«Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»

Así que ha decidido que ya no se calla más. Hasta ahora solo sabían lo que había sucedido sus cercanos, su familia y las dos amigas que estaban con ella aquella noche. «Habíamos ido a la discoteca 'Back&Stage', en Bilbao. Allí conocí a un chico. Bailamos y nos besamos. Él no bebió alcohol en toda la noche. Yo sí y, al cabo de un rato, salimos a la calle a tomar el aire. Allí nos volvimos a besar. Como yo me encontraba bastante mal, me sugirió alejarnos caminando un poco. Me llevó a la zona de Mazarredo y, en unas escaleras donde había una obra, me agredió sexualmente».

A partir de ese momento, en torno a las tres de la madrugada, los recuerdos de Izaro están envueltos «en una nebulosa». «Recuerdo decirle que parara y a él responderme que estuviera tranquila. Cuando acabó se marchó y me dejó allí. Yo estaba bloqueada, en shock. Acerté a llamar a mis amigas por teléfono». Relata que el presunto agresor apareció de nuevo por allí poco después. «Le recriminé lo que me había hecho y él empezó a decir que no había hecho nada malo y se fue». Llamaron entonces a la Ertzaintza y, gracias a la descripción facilitada por Izaro, le localizaron enseguida.

Los agentes hablaron con ambos «por separado» y detuvieron al chico, de 20 años, por un presunto delito de «agresión sexual con penetración». A ella la trasladaron al hospital de Basurto, donde se activó el protocolo en casos de violación. «Se portaron muy bien conmigo», recuerda Izaro, quien, tras volver a casa «ya de mañana», fue llamada a declarar la tarde siguiente, asistida por la abogada de oficio que se encontraba en ese momento.

La letrada solicitó medidas cautelares: retirada de pasaporte y prohibición de acercamiento. Pero el juez no concedió ninguna. «Lo que ha pasado se veía venir. Desde el principio temimos que huyera a Mali, su país de origen. El juez justificó la denegación de retirada de pasaporte alegando que él tenía arraigo en Bilbao, pero no pudo acreditar ni dónde vivía ni dónde trabajaba. Tampoco concedió la orden de alejamiento porque vivíamos en municipios distintos».

La abogada recurrió a la Audiencia Provincial, donde una triada de jueces estimó en parte su petición, y aunque no le retiró el pasaporte, sí impuso al acusado la obligación de comparecer en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes. Eso fue en marzo y «teóricamente ha comparecido». Hasta que dejó de hacerlo hace unos días. A principios de septiembre se señaló la declaración indagatoria, una diligencia procesal judicial que implica la comparecencia del sospechoso para que sea informado de los cargos en su contra y de las pruebas que justifican la acusación. Estaba citado para el 30 de septiembre, pero tras notificársele por correo el aviso, este fue denegado. El juzgado ordenó entonces que una patrulla de la Policía fuera a informarle de la citación personalmente a su domicilio, «pero al llegar al piso, las personas que estaban aseguraron que ni vivía allí ni le conocían».

«Nos saltaron todas las alertas». La letrada pidió entonces al juzgado que verificara que el acusado había comparecido el día 15 de septiembre, como le correspondía. Aunque a día de hoy no han recibido aún confirmación (o lo contrario) del juzgado, dan por seguro que no acudió. «Él llamó a su abogada el 12 de septiembre para comunicarle que había salido del país y que se había marchado a Mali, donde reside su familia».

Izaro se llevó «un enorme chasco». Y decidió dar la cara. Ha grabado un vídeo en Instagram en el que denuncia la «violencia institucional». «El sistema ha fallado y ha permitido que mi agresor escape. Pero, ¿quién va a pagar por ello? ¿El juez que denegó las cautelares al día siguiente de la agresión, la Audiencia Provincial que solo las estimó en parte?». En el vídeo, que acumula casi un millón de visualizaciones, la joven carga también contra el Ayuntamiento de Bilbao. «Los políticos salen hablando en público y siempre les dicen a las víctimas que se ponen a su disposición, pero lo hacen por una cuestión de imagen, para ponerse 'el lazo morado'. Porque la realidad es que a mí no me ha llamado nadie».

Sus reproches señalan incluso a la Ertzaintza. «Al cabo de tres días vi publicada la noticia de mi agresión. La vio mi padre, que se dio cuenta de que estaban contando lo que me había sucedido a mí. Está bien dar visibilidad a estos delitos, pero hay que cuidar a la víctima. ¿No podían haberme avisado antes de que iban a mandar una nota a los medios de comunicación? Es duro leer en un periódico lo que te ha sucedido».

Llegados a este punto, a Izaro solo le queda el desahogo. «Mali no tiene convenio de extradición con España. Por mucho que le haya dicho a su abogada que tiene intención de volver para el juicio, no lo va a hacer. O lo hará cuando el delito haya prescrito». Con la impotencia de saber que no está en su mano hacer nada, Izaro se pregunta qué ha conseguido denunciando. «Es triste pero, si lo sé, no denuncio. Llevo un año con psicólogos, me entrevistaron durante cinco horas tres forenses que confirmaron que sufro un estrés postraumático alto. He tenido que revivir varias veces lo que ha pasado... Y el agresor se va a ir sin castigo».