Derecho a la vivienda

La Ley pretendía avanzar en la construcción de un nuevo pilar del Estado de Bienestar, cumpliendo el mandato constitucional de promover desde los poderes públicos las condiciones para hacer efectivo el derecho de los españoles a una vivienda digna. No es una ley menor, pero su desarrollo no será posible si no cuenta con el apoyo activo de todas las administraciones con competencias en este asunto: la central, las autonómicas y las locales. La ley reconocía la función social de la propiedad de la vivienda y trataba de incrementar la oferta, evitando que comprar o alquilar una casa a precios razonables sea imposible.

El Banco de España pronosticaba que en 2025 existirá un déficit de 600.000 unidades (esa fue la cifra de las acabadas en 2008) y analistas solventes afirman que se necesitarían 3,5 millones para que la demanda aumentase, se contuvieran los precios y las familias no tuvieran que gastar un 30% o 40% de sus ingresos en pagar su morada.

Los grandes fondos de inversión, especuladores inmobiliarios y rentistas acomodados nunca van a facilitar el acceso a una vivienda a precios ya no digo asequibles sino al menos razonables. Son depredadores y no admiten que se intervenga en este mercado para que acceder a ella sea un derecho.

Nunca se ha dicho que la solución a este problema fuera fácil, y más en un país que acoge a 85 millones de turistas internacionales (en el año 2023), especialmente en los meses de verano, que buscan espacios habitacionales en hoteles o en alojamientos con alquileres temporales. El uso y abuso de esta alternativa, el piso turístico o de temporada, tiene efectos inflacionarios y lastra fuertemente el crecimiento económico en zonas del país. La vivienda ya forma parte del negocio turístico.

El mercado es complejo, por el número de sujetos que intervienen con intereses no coincidentes y porque las políticas públicas no siempre han sido acertadas. Incluso cuando la legislación parecía prometedora, el problema no se ha corregido al no existir la necesaria decisión política para alcanzar esa corrección. Al mercado de la vivienda le afecta el desarrollo de la economía, la evolución del universo laboral, incluida la movilidad de la mano de obra, y de las políticas sociales y fiscales.

Importa impedir que las viviendas subvencionadas con recursos públicos salgan del parque público; que el parque público de vivienda social y las viviendas protegidas promovidas sobre suelos de reserva para vivienda tengan la calificación de protección permanente. En España es muy débil.

En las últimas décadas, 6 millones de pisos protegidos pasaron al mercado libre al expirar el plazo de protección. No es honesto que se vendan a «fondos de inversión» viviendas que estaban alquiladas despreciando de esa forma al inquilino.

Estaríamos actuando en la dirección correcta si se incentiva la construcción de nuevos pisos en suelo público para ofertarlos en alquiler; si movilizamos suelo construible, si fuéramos capaces de destinar a vivienda social los pisos acabados o pendientes de acabar o de rehabilitar que permanecen en los balances de la Sareb, como lo sería movilizar fondos destinados a rehabilitar barrios o construir viviendas en solares que fueron propiedad del Ministerio de Defensa o de otros Ministerios y que hoy son terrenos ociosos o en desuso.

Pero para desarrollar esas medidas u otras similares se necesita la acción coordinada del conjunto de las administraciones. Surgen dudas razonables sobre si todas las administraciones trabajan en la dirección correcta. No se entiende la actitud de algunas administraciones autonómicas y locales que no actúan con la diligencia exigible; daría la impresión de que esperan que la mano aparentemente «invisible» del mercado termine por arreglar las situaciones.

La escasa intervención de las administraciones en este problema ha conducido a que no haya un parque público de vivienda protegida y que el mercado de alquiler sea un mercado de gestión privada.

En este ámbito de tanta importancia para los ciudadanos nunca se es excesivamente intervencionista. Esa intervención pública que entiendo necesaria nos llevaría a pensar en la eficiencia económica, que no es otra cosa que combinar la justicia social y la libertad individual y conseguir lo que Keynes definía como «un capitalismo inteligentemente gestionado».