Un año sobre un campo de minas

El cierre de filas de los socialistas con este asunto se explica en buena medida por el repliegue defensivo que propicia el clima de polarización política extrema. Incluso aquellos que pudieran albergar dudas están tan convencidos de que la elevación de las informaciones publicadas al ámbito judicial es tan «desproporcionada» que evitan formularlas. Pero esa actitud colectiva tiene también otra razón de ser: el liderazgo inapelable de quien a punto estuvo de ser un apestado y del que se alejaron incluso alguno de sus colaboradores más cercanos, hoy de nuevo a su vera.

Diez años después de su victoria prestada en las primarias de 2014 frente a Eduardo Madina, al que buena parte del partido consideraba el heredero natural para la secretaría general, y transcurrido un año desde el 23 de julio que lo vio resurgir una vez más de sus cenizas, Sánchez no solo sigue en pie sino tan anclado al bastón de mando interno que, como pudo comprobarse en sus cinco días de encierro solitario en la Moncloa, el pasado abril, la mera idea de tener que afrontar su sucesión provoca un vértigo atroz en el PSOE. No es que toda la formación entendiera aquella reacción. Muchos no lo hicieron. Pero callaron.

Callaron como todos lo habían hecho antes –con la excepción de una 'vieja guardia' encabezada por Felipe González y sin nada ya que perder; el barón con más peso institucional pero más 'outsider' del PSOE actual, Emiliano García-Page; y el ya de salida líder de los socialistas aragoneses, Javier Lambán– cuando, de la noche a la mañana, decidió que seguir en el Gobierno bien valía el pago a Junts y ERC de una amnistía para todos los delitos relacionados con el desgarrador 'procés' catalán. Una medida rechazada una y mil veces por inconstitucional en la legislatura previa.

El silencio fue posible porque hace tiempo que el PSOE asumió la filosofía explicitada por Sánchez en el comité federal en el que confirmó que estaba dispuesto a conceder el olvido penal a Carles Puigdemont: «Hay que hacer de la necesidad virtud». Esa estrategia de jugar en corto –«pero mantener la mirada larga», defienden los suyos– fue la que, entre otras cosas, le permitió llegar en primera instancia al Gobierno, en 2018, cuando las encuestas situaban al PSOE en empate técnico con Podemos y Ciudadanos, con una moción de censura inverosímil contra Mariano Rajoy y superando el anatema de pactar con el independentismo gracias al paraguas de la sentencia del 'caso Gürtel'. Dijo que la suya era una operación ética, un imperativo moral para acabar con la corrupción, que convocaría elecciones de inmediato. No lo hizo. Y a partir de ahí, todo fueron patadas al balón y adelante.

Sánchez se ha acostumbrado a vivir en el alambre. Llegó a la conclusión de que volver a ser un partido de mayorías no estaba al alcance de su mano. Él, que cuando tomó las riendas del PSOE era el candidato más a la derecha del partido (el tercero en las primarias de 2014 fue José Antonio Pérez Tapias, de Izquierda Socialista), no ha dudado en acomodarse al viraje ideológico que le exigían las circunstancias para pactar investiduras o evitar el sorpaso del hoy capitidisminuido Podemos.

En Moncloa reivindican su labor en contextos muy complejos. «Nuestro Gobierno está logrando que España crezca cinco veces más que la media de la Unión Europea en términos económicos. Hemos conseguido que haya más de 21 millones de afiliados a la Seguridad Social. Estamos avanzando en derechos, en becas, en pensiones, la ley de paridad que va a ser una realidad la próxima semana. Y por tanto, el PP y Vox renuncian a hacer una oposición política y se centran en ensuciar el buen nombre de personas honestas», esgrimió este viernes el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

Las elecciones locales de mayo del pasado año y las gallegas de febrero evidenciaron que la 'marca PSOE' ha sufrido un importante desgaste en muchas comunidades. En las vascas de abril, el PSE salvó la cara gracias a un ligero crecimiento y a que su resultado fue clave para reeditar la coalición de Gobierno con el PNV. Pero el éxito (insuficiente) del exministro y líder del PSC, Salvador Illa, en Cataluña, y la pérdida de la mayoría absoluta del independentismo han ayudado al discurso de que la política de desinflamación de uno de los conflictos más disruptivos de la política española ha surtido efecto. El fin y los medios.

En medio del estruendo de una legislatura de altísimo voltaje con la amnistía y las tensiones institucionales que esta ha provocado, el 'caso Koldo', las polémicas en torno al fiscal general, el señalamiento a su esposa... Sánchez exhibió de nuevo su capacidad de resistencia en las europeas del 9 de junio, que, sin embargo, revelaron también debilidades territoriales y un desgaste de Sumar, su socio de coalición, que podría ponerle las cosas difíciles en caso de tener que ir a unas generales anticipadas.

El PSOE insiste en rechazar ese escenario. Pero las dudas persisten. Si Illa no logra ser investido, el 13 de octubre se celebrarán nuevos comicios en Cataluña y el Ejecutivo es consciente de que ese escenario dificultará la aprobación de unos Presupuestos indispensables. En caso de que el PSC llegue a un acuerdo nada sencillo con ERC para la Generalitat, está por ver la actitud de Junts, partido subordinado a Carles Puigdemont que, para más 'inri,' no ha logrado aún ver despejado su camino hacia el olvido penal dada la interpretación que el Tribunal Supremo hace sobre el encaje del delito de malversación en la polémica ley.

Sacar adelante iniciativas en lo que va año con unos socios ideológicamente heterogéneos (Sumar, Esquerra, Junts, PNV, Bildu, BNG y Podemos) ya se ha demostrado una misión compleja. Sánchez apela ahora al PP –con el que tras cinco años y gracias a la mediación de la Comisión Europea, cerró el mes pasado un acuerdo para renovar el Consejo General Judicial– en un intento de combatir la sensación de parálisis con normas que cataloga como «de Estado». La reforma de la ley de extranjería, propuesta como solución a un fenómeno que ha provocado la ruptura de los gobiernos autonómicos de los populares con Vox (el de la acogida de los menores inmigrantes hacinados en centros de Canarias), es una de ellas. La ley de publicidad institucional, parte de lo que el presidente esgrime como su «plan de regeneración democrática», otra. También lo es la ley del suelo. Que el Ejecutivo que se reivindica como «muro» frente a la derecha y la ultraderecha logre que Alberto Núñez Feijóo, ganador de los comicios sin trono, le lance un salvavidas resulta, sin embargo, improbable.