promoviendo el asociacionismo forestal como herramienta clave para la vertebración del territorio y la incorporación de selvicultores activos.