Mª Eugenia Prendes | Fiscal de Sala Coordinadora contra la Violencia sobre la Mujer
«Matar nunca es el primer acto de violencia contra una mujer, sino el último; debemos estar alerta antes»
La voz del Ministerio Público en materia de violencia machista retrata la dificultad de su tarea cumplido un año en el cargo, en un verano que revive la concentración de asesinatos
Madrid
Han pasado solo unas horas desde que María Eugenia Prendes (Oviedo, 1960) asistiera al cuarto comité de crisis convocado por Igualdad este año el pasado ... 28 de julio por la concurrencia de varios asesinatos machistas cuando recibe a este diario para hablar de violencia de género. Aún no habían acontecido los otros tres casos de esta semana, en Santander, Murcia y Asturias. Este último, en su tierra, lo llevo personalmente en 2019. Como fiscal delegada para esta materia en Asturias desde 2012, vivió muy de cerca casos «tremendos». Aquella experiencia, reconoce, fue «un antes y un después» que «marcó su carrera» para siempre. Y a pesar de la «complejidad» que le reconoce a esta área, no le ha dado la espalda. Al contrario. Cuando Teresa Peramato fue designada Fiscal General en sustitución de Álvaro García Ortiz, pidió –y fue la única– liderar la Sala Coordinadora contra la Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía Superior del Estado. Tras un año en el cargo, al que accedió por unanimidad, se confiesa «satisfecha», pero con mucho por hacer.
–Cumple un año en el cargo. ¿Volvería a pedirlo como hizo entonces?
–Un año y un mes, sí. Tuve muchas dudas. Es una materia difícil, con muchos matices, mucha responsabilidad y preocupación, porque, aunque pongas todo de tu parte, siempre hay algo que se puede escapar y las consecuencias son tremendas. Pero a mí me gustó desde el primer día. Me pareció que se podía hacer muchísimo, y se hace muchísimo. Desde que soy fiscal de sala, que es como una atalaya desde la que ves todo, estoy asombrada de la cantidad de iniciativas que se hacen, del esfuerzo y de las ganas por parte de todos los fiscales. Es un trabajo que, aunque tremendo, es muy satisfactorio porque se hace muchas cosas. Lo que no sé es cómo no tenemos más éxito.
–¿En qué sentido?
–En el de que las cifras sean mejores, en los resultados. Sí que los casos son a la baja y sostenidos, pero debería haber sido algo más contundente por el esfuerzo formativo, normativo, de presupuesto... Aunque si nos comparamos con otros países como Francia, donde las cifras son altísimas, a ellos les sorprende cómo han bajado las nuestras.
–¿Cómo ha vivido los acontecimientos de Llanes, su tierra?
–Conozco los datos porque yo llevé el caso anterior del año 2019, en el que hubo una agresión muy violenta. Las particularidades concretas del asesinato del jueves no las conozco todavía de manera oficial, pero es un tema realmente doloroso por no haber podido impedir este resultado fatal.
–¿Por qué el agente estaba en libertad con una condena?
–Estaba en libertad porque cumplía los requisitos para que se le concediera la suspensión de condena que incluye como condiciones que no se aproxime ni comunique con la víctima y la realización de un curso formativo. Debemos reflexionar sobre cómo prolongar la protección a las víctimas a través de qué mecanismos o figuras como la libertad vigilada, es algo que debe estudiarse detenidamente. No creo que se pueda o deba lanzar propuestas sin meditar.
-Esta semana hemos tenido tres casos muy cercanos. La anterior, otros tantos. ¿Qué explicación le da a que en verano se dé esta concentración?
-La concentración de casos en determinados periodos es algo que se viene observando en las estadísticas y se da porque son periodos de mayor convivencia, donde concurren distinto régimen de vida, junto a otros muchos factores y circunstancias, también merecedores de estudio específico.
-¿Asistió al último comité de crisis de Igualdad? ¿Qué se obtiene de estos cónclaves?
–Sí, voy personalmente. Las conclusiones corresponden a la delegación del Gobierno para la Violencia de Género, pero sí diré que en estos encuentros se quiere ir un poco más allá para sacar ideas y propuestas que tengan relevancia, para mejorar y ver si hay puntos ciegos a vigilar. La Fiscalía aporta lo que sabe por la parte jurídica y también se analiza si hubo instituciones implicadas –servicios sociales, sanidad, etc.– que pudieran activar la detección temprana, si había adicciones, datos sociológicos, si hay hijos...
–La cifra de huérfanos de esta lacra también crece. ¿Qué diagnóstico hace de su situación?
–Es un tema que me preocupa porque muchas veces, pasado el asesinato y a veces el suicidio, no se adoptan decisiones inmediatas. En un momento en el que la familia está en 'shock', desde los juzgados se comunican con las instituciones o con algún familiar para que se hagan cargo, pero luego esa situación se prolonga en el tiempo y eso no puede ser. Hay que activar inmediatamente medidas respecto a los menores para dotarlos de un estatus jurídico.
–¿Como cuáles?
–De todo tipo: que se haga una guarda de hecho, un acogimiento o una tutela legal por parte un familiar y que, sobre todo, tenga un seguimiento rápido y no que den en un limbo. Para que puedan recibir ayudas, para que se les pueda gestionar pensiones de orfandad, etcétera. Es algo de lo que no nos damos cuenta. Son muchas las dificultades con las que se encuentran las familias después del asesinato y no deberían. Se trataría de ampliar la asistencia a los huérfanos, incluyendo la asistencia psicológica inmediata.
–Qué falla en su área, la jurídica, en casos como el de la pareja de Toledo, en el que en un divorcio de mutuo acuerdo decaen las medidas de protección y ella es asesinada.
–Ahí lo primero es valorar si realmente un procedimiento de mutuo acuerdo es adecuado para conflictos de violencia. En un mutuo acuerdo uno tiene que ceder y cuando hay violencia siempre hay desigualdad, no hay una posición simétrica entre las partes que negocian. Este desequilibrio hace que la mujer ceda en muchas cuestiones, incluso que salga perjudicada y empobrecida. El Instituto de la Mujer de Navarra lo llamó 'la cesión aplacatoria', donde la mujer, con tal de acabar cuanto antes con la sucesión de procesos que tiene encima, cede. Creo que una denuncia de maltrato es incompatible con un divorcio de mutuo acuerdo. Suena contradictorio. Sin hablar del caso que cita, sí creo que hay que estudiar si es adecuado.
«Llevé el caso de Llanes en 2019. Fue una agresión muy violenta. Es realmente doloroso no haber podido evitar este resultado fatal»
–¿Hay otros recursos de control para intentar llegar a la realidad oculta?
–Cuando una víctima dice que ya no tiene miedo, que no necesita la medida de protección, hay que ver cómo se ha formado su voluntad para tomar esa decisión, porque su propio entorno puede presionarla. Personalmente, lo que hacía cuando trabajaba en el juzgado era pedir a la Policía una valoración de riesgo actualizada para poder tener con qué comparar. Pero no siempre es fácil. A veces los agentes no encuentran ni colaboración para la protección. Este es un fenómeno muy complejo.
–Tanto que las víctimas de maltrato, como ha dicho en alguna ocasión, no son conscientes de serlo.
–En muchas ocasiones no perciben el riesgo, no. Ni siquiera saben que son víctimas. Y cuanto más jóvenes son, peor. Creen que pueden solucionar el tema por sí mismas. Sí que ha habido una evolución. Recuerdo a mujeres maltratadas decir, por ejemplo, que pese a todo él era un buen padre y que no quería quitarle a sus hijos. Con los años y con la ley vamos todos aprendiendo, conociendo más el tema, estudiándolo... Y te das cuenta, efectivamente, de que esto es algo totalmente incompatible.
–Lo contempla el proyecto de Ley de Violencia Vicaria, sí. ¿Qué otros cambios sugiere a nivel jurídico?
–Ahora mismo, por ejemplo, lo que citaba del mutuo acuerdo y también que no sean vistos casos de violencia de género en juicios rápidos. No son el procedimiento idóneo y se siguen haciendo. También el hecho de que se hagan pocas atribuciones unilaterales de la patria potestad a la mujer para que decida sola sobre médicos, residencia, colegios, etc. sin tener que contactar con esa persona. Para mí es una reforma muy necesaria y también la que se está haciendo para fomentar la escucha activa los menores. Pero junto a esto, digo que tenemos muy buenas leyes, pero que no han alcanzado su apogeo. Tiene que pasar tiempo para ver su calado, además de dotarlas de medios y presupuestos.
–¿Caben los prejuicios personales en la aplicación de estas leyes?
–Todos tenemos estereotipos arraigados y en violencia de género es donde realmente lo ves. Es algo de lo que tenemos que hacernos conscientes y en lo que hay que trabajar y formarse. Ya no digo para quitarnos los prejuicios, sino para que nos salte la alarma y pongamos perspectiva de género, de infancia... en lo que estemos haciendo que nos toque. En la Fiscalía estamos a la vanguardia en formación. Ha cambiado mucho en los últimos años.
–¿La sociedad también?
–Tampoco es que haya un cambio de paradigma. La gente se escandaliza cuando hay tres asesinatos en pocos días o con los casos de niños, que son tremendos. Pero hay que estar antes; hay que ver qué era lo que estaba pasando antes, porque la violencia vicaria tiene formas extremas, pero también muy sutiles que pasan más desapercibidas pero que están ahí. Sucede igual con la violencia hacia las mujeres. El acto de matar nunca es el primer acto de violencia contra una mujer, es el último. En eso debemos estar formados y alerta.
«Las denuncias se elevarán a medida que el sistema cuestione cada vez menos a las mujeres»
–En muchos casos la denuncia funciona como detonante. ¿Puede tener esto en la práctica un efecto perverso para combatir esta lacra?
–No es tanto la denuncia, sino la decisión de ruptura. Cuando la mujer se empodera, decide que no quiere seguir con esa vida, dice que se quiere separar y además pone una denuncia, lo que se ve es ésta como detonante, pero se trata de la ruptura que llevaba tiempo gestándose. Es entonces cuando el maltratador mata porque no puede seguir maltratando. Es así, mata porque no puede seguir ejerciendo esa dinámica de control. Lo vemos también con los hijos, que se convierten en instrumentos para seguir controlando, para seguir ejerciendo violencia. El verdadero detonante es cuando ven que pierden el control.
–¿Se denuncia todo lo que se debiera?
–Desde luego, denunciar hay que denunciar porque es una puerta de entrada al sistema, que habilita protección, etc. Es una garantía. Es cierto que la cifra de infradenuncia sigue siendo muy elevada y se están habilitando todo tipo de mecanismos para ver qué mujeres no denuncian y cómo llegar a ellas. Pero a medida que el sistema judicial vaya entendiendo, acompañando y protegiendo a las mujeres, cuestionándolas cada vez menos, se irá elevando la cifra de denuncias. Creo que con toda la formación que hacemos todos los operadores jurídicos, cada vez estamos sabiendo más cómo recibir y atender a las mujeres. Porque lo que no puede ser es que llegue una mujer que, no sólo denuncia, sino que demuestra tener confianza en el sistema y que se ve cuestionada, que no obtiene nada, que ve que está en un sitio totalmente hostil, que no se la escucha... Creo que cada vez más también hemos ido entendiendo que la víctima debe estar en el centro y que es ella por la que los demás estamos ahí.
–¿Hay margen de pedagogía en la Justicia con respecto a este trato?
–De pedagogía y más. Por ejemplo, cuando se trata de delitos contra la libertad sexual que también afectan al sentimiento de dignidad de las mujeres o incluso de vergüenza. Ahí creo que la profesionalidad que nos da la formación es por donde debemos caminar. No tanto la empatía o la sensibilidad de cada uno.
–¿Se dio el colapso que se denunciaba al sumar los juzgados las competencias en violencia sexual?
–Todavía no se está viendo la dimensión; lo hará en un tiempo. Todavía es pronto para dimensionar y poner en cifras el volumen que va a suponer la ampliación de competencias en esta materia. Así que todavía no estamos viendo la gran avalancha, que la habrá.
–¿Hay más casos de violencia sexual que de malos tratos?
–En la violencia sexual también hay una cifra de infradenuncia muy elevada aún. Aunque es un delito semipúblico, es decir que la Fiscalía solo puede actuar de oficio en los supuestos fijados por el Código Penal -cuando hay personas vulnerables, etc.- yo soy de la opinión de que en las formas más graves o extremas de violencia sexual el Ministerio Público debería bastar para perseguir de oficio. Creo que hay una realidad ahí que todavía tiene que aflorar.
–Pulseras con fallos, asesinadas estando en VioGen... ¿Necesita evolucionar el sistema de protección?
–Hay muchísimas órdenes de protección y se adoptan medidas en función de los niveles de riesgo. Insisto siempre en que VioGen no hace predicciones, sino que estima el riesgo. Son estimaciones que se van evaluando y calibrando. No se puede poner desde luego un agente de policía detrás de cada mujer, aunque el esfuerzo y el interés es grande en todos los Cuerpos. Pero si se quiere saltar la orden de protección, se la puede saltar, pero lo importante es que tenga consecuencias porque es un quebrantamiento. Lo que no puede quedar es sin consecuencias y estas tienen que ser claras e inmediatas. Hay otro medios aparte de las pulseras, como el teléfono, que muchas mujeres lo piden porque se sienten seguras. Y la crisis de las pulseras del año pasado sirvió de acicate para revisarlo. Los sistemas son eficaces porque saltan las alarmas y esperemos que siga así. Además, se están mejorando para que sean menos penosos de llevar para las mujeres.
«El negacionismo es más ruido político; no veo que influya en la gente a nivel social»
–La educación es el remedio universal contra la violencia machista, pero los estudios revelan un retroceso en los jóvenes.
–No sé si el futuro traerá lo que esperamos que sea el fruto de lo que se está haciendo ahora en política y en inversión, si lo que se demuestra es que hay un afloramiento de las conciencias machistas en la gente muy joven porque sienten que pierden derechos, etc. Ahí es donde tiene que haber educación, pero en las familias también; no se puede fiar todo al colegio. Lo peor de todo este tema es la pornografía, cómo se recibe la educación afectivo-sexual. En esto tenemos un suspenso, un cero tremendo. Lo malo es que normalizan los comportamientos y no perciben que haya violencia. Muchos chicos no se reconocen como agresores ni muchas chicas como víctimas.
–¿Cree que el negacionismo en política puede hacer mella a la hora de combatir esta lacra social?
–Yo creo que no, que lo que hay es más ruido político. El Pacto de Estado no se renovó con unanimidad como la primera vez en el año 2017, pero da igual porque se acordaron una serie de medidas concretas, de las que hemos visto su desarrollo y aplicación efectiva. Pero no veo que esta idea política influya en la gente a nivel social. No digo que las leyes estén blindadas contra negacionismos porque nadie lo está -tenemos el ejemplo de Estados Unidos- pero creo que es lo mismo que sucede con el cambio climático, los argumentos no pueden ser tan simplistas y reducidos al absurdo cuando se trata de fenómenos complejos.
–¿Podemos afirmar que la mujer está realmente protegida en España con este conteo constante?
–Hacemos todo lo posible para que lo esté. Hay casos en los que se puede culpar al sistema, en los que la responsabilidad es nuestra. Pero creo que sí, que las mujeres tienen que empezar a confiar. Yo decía siempre que las mujeres no confían en la justicia porque la justicia no confía en las mujeres. Creo que cada vez más hay un esfuerzo creciente por acercarnos a las víctimas, por entenderla, por conocer el fenómeno de la violencia. Estamos aprendiendo y todavía queda mucho desarrollo, pero realmente yo creo que ahora hay una determinación clara por protegerlas.