Cádiz ZBE

La Ley 7/2021 de 20 de mayo de Cambio Climático y Transición energética, enmarcada en la Agenda 2030 y en cumplimiento de los Acuerdos de París de 2015, recogía en su artículo 14, la obligación que tenían los municipios de más de 50.000 habitantes, antes de 2023, de adoptar planes de movilidad urbana que permitieran reducir las emisiones de gases contaminantes, entre ellos el establecimiento de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). El pasado martes 26 de mayo el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicaba la Ordenanza Municipal reguladora de las ZBE de Cádiz, de entrada en vigor al día siguiente. Según datos de la Policía Local, el 88% del tráfico que discurre por el casco antiguo procede de fuera de la ciudad. Las ZBE se ubicarán en todo el Casco Antiguo y en el Paseo Marítimo (tramo glorieta Ana Orantes y Cortadura). 33 cámaras controlaran el acceso. Cuando la ordenanza esté en pleno vigor las multas podrán llegar hasta los 200 €. En 2027 sólo podrán circular por dichas zonas los vehículos con etiquetas ECO. Estarán exentos de dicho cumplimiento los vehículos de carga y descarga, taxis, transporte público, servicios de emergencias y vehículos de personas con movilidad reducida acreditada.

La medida es plausible, pese a que hayan surgido voces críticas que la consideran un mero cumplimiento de una normativa, sin repercusión alguna para la salud de la población de la ciudad. Según los datos del Plan Local de Salud (2019) en la estación de recogida de datos de calidad del aire de Avenida de Marconi, durante el año 2017, superaron los valores límites para la salud humana los niveles de ozono en 6 ocasiones y en 44 los valores de PM10 (partículas en suspensión).

La pena es que la medida no sea también de aplicación al transporte urbano y al de mercancías en la ciudad. Basta con colocarse detrás de una furgoneta de reparto o de un autobús urbano, sobre todo de las líneas 2, 3 y 5, para comprobar la necesidad inminente de descontaminar.