Morocho, el inspector que sacudió el juicio de 'Kitchen'

La crudeza de este episodio relatado por el inspector jefe Manuel Morocho en el juicio a la 'operación Kitchen', que se celebra en la Audiencia Nacional hasta finales de junio, fue solo un aldabonazo más de una ristra de acusaciones que han sacudido el desarrollo de la vista oral sobre el espionaje sin aval judicial a Luis Bárcenas. Un dispositivo policial puesto en marcha entre 2013 y 2015 desde la cúpula del Ministerio del Interior en el Gobierno de Mariano Rajoy para eliminar documentos sobre la 'caja B' del PP en poder de su tesorero.

Morocho fue el jefe de la investigación del 'caso Gürtel' entre 2009 y 2021 a través de un grupo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía. Declaró esta semana como testigo durante seis horas, en dos sesiones diferentes, ante el tribunal presidido por Teresa Palacios. Una esperada intervención que ha supuesto un torpedo en la línea de flotación de la estrategia de defensa de algunos de los diez acusados. Los principales damnificados han sido, sobre todo, exmandos del cuerpo durante el periodo en el que se ejecutó 'Kitchen' y que hasta el interrogatorio de Morocho habían salido en buena medida indemnes en la valoración de la carga probatoria.

Pero además, las revelaciones del inspector jefe de 58 años sobre las presiones, injerencias, órdenes, contraórdenes, ofrecimientos y amenazas recibidas mientras investigaba, por mandato del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, la pieza separada de 'Gürtel' referida a los 'papeles de Bárcenas', señaló también a siete responsables de la UDEF y de otras unidades en estas presiones para no incluir en sus informes nombres como Mariano Rajoy o Ignacio López de Hierro, entonces marido de María Dolores de Cospedal, número dos del PP, y muy vinculado a comisario José Manuel Villarejo, también juzgado por 'Kitchen'.

Morocho identificó a «Miguel Ángel Cuevas, José Manuel Álvarez Luna, (José Luis Fernández) Gudiña, Manuel Vázquez, (José Enrique Rodríguez) Ulla, (José García) Losada y (José Antonio) Sánchez Aparicio». Agentes que ni siquiera están sentados en el banquillo, pero cuya testifical en el juicio, caso de Losada o Vázquez, ha quedado en entredicho. Una circunstancia que abre la puerta a que el tribunal deduzca testimonio en la sentencia si considera que alguien ha mentido o faltado claramente a la verdad.

En suma, el marco que dibujó Morocho en la vista oral –dando continuidad y coherencia a lo que ya declaró en fase de instrucción– interpela directamente al principio de neutralidad política que debe regir la actuación policial. Y cuando los señalados son integrantes de una cúpula de poder, en un órgano jerarquizado, la gravedad de lo denunciado aumenta. «Mi compromiso era con el magistrado, la instrucción, la organización policial y la sociedad, puesto que he prometido defender a la comunidad y cumplir los principios democráticos», justificó Morocho en una suerte de alegato como servidor público incorruptible.

Pero antes de verbalizar sus principios, el inspector relató con todo luho de detalle la estrategia puesta en marcha para «torpedear» el avance de sus pesquisas judiciales abiertas tras la difusión en 2013 de los 'papeles de Bárcenas': las anotaciones sobre la contabilidad en B del PP entre 1990 y 2008, que registraron donaciones de empresas, particulares y los pagos de sobresueldos a dirigentes.

Un boicot «planificado» –denunció Morocho– que permite inferir que la 'operación Kitchen' que se juzga tuvo más objetivos e implicados que eliminar los documentos en poder de la familia Bárcenas para controlar los daños que pudieran generar a la cúpula del PP de la época. Se trató de obstruir desde la misma Policía la investigación dirigida por el juez Ruz y, a pie de campo, por el grupo de la UDEF del citado inspector, que acabaría dirigiendo una comisaría en el pueblo pirenaico de Canfranc-Estación, especializada en extranjería y tramitar DNI, cuando abandonó la dirección policial del 'caso Gürtel'.

En el juicio reveló, por ejemplo, que el comisario José Luis Olivera, exjefe de la UDEF y uno de los acusados, le ofreció un puesto en una embajada (China, Guatemala o Portugal), que son trabajos «bien retribuidos». Relató que en esta reunión éste recibió una llamada «del ministro» del Interior, en alusión a Jorge Fernández Díaz, también acusado, para interesarse por su respuesta a este ofrecimiento. Contó cómo Olivera, que luego dirigió el centro de inteligencia policial, llegó incluso a comentarle que había entregado a Cospedal «un fax» de Bárcenas en el que se desvelan aspectos de los negocios del cabecilla de 'Gürtel', Francisco Correa, en Valencia: «Me dijo que lo tiene en su caja de seguridad. Era un documento importante. No sé por qué tenía que haber salido del ámbito de la investigación secreta».

Desde la DAO de Eugenio Pino, acusado en 'Kitchen', también se le pidió revisar el criterio usado hasta entonces para vincular a Bárcenas con «Luis el cabrón». Y añadió que se trató de dilatar más de un año la presentación del informe sobre el exalcalde de Pozuelo Luis Sepúlveda y marido de la ministra de Sanidad del PP Ana Mato, cuyo contenido derivó en que ésta fuera juzgada y condenada como partícipe a título lucrativo. Incluso aludió a una «mascarada» de la unidad de Asuntos Internos al investigarlo por una supuesta filtración.

Más grave aún, por la implicación de terceras personas, fue la denuncia que hizo de que el juez Ruz sospechaba que estaban siendo escuchado en su despacho de la Audiencia Nacional y tenía que reunirse con él en el pasillo o que, tras no dar su brazo a torcer, le «desmantelaron» poco a poco su unidad para no poder cumplir con su trabajo y le sobrecargaron con otros asuntos como el 'caso Campeón' que afectó al exministro socialista José Blanco. «Se instaló un clima de autocensura y hubo informes (sobre la 'caja B' del PP y los 'papeles de Bárcenas') que no se pudieron hacer por incapacidad manifiesta», concluyó Morocho.