La Justicia sigue presa en Guantánamo

El último revés para las familias de los fallecidos que aún no encuentran el consuelo de la Justicia llegó cuando el juicio acababa de encontrar otra fecha, una más. El pasado 28 de agosto, el juez militar Michael Schrama excluyó la confesión que Khalid Sheikh Mohammed, alias 'KSM', acusado de ser el ideólogo del atentado de 2001, hizo al FBI en esta misma prisión en 2007. La coacción, concluyó el magistrado, venía de largo: detrás estaban los años de aislamiento y tortura en las cárceles secretas de la CIA, incluidas 183 sesiones de ahogamiento simulado, el temido 'waterboarding'. La Fiscalía había defendido durante años que aquella declaración era voluntaria. Pero el 4 de septiembre anunció que no recurriría: intentar recuperar una de sus principales pruebas podía costarle otro aplazamiento. Para conservar la fecha de 2028, decidió continuar sin ella.

Khalid Sheikh Mohammed no es, desde luego, un preso cualquiera. Está acusado de haberle llevado a Osama bin Laden la idea de convertir aviones de pasajeros en armas y de haber dirigido desde la distancia su ejecución. Ante agentes del FBI, en esa confesión de enero de 2007, admitió su participación en la trama. Dos meses después, en otro procedimiento en Guantánamo, se atribuyó abiertamente la operación «de la A a la Z». Ciudadano paquistaní, fue capturado el 1 de marzo de 2003 en Rawalpindi, cerca de Islamabad, en una operación de las autoridades de ese país y estadounidenses. Pasó más de tres años en las prisiones secretas de la CIA antes de ser trasladado a Guantánamo en septiembre de 2006. Lleva veintitrés años y medio detenido, veinte de ellos en la base de Cuba, sin que haya comenzado el juicio por los atentados.

Ya no hay visitas, pero varios corresponsales pudimos recorrer la cárcel de Campo Delta en esa base, y entrar brevemente en sus recintos de máxima seguridad. Dentro, la mirada se iba de las celdas al techo, donde había heces pegadas. Puertas de acero, un camastro, un inodoro y un lavabo metálicos, una ventana estrecha y opaca que dejaba pasar la luz, pero impedía mirar afuera. Los guardias llevaban los nombres tapados con cinta negra y pantallas transparentes ante la cara para protegerse de los orines y el semen que les arrojaban. Veintitrés horas de aislamiento y una de patio: esa era la medida de los días en aquel régimen. Había también una sala con un televisor y, enfrente, un sillón con grilletes. La televisión era un premio por buena conducta.

La cárcel abrió el 11 de enero de 2002, cuatro meses después de los atentados, por decisión del entonces presidente George W. Bush, para encerrar e interrogar a los sospechosos capturados en la guerra contra Al Qaeda y los talibanes. Aquel primer día llegaron veinte hombres y pasarían en total unos 780, incluidos algunos menores. El recinto fue creciendo hasta tener siete campos numerados y los anexos de aislamiento.

Hoy los quince presos restantes caben en un solo edificio, mucho más reducido. Junto a Khalid Sheikh Mohammed permanecen los otros cuatro imputados por el caso del 11-S (Walid bin Attash, Mustafa al-Hawsawi, Ammar al-Baluchi y Ramzi bin al-Shibh) y también Abd al-Rahim al-Nashiri, acusado de organizar el atentado contra el destructor 'USS Cole' en 1999. Hay también seis hombres sin cargos, tres de ellos con traslado autorizado porque se considera que ya no son una amenaza. Ahora hace falta un país que los reciba.

La base de Guantánamo, donde está la prisión, se encuentra en el sureste de Cuba, en una bahía que Estados Unidos domina desde 1903, cuando logró el arrendamiento para una instalación naval como parte de las condiciones impuestas a la independencia cubana tras la guerra que perdió España. La soberanía sigue siendo de La Habana, pero dentro manda Washington. Esa es la clave para que Bush enviara allí a los presos, a sabiendas de que habría condiciones muy duras.

Lo cierto es que disponía de un recinto militar aislado, bajo su control total, pero fuera del territorio soberano estadounidense, donde sostenía que los presos extranjeros no podían recurrir a sus tribunales para impugnar el encierro. El Supremo rechazó esa pretensión en 2004. Pero la prisión siguió allí, dentro de una base cuya devolución a Cuba nunca formó parte de la orden de cierre de Obama. La dictadura castrista sí reclama la entrega del territorio; Estados Unidos se ampara en los acuerdos que mantienen su presencia mientras no decida abandonarlo o ambos países pacten otra cosa.

Según una investigación oficial del Senado estadounidense, en esta prisión se privó a detenidos del sueño, se los sometió a desnudez forzada y posturas dolorosas y se emplearon perros para intimidarlos. Se buscaba quebrar su resistencia, hacerles desfallecer para sacarles información.

Parte de aquellas técnicas procedían de los manuales que preparaban a los soldados estadounidenses para soportar torturas si caían en manos del enemigo. Aquel informe concluyó que la autorización de métodos agresivos de interrogatorio por Donald Rumsfeld, secretario de Defensa de Bush, fue una causa directa de los abusos en Guantánamo.

Con aquellas sombras recientes, Obama decretó el cierre el 22 de enero de 2009, dos días después de llegar a la Casa Blanca. Dio en total un año de plazo. Pero vaciar la cárcel exigía resolver el problema del destino de los presos y, sobre todo, dónde juzgar a los acusados del 11-S. El entonces fiscal general, Eric Holder, anunció que llevaría a Khalid Sheikh Mohammed y a los otros cuatro a un tribunal civil de Manhattan, cerca de donde habían caído las Torres Gemelas. El plan desató una batalla política y el Capitolio terminó bloqueando el traslado de detenidos a Estados Unidos para juzgarlos.

En abril de 2011, el Gobierno dio marcha atrás y el caso volvió a las llamadas comisiones militares de Guantánamo. Trump revocó en 2018 la orden de cierre y, al regresar a la presidencia en 2025, añadió otra misión a la base: recibir a inmigrantes sin documentos pendientes de expulsión. El 25 de febrero de aquel año, su secretario de Defensa, Pete Hegseth, recorrió las instalaciones para supervisar la operación.

Hegseth había servido allí como teniente dos décadas antes. Volvía al frente del Pentágono. La cárcel que Obama había dado un año para cerrar seguía abierta, y en la base había nuevos detenidos, por otra guerra, contra la inmigración ilegal.

Las comisiones militares son los tribunales especiales con los que EE UU ha decidido juzgar a los extranjeros acusados de crímenes de guerra y terrorismo. Tienen jueces castrenses y un jurado formado por oficiales, con reglas propias que el Capitolio mismo aprobó en 2006 y reformó en 2009. Las vistas se celebran dentro de la base de Guantánamo, en salas preparadas para manejar información secreta, la mayoría de las veces cerradas a la prensa, aunque hay excepciones.

Allí, el procedimiento contra los cinco acusados del 11-S volvió a arrancar en 2012 y lleva más de catorce años sin superar la fase preliminar. Se han sucedido los gobiernos, los jueces, los recursos, las disputas sobre qué pruebas pueden utilizarse después de las torturas de la CIA. Antes de juzgar lo que hicieron los acusados, el tribunal ha tenido que examinar lo que Estados Unidos les hizo durante su cautiverio, lo que se ha convertido en el gran problema de todo este proceso.

En julio de 2024 hubo una salida que parecía estar al alcance de la mano. Khalid Sheikh Mohammed, Attash y al-Hawsawi aceptaron declararse culpables a cambio de que la Fiscalía renunciara a pedir su ejecución, que es una posibilidad. El acuerdo permitía avanzar hacia las condenas sin someter toda la acusación a un juicio marcado por las torturas.

Pero el 2 de agosto, apenas dos días después de anunciarse el acuerdo, el secretario de Defensa de Biden, Lloyd Austin, lo revocó, desautorizando a los fiscales, por las críticas a que no hubiera juicio. Comenzó entonces otra disputa, esta vez sobre si el Gobierno podía retirar lo que sus propios fiscales habían pactado. En julio de 2025, un tribunal federal de casación de Washington avaló la decisión de la Administración Biden por dos votos contra uno. La pena de muerte sigue sobre la mesa.

Sin la confesión de Khalid Sheikh Mohammed ante el FBI, la Fiscalía pretende reconstruir la trama con otras piezas, como por ejemplo el rastro de las transferencias de dinero, conversaciones entre detenidos grabadas en los patios de la prisión y una entrevista que el propio Khalid concedió a la cadena Al Jazeera en 2002, antes de ser capturado. Son pruebas con las que los fiscales esperan sostener la acusación, aunque su uso y su alcance todavía pueden disputarse ante el juez.

Mientras tanto, los acusados envejecen y algunos ya no están en condiciones de someterse al proceso. Ramzi bin al-Shibh, señalado como enlace entre una célula yihadista en Hamburgo y los dirigentes de Al Qaeda, fue declarado mentalmente incapaz de ser juzgado en 2023. Su caso quedó separado del de los otros cuatro: las acusaciones siguen pendientes, por si recupera la capacidad de colaborar en su defensa. Fue capturado el 11 de septiembre de 2002, justo un año después de los atentados. Cuando llegue la fecha prevista para el juicio de sus compañeros, llevará casi veintiséis años detenido y seguirá necesitando una decisión médica antes de poder sentarse en el banquillo de los acusados ante el tribunal.