Los secretos inconfesables de la Iglesia

El Parlamento francés ha sido el último en atreverse a abrir el melón de acabar con el secreto de confesión de la Iglesia para situaciones graves como la pederastia eclesial, un debate muy delicado que reaparece de manera cíclica desde que la lacra de los abusos a menores explotara con toda su crudeza. El pulso entre el poder civil y el poder eclesiástico es tan viejo como la historia del cristianismo desde sus orígenes y se ha manifestado en numerosos episodios, en los que se entrecruzan las distintas esferas. Y ese enfrentamiento va a continuar porque ya se ha cruzado la línea roja.

Pero en este asunto, el Vaticano no va a ceder ni un milímetro, pese a que su posición afecte a su credibilidad en el lacerante dosier de los abusos, en el que la Santa Sede está haciendo grandes esfuerzos desde que Benedicto XVI y Francisco enarbolaran la bandera de tolerancia cero. Todo indica que Roma no va a renunciar a un fuero que considera sagrado, por encima de las legislaciones civiles, porque su legitimidad «la recibe de Dios».

Esta cuestión no es negociable para la Iglesia. Consciente del movimiento que se les viene encima, León XIV aprovechó su reciente discurso en el Congreso de los Diputados para abordar el tema y zanjar el debate. En el contexto de la libertad religiosa, el Papa se refirió a la «justa delimitación del poder público, de modo que la libertad de las personas, de las comunidades y de las asociaciones no sea indebidamente restringida», invocando que la «legítima autonomía del poder temporal jamás debe interpretarse como hostilidad hacia el fenómeno religioso». En ese marco, el pontífice colocó el sigilo sacramental de la confesión, que «reviste una importancia especial para la Iglesia católica». ¿A qué venía esa alusión si en España ese debate es irrelevante? Prevost estaba hablando para Europa y para el mundo.

León XIV señaló que el secreto de la confesión «se inserta en el ámbito más amplio de la libertad religiosa, que garantiza a las comunidades creyentes un espacio propio de vida, organización y disciplina interna», un principio que se recoge en el acta final de la Conferencia sobre Seguridad y la Cooperación de Helsinki de 1975. El Papa aseguró ante diputados y senadores españoles que «tutelarlo jurídicamente, como sucede de modo análogo en algunas profesiones, significa preservar un espacio sagrado de libertad interior, donde el creyente puede abrir su alma ante Dios sin temor a presiones externas». Y ahí el pontífice esgrime su reconocimiento en normas internacionales como las incluidas en la Corte Penal. En España está protegido por la Ley de Enjuiciamiento Criminal y por los Acuerdos Iglesia-Estado.

Este mensaje pasó desapercibido entre quienes analizaron la intervención papal, pendientes de sus alusiones a la polarización parlamentaria. Pero quienes elaboraron el discurso, que tuvo mucha densidad intelectual pero también mucha carga política, sabían que tenían una oportunidad de oro para cortocircuitar las iniciativas para limitar la confesión y ahí la Santa Sede no se va a callar. Sin confundir el plano jurídico con el moral, la Iglesia defendía su espacio, y lo hacía por boca de su líder, guía de más 1.400 millones de fieles. Era un aviso a los legisladores y para ello el Vaticano utilizaba a España como plataforma, consciente de que es un referente para Europa y un espejo para Latinoamérica. Australia, donde surgió este debate con fuerza, queda muy lejos.

En Australia, en 2018, varios estados discutieron leyes que obligarían a los sacerdotes a denunciar los abusos sexuales a menores de los que tuvieran conocimiento a través de la confesión. En los debates parlamentarios participaron jerarcas de la Iglesia para justificar su postura contraria con el argumento de que «los pecados no se confiesan al sacerdote sino a Dios», y supondría un atentado contra la fe y la libertad religiosa. Sin embargo, el 1 de noviembre de 2022 en el estado de Australia Occidental entró en vigor la ley que obliga a los sacerdotes católicos a violar el secreto de confesión si es que en el sacramento reciben información sobre agresiones sexuales a menores, una norma que se amplió a los ministros de otras confesiones religiosas.

Varios años antes, en 2011, había sido la católica Irlanda, donde el Vaticano y el Gobierno mantuvieron un enfrentamiento en plena crisis de los abusos. El entonces primer ministro, Enda Kenny y los titulares de las carteras de Interior y de la Infancia acusaron a la Iglesia de encubrimiento y de entorpecer el trabajo de la justicia civil, y abogaron por activar una ley que obligara a los sacerdotes a romper el secreto de confesión. Fue un choque fuerte en las relaciones Iglesia-Estado, pero en este caso la sangre no llegó al río.

Tras las primeras iniciativas, el Vaticano decidió fijar su posición en 2019 a través de una nota aprobada por el papa Francisco y elaborada por la Penitenciaría Apostólica, que, desde hace ocho siglos, es el tribunal encargado de tratar los asuntos que concierne al denominado «foro interno» de la Iglesia. Se refiere al ámbito íntimo de la relación entre Dios y el pecador, entre los fieles y Dios. Cuestiones de conciencia. Es el dicasterio (el equivalente a un ministerio civil) más antiguo de la Curia romana. No es un tribunal en el sentido moderno de la expresión porque su actividad jurisdiccional no tiene carácter intermediario, sino voluntario, y no de forma pública.

En la nota, firmada por el entonces penitenciario mayor, el cardenal Mauro Piacenza (ahora lo preside Angelo de Donatis), el Vaticano recordaba que la inviolabilidad del 'sello sacramental' proviene directamente del derecho divino revelado y está arraigado en la naturaleza misma del sacramento. Hasta el punto de no admitir ninguna excepción. Es un derecho absoluto. Añadía que ese secreto «forma parte de la esencia misma del cristianismo y de la Iglesia y que el sacerdote sería un intermediario». Los curas «no pueden de ninguna manera revelar lo que les es revelado en confesión, un secreto que deben defender, si es necesario, hasta el punto de derramar su sangre».

El último pulso lo ha mantenido Francia tras la sacudida por los casos de abusos cometidos durante décadas en el centro religioso Notre Dame de Betharram en el Pirineo vascofrancés. El Gobierno llegó a convocar al presidente del episcopado galo tras declarar que el sacramento no es un secreto profesional al uso y está por encima de las leyes de la República. La disputa ha quedado en tablas. La Asamblea Nacional aprobó el pasado 1 de junio por 187 votos a favor y ninguno en contra una ley de protección de menores, pero sin el polémico artículo que habría obligado a los sacerdotes a denunciar ante las autoridades los abusos conocidos en el marco de una confesión.