La polémica de Jumilla es global: «Es la guerra contra el islam»

Su promotor, el concejal de la formación de ultraderecha Juan Agustín Navarro, argumentó que se deben prohibir «celebraciones ajenas a nuestras tradiciones por tratarse de prácticas incompatibles con la identidad y usos y costumbres de la nación española», en línea con la proposición no de ley que Vox presentó en junio en todos los ayuntamientos y parlamentos autonómicos. En la práctica, esa decisión impide que los musulmanes de Jumilla, que representan en torno al 7,5% de sus 27.000 habitantes, celebren tanto Eid al-Fitr –el final del Ramadán– como Eid al-Adha –el día del cordero–. «Es la primera medida en España que impide celebrar fiestas islámicas en espacios públicos», ha celebrado esta semana el partido de Santiago Abascal en X. «¡España es y será siempre tierra de raíces cristianas!», recalca.

«No entendemos cómo algunos políticos de este país quieren derribar lo que los españoles han construido durante muchos años, como el ejercicio de la libertad religiosa que ahora están tratando de obstaculizar», denuncia Benjelloun. «Es racismo, xenofobia y, sobre todo, islamofobia. Porque los espacios deportivos se utilizan a menudo con fines religiosos, como en Semana Santa, pero quieren vetar a la comunidad musulmana. Es una guerra contra el islam», apostilla.

El choque no es exclusivo de España. El recelo hacia la religión mahometana crece en todo Occidente. La Agencia de la Unión Europea para los Derechos Fundamentales (FRA) constató en un informe del pasado mes de octubre que el porcentaje de musulmanes que han sufrido discriminación en el Viejo Continente ha crecido del 36% en 2016 al 47%, con Austria, Alemania y Finlandia liderando la lista con porcentajes por encima del 60%. «Estamos ante un preocupante aumento del racismo y la discriminación contra los musulmanes en Europa. Es una situación que se ve alimentada por los conflictos en Oriente Medio y agravada por una retórica antimusulmana deshumanizante», sentencia la directora de FRA, Sirpa Rautio.

Según el estudio, el problema afecta sobre todo a los musulmanes durante la búsqueda de empleo (39%) y de vivienda (35%). Y quienes más rechazo perciben son las mujeres ataviadas con vestimenta musulmana. La que cubre toda la cara –como el niqab o el burka– está ya prohibida en espacios públicos de media docena de países europeos, e incluso en otros de mayoría musulmana: el mes pasado, Kazajistán ilegalizó esta prenda con el argumento de que impide el reconocimiento facial.

No obstante, el presidente kazajo, Kassym-Jomart Tokayev, no escondió que existen otras razones: «La vestimenta nacional resalta nuestra identidad étnica, por lo que necesitamos popularizarla ampliamente, en lugar de llevar túnicas negras que oculten el rostro», afirmó, recordando que las mujeres kazajas solo han empezado a utilizar el velo integral debido a una radicalización importada de los países árabes.

En Europa la tensión se agrava también por el constante flujo de inmigrantes de esa esfera. «Es cierto que el mundo musulmán ha logrado mantener de forma masiva una antimodernidad que atenta contra el pluralismo y que choca con los valores de las democracias occidentales. Y que existe una parte del islam muy sectaria que vemos como incompatible y que no se puede integrar», explica Imanol Zubero, profesor de Sociología de la Universidad del País Vasco. «Pero quizá lo más sorprendente no sea el sectarismo de países como Afganistán sino la paradoja que presentan lugares como Dubái, donde la modernidad práctica y el capitalismo puro conviven con una falta de pluralismo religioso. Hay quienes sostienen, incluso dentro del mundo islámico, que es imposible la evolución desde esta visión. Sin embargo, creo que en Europa sí se está produciendo una evolución del islam, como sucedió con el catolicismo franquista tras la llegada de la democracia», apunta.

En opinión de Zubero, el islam provoca temor en gran medida porque «es la única alternativa civilizatoria en Occidente, como se demostró con la conquista musulmana de la península ibérica o el Imperio Otomano». Ese poso histórico, sumado a elementos como el terrorismo integrista y «el creciente uso de la islamofobia por parte de fuerzas políticas interesadas en plantear un choque de civilizaciones» crea el caldo de cultivo perfecto para enfrentamientos como los de Torre Pacheco e iniciativas legislativas como la de Jumilla, que tampoco es novedosa: el año pasado, la localidad canadiense de Ahuntsic-Cartierville, en Montreal, planteó prohibir la celebración del Eid al-Adha en un parque después de haber recibido numerosas quejas por los multitudinarios rezos islámicos.

La propuesta reabrió el debate sobre la secularidad del Estado, que recoge la Ley 21 de Canadá y que, entre otras cosas, prohíbe a funcionarios como profesores o policías hacer gala de cualquier símbolo religioso en el trabajo. La comunidad musulmana protesta porque considera que afecta especialmente a las mujeres que se tapan la cabeza con un hiyab, pero la población apoya que la religión se restrinja cada vez más a la esfera privada. El problema, señalaba David Rand, portavoz de una organización prosecular canadiense, es que, «si bien hay fundamentalistas en el cristianismo y el judaísmo, el islam tiene un objetivo político claro: ocupar el mayor espacio posible. Y no se puede convertir un parque público en un lugar de culto».

La polémica trasciende el ámbito occidental. No en vano, China es uno de los países que más restringen la práctica religiosa. De hecho, la República Popular es un país constitucionalmente ateo que, eso sí, reconoce cinco religiones –budismo, taoísmo, catolicismo, protestantismo e islam– y otorga a sus habitantes la libertad de credo. Lógicamente, todas las organizaciones religiosas están estrictamente controladas por el Partido Comunista, razón por la que a menudo se enfrenta con el Vaticano por la ordenación de obispos y con el Dalai Lama por la elección de su reencarnación.

No obstante, la principal lucha es con el islam. Hasta el punto de que en 2018 el gobierno chino fue acusado de llevar a cabo un genocidio –reducido posteriormente a 'genocidio cultural'– por el internamiento forzoso en campos de reeducación de hasta dos millones de uigures, la minoría étnica musulmana que habita la región de Xinjiang. Aunque los censos demuestran que la población uigur se duplicó entre 1982 y 2020 –periodo en el que estuvo eximida de la política del hijo único–, la polémica sigue justificando sanciones económicas hoy en día.

Una funcionaria del Ministerio de Asuntos Exteriores, que habla con este periodista bajo la condición de anonimato, defiende la medida para «combatir el extremismo» que se tradujo en sangrientos atentados por diferentes lugares de China y compara al islam actual con el cristianismo de la Edad Media «por el afán expansionista y los valores que promulga».

Argumenta que ninguna religión puede estar por encima del Estado ni dictar normas de conducta, y señala a Europa como ejemplo de lo que no se debe hacer: «El feminismo, el respeto a la diversidad sexual, el laicismo… Son aspectos que ha impulsado la misma izquierda que ahora ampara a quienes arremeten contra ellos directamente. Explotan las garantías que ofrece el sistema para ir contra el sistema mismo».

En su última cruzada contra el islam, China ha prohibido el niqab y ha puesto en marcha una gran campaña para retirar los minaretes, las medias lunas y otros elementos tradicionales de las mezquitas, que sustituye por tejados con las formas tradicionales del país. Una investigación del diario 'Financial Times' concluye que tres cuartas partes de 2.312 templos musulmanes han sido destruidas o reformadas para 'sinizarlas'. La funcionaria se remite a los resultados:#«El terrorismo ha cesado y ahora la convivencia es pacífica».

En cualquier caso, ningún país ha ido tan lejos en su lucha contra los mahometanos que Myanmar. La antigua Birmania, de mayoría budista, ha expulsado de su territorio a prácticamente todos los ciudadanos de la etnia rohingya, considerada por Naciones Unidas como la más perseguida del mundo. Primero internó a más de 150.000 en campos de desplazados internos, y luego los enfrentamientos con la población local provocaron su éxodo a la vecina Bangladés, donde actualmente malvive un millón de rohingyas en los mayores campos de refugiados del planeta.

A pesar de las críticas a nivel internacional por lo que es una limpieza étnica de libro, las 134 etnias oficialmente reconocidas en Myanmar hacen piña en este tema y rechazan a los rohingya. Ni siquiera Aung San Suu Kyi, Premio Nobel de la Paz e icono de los derechos humanos, ha intercedido por ellos. En el estado del que son originarios los consideran inmigrantes bengalíes ilegales, aunque hayan nacido allí desde hace generaciones.

«Hacen gala de un carácter invasivo», criticaba en una entrevista con este diario U Shwe Mg, líder del Partido para el Desarrollo de la Nación Rakhine. «No se integran. Al contrario, pagan a las mujeres rakhine para que se casen con ellos y las obligan a convertirse al islam. Luego, además, tienen muchos más hijos y rompen el equilibrio demográfico. Y roban, y violan. Es parte de la estrategia que los musulmanes tienen, a nivel global, para hacerse con el mundo», afirmaba, reflejando un discurso muy extendido por el país y cada vez más también por el mundo.

Zubero reconoce que «no son buenos tiempos para la concordia porque hay un repliegue social impulsado por movimientos populistas que se mueven en un contexto de incorrección ética». A pesar de ello, el sociólogo no es pesimista. «Estos choques son importantes, pero también anecdóticos. La mayoría de la gente apuesta por la convivencia, y hay muchos más ejemplos de civismo. No creo que sea un cáncer que nos vaya a matar, pero la contaminación seguirá y se incrementará», avanza.