Blindar el registro horario
El Gobierno vuelve a aplazar el control de jornadas en las empresas y busca el aval del Consejo de Estado para que los tribunales no lo tumben otra vez
Editorial
El Gobierno vuelve a incumplir su promesa de aprobar el real decreto para el refuerzo del registro horario, pero anuncia que sigue adelante con el ... plan. La obstinación de la vicepresidenta y ministra del Trabajo procede en parte del previo fracaso que obtuvo durante la votación en el Congreso de su medida estrella, la norma para reducir la jornada laboral a 37,5 horas. Yolanda Díaz planteó entonces el endurecimiento del registro de la jornada como alternativa, en el que propone la implantación de un sistema digital y obligatorio por el cual exigir a todas las empresas y autónomos un control exhaustivo de las horas que hacen sus trabajadores, un procedimiento para abonar las horas extraordinarias y la posibilidad de que dichos datos puedan ser fiscalizados en cualquier momento por la Inspección de Trabajo y por los representantes de los trabajadores.
Sin embargo, son ya numerosas las ocasiones en las que el Gobierno ha prometido que la nueva norma sería aprobada –en julio y después en septiembre– y la intervención de diversos obstáculos lo ha llevado a incumplir repetidamente su promesa. Primero, a causa de los desencuentros entre la propia Yolanda Díaz y el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Ahora, el principal obstáculo procede del Consejo de Estado. El órgano que dirige una tercera exvicepresidenta y ministra en discordia, Carmen Calvo, emitió un dictamen a finales de marzo por el que advirtió que no procedía aprobar la norma en aquellos términos; entre otras cosas, por no garantizar suficientemente la protección de datos de los trabajadores. Además, la forma elegida para su tramitación –el reglamento, que excluye la intervención del Parlamento– es altamente cuestionable. La CEOE, de hecho, denunció que llevaría la norma a los tribunales precisamente por no ser aprobado por proyecto de ley y debatido entre todos los grupos parlamentarios.
Ahora, tras varios intentos fallidos, el Gobierno trabaja con el Consejo de Estado para blindar la norma referida frente a los tribunales y aprobarla en los próximos meses. Tres incógnitas permanecen: si dará tiempo a aprobarlo antes del fin de la legislatura; en tal caso, cuándo; y si incorporará ayudas para que empresas y autónomos lleven a cabo la implantación del registro digital –el Consejo de Estado cuantifica un coste de 55,4 euros al año por trabajador–.
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