Los 109 nombres del caso Koldo en el Senado

Lo que empezó hace más de dos años como una asamblea que perseguía una posible malversación de dinero público se ha convertido en un mecanismo para, como señala la senadora de UPN María Caballero, «investigar las responsabilidades políticas» de hasta quince tramas diferentes debido a la aparición paulatina de distintos nombres en los informes que publica la UCO.

Con todo, la mayoría parlamentaria que posee el Partido Popular ha levantado suspicacias en el Grupo Socialista, cuyo voto fue positivo para la creación de la Comisión, pero que conforme se han sucedido las comparecencias ha acusado de «manosear» el objeto de la comisión por parte del grupo Popular. Fue el senador Alfonso Gil, del Grupo Socialista, quien resumió esta postura al denominar esta comisión como «la Comisión crucifixión».

Los senadores emplazaron el origen en Navarra en 2011. Santos Cerdán era entonces Secretario del Partido Socialista Navarro y coincidió con Koldo, con quien mantiene vínculos empresariales a través del constructor Antxón Alonso, relación que se señaló como «el laboratorio donde empezaron a mezclarse política, empresa y favores», por parte del parlamentario popular Gerardo Camps. El Senado, interesado en sentar las bases de la trama, mostró particular atención al contrato fechado en 2016 en el que Alonso cedía el 45% de las participaciones de la empresa Servinabar a Cerdán.

Las primarias del PSOE en 2017, en las que Pedro Sánchez fue nombrado Secretario General, fueron, para el Parlamento, las raíces de la trama. Tras interrogar al núcleo y al presidente del Gobierno, el Grupo Popular señaló el viaje que hizo Koldo en mayo de ese año a Madrid para custodiar los avales de Sánchez para las primarias como el momento en el que se formó en la capital 'la banda del Peugeot'. Estas elecciones formarían también el vínculo entre Koldo y José Luis Ábalos, unión que más adelante provocaría el contrato del navarro como conductor del ministro.

El Senado interrogó también a Pedro Luis Egea, Francisco Martín Aguirre y Francisco 'Paco' Salazar Rodríguez sobre la financiación de dicha campaña, en especial por el papel que desempeñó la asociación Bancal de Rosas en esta, con la sospecha de movimientos monetarios ilegítimos.

La madrugada del 20 de enero de 2020 el aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas acogió, entre otros, a José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a Koldo, su chófer y al empresario Víctor de Aldama, que esperan la llegada de la vicepresidente de Venezuela, Delcy Rodríguez.

El interés de la Comisión tras interrogar al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska y al Secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, además de los mandos de seguridad del aeropuerto, entre otros, se centró en las supuestas maletas cargadas de dinero no declarado y que podía deberse al encargo que Air Europa, que tenía deudas con el Gobierno de Venezuela, encomendó a Victor de Aldama, consejero independiente de la aerolínea, y que debía «recuperar el dinero que en bolívares tiene la compañía», como indicó el senador del Grupo Popular Luis Santamaría. Para la Cámara Alta esta reunión nocturna muestra la relación entre el núcleo de la trama y Aldama, lo que le servirá para señalarla como uno de los hitos fundacionales del 'Caso Mascarillas'.

Para el Senado, el núcleo de la trama se formó tras un nombre y apellidos: 'Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S. L.'. Las acusaciones de los populares señalaron que Koldo utilizó su cercanía a Ábalos para ser el conseguidor de los contratos que resultaron en 54 millones de euros. Al mismo tiempo, Aldama era el 'nexo corruptor' que controlaba la compañía para gestionar las adjudicaciones y la compra de material sanitario.

Los senadores, después de preguntar a responsables de las empresas públicas como Álvaro Sánchez, exsecretario general de Puertos del Estado, Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif o Pedro Saura, exsecretario de Estado de Transportes, creyeron que el Ministerio de Transportes era el centro operativo y que participó en la primera adjudicación, por un valor de 24, 2 millones de euros a través de Puertos del Estado y una segunda de 12, 5 millones por medio de ADIF. Y, por ello, hicieron comparecer a figuras políticas como Salvador Illa o María Jesús Montero, para interrogarlos sobre las relaciones que mantuvo la empresa con distintos ministerios: el contrato con Interior para la compra de material sanitario por 3,48 millones, el acuerdo marco en el que Sanidad incluyó a Soluciones de Gestión y que le habilitó para la compra de dos lotes de dicho material y el visto bueno a los contratos por parte de Hacienda.

La Cámara Alta indagó también las compras por parte de los gobiernos de las Islas Baleares y de las Canarias. En el primero de los casos, los interrogadores preguntaron a figuras del Gobierno de Baleares, como Francesca Armengol sobre las mascarillas adquiridas por 3,7 millones, pues llegaron a la conclusión de que eran inadecuadas, y en el caso de los canarios, a Ángel Víctor Torres en calidad de expresidente del Gobierno canario sobre el pago por un material que nunca llegó por 12,3 millones.

Desde el Senado se abrió una segunda Comisión de investigación para explorar el vínculo de la trama con el rescate de empresas por parte de la SEPI a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), creado en julio de 2020.

La primera de las transacciones que los senadores pusieron bajo lupa a la hora de interrogar a María Belén Gualda, presidenta de la SEPI, a Bartolomé Lora, vicepresidente de la sociedad y a Vicente Cecilio Fernández Guerrero, predecesor de Gualda, entre otros entre la que destaca la vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aaegsen, quien fue vocal el Consejo Gestor de la SEPI, los 475 millones de euros concedidos en 74 días en el rescate de Air Europa. Los senadores, suspicaces con la celeridad, casi récord, con la que se formalizó la ayuda, interrogaran a los actores de la operación sobre el papel que desempeñó Aldama en el rescate, que, como acusó el senador popular Francisco Bernabé, «por medio de su relación con las altas instancias gubernamentales del PSOE, consiguió el rescate de Air Europa en unas condiciones económicas sumamente ventajosas».

El grupo empresarial al que pertenece Air Europa, Globalia, se vinculó también a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno. El contrato firmado entre el África Center, del que Gómez era directora y Wakalua, empresa filial de Globalia y las supuestas reuniones entre Gómez y Javier Hidalgo, dueño del grupo empresarial provocaron que los parlamentarios buscaran, como señaló el senador Bernabé Pérez, saber si «ustedes le patrocinaban sus actividades a Begoña y ella les abría las puertas del Gobierno».

En el análisis de contratos, la Comisión de investigación sentó en el interrogatorio al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a raíz de su presunto papel en las ayudas dispensadas a la aerolínea Plus Ultra por un valor de 53 millones. Tras los interrogatorios a personalidades del entorno tanto de la aerolínea, Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, como del expresidente, María Gertrudis Alcázar, la Cámara Alta se enfocó en el papel que jugó el expresidente en la concesión de la ayuda por parte del Gobierno, más aún cuando constataron que los asesores internos no firmaron los informes sobre el rescate. Resultó de especial relevancia también la consultora 'Análisis Relevante', creada únicamente para canalizar el rescate y que podría haber malversado parte de los fondos. Por último, la Cámara Alta se centró en las posibles relaciones de la aerolínea con el Gobierno de Venezuela, a través de la cual Maduro pudo desvíar dinero.

La persecución de la trama por parte del Senado una vez superado el 'caso SEPI' se dificulta por la diseminación de las presuntas acciones del núcleo. Con todo, para el Parlamento lo distinto de las actividades que llevan a cabo es la prueba de una «red matricial» que se extiende por un amplio número de personalidades y empresas públicas.

Para el Senado resultó de interés la contratación de la expareja de Ábalos, Jésica Rodríguez, por parte de las empresas Ineco y Tragsatec. Los senadores lo encajaron, tras preguntar a empresarios públicos como, por ejemplo, Juan Pablo Gónzalez, director de Tragsatec o Carmen Librero, expresidenta de Ineco, como una contraprestación por los favores logrados por el ministro de Transporte. Esta mezcla entre fondos públicos y vida personal llevó al Parlamento a interrogar también acerca de la noche que pasó Ábalos el 15 de septiembre de 2020 en el Parador de Teruel. Se preguntaron principalmente por el incumplimiento de las restricciones sanitarias y las operaciones de silenciamiento del personal por parte de las autoridades.

Con la mirada puesta en la malversación fruto de esta red, los senadores volvieron a analizar las actividades de Servinabar que logró, junto a Acciona y Osés Construcciones la adjudicación de las obras del túnel de Belate por 76 millones. El Grupo Popular interrogó a personalidades del Gobierno de Navarra, entre ellas, María Chivite, presidenta de la Comunidad o Elma Saiz, exconsejera navarra de Economía y Hacienda, por las posibles irregularidades en la adjudicación y con la creencia de que también ellos participaron en el contrato.

Tras los contratos, el Senado comenzó a investigar las fuentes de ingreso del PSOE. Así llegaron al 'caso Villafuel', en el que analizaron el presunto fraude de 182 millones de IVA a través de una red de operadoras de hidrocarburos en el que 90 mil euros habrían acabado en Ferraz como compensación por la obtención de la licencia. La Cámara Alta convocó a comparecer en este caso a dos vicepresidentas del Gobierno como son Teresa Ribera y María Jesús Montero entre otros cargos públicos.

El siguiente de los pasos en la investigación sobre las cuentas del partido llevó a la Cámara Alta al grupo 'Hirurok', trío político formado por Antxon Alonso, socio de Cerdán en Servinabar, Vicente Cecilio Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI y Leire Díez, a la que los senadores denominaron como la 'fontanera' del PSOE. Para el Senado, tras sus interrogaciones, este grupo demostró la influencia de autoridades políticas para el rescate de empresas, especialmente la de Leire Díez, quien, como acusó la senadora de UPN María Caballero, «actuaba por encargo de la cúpula del partido y en comunicación con el Palacio de la Moncloa para realizar trabajos discretos».

«Trabajos discretos» tuvo para el Senado un significado evidente: Leire Díez, en su rol de 'fontanera', fue responsable de detener la investigación policial con respecto a la trama de corrupción.

Las investigaciones de la UCO, según el relato que sostiene la mayoría parlamentaria, habrían inquietado al partido que, representados por Leire Díez, y en palabras de la senadora Caballero Martínez, «quería acabar con él (Antonio Balas, jefe de la UCO)». Las investigaciones habrían llevado a Díez a recabar irregularidades en los informes de Balas para forzar su relevo y a intentar rehabilitar al comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, quien se hallaba suspendido por su implicación en la trama, con el fin de que este colaborase con ella.

Estos hechos, junto a un pendrive que supuestamente Díez entregó en Ferraz y contenía información sobre jueces con el fin de preparar los chantajes provocó sendos interrogatorios en el seno del Partido Socialista.