Crónica de una telaraña mortal

A Edward Andrés Gómez (25 años) y a Derian José Morales (36) les prometieron un robo de droga «limpio» que les cambiaría la vida. Los kilos de hachís y cocaína estaban ocultos bajo las jaulas de leones y tigres en una finca de Málaga y el 'chivatazo' supuestamente lo habían dado agentes de la Guardia Civil. Confiados, decidieron actuar. Tres grupos desplazados desde Madrid, Alicante y Fuengirola (unas 15 personas aproximadamente) se encontraron el 25 de abril de 2009 en Alhaurín de la Torre para asaltar la guardería. El primero en sortear el muro fue Edward y, nada más caer, recibió un disparo de Manuel Alonso: «¡Me han dado!». Estas son las últimas palabras que recuerda de su colega uno de los asaltantes, hoy testigo protegido, en el juicio por la muerte de sus compatriotas, 17 años después. «En mi opinión nos estaba esperando porque apenas cayó se escuchó el primer impacto muy fuerte», declaró.

Aquella noche la alarma de la finca estaba desconectada, los mastines estaban 'guardados' y había dos armas de fuego repartidas por la casa: una en el salón, fuera del armero, y otra en la habitación, junto a la cama; en el cajón de la mesita de noche, numerosos cartuchos. A Manuel Alonso le bastaron dos tiros certeros con su escopeta para acabar con la vida de estos dos ciudadanos colombianos, que estaban afincados con sus familias en la capital española. A él, en cambio, no le alcanzó ninguna bala, a pesar de que los asaltantes habrían descerrajado cinco disparos con un revólver y tres con una pistola. A continuación, corrió hasta la casa de un vecino, situada a pocos metros, para alertar de lo que había ocurrido.

Solo nueve días después de este caso, el juzgado archivó provisionalmente las diligencias que se instruían por otro asesinato en el mismo lugar un año atrás, el de la exmujer del principal sospechoso.

El origen de la causa se remonta al 30 de abril de 2008, cuando el cadáver de Lucía apareció flotando en la piscina, con golpes y un corte en la yugular. Dos años antes, la mujer se había separado de su marido y vivía en la finca con su hija amparada por una resolución judicial. Pero Manuel Alonso iba a diario para continuar con el negocio de la cría de animales de compañía y la custodia de especies salvajes que eran decomisadas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en aduanas, inspecciones veterinarias e intervenciones. Lucía le llegó a confesar a una amiga presuntos «trapicheos» de su expareja relacionados con el tráfico ilícito de animales en la finca. Tras el crimen, esta misma mujer reconoció también ante un juez haber visto a través de la ventana de una de las naves de la finca lo que «parecían fardos (de droga)».

Lucía denunció en varias ocasiones a Manuel Alonso por malos tratos, y comenzó a recopilar en una carpeta documentación que comprometería a su exmarido y que ella misma definía como su «seguro de vida». Confió en su abogado y se la entregó. Pero, tras su asesinato, este salió corriendo de Málaga. Su hermana Rosa, en cambio, nunca la abandonó. Su lucha incansable junto al exguardia civil Ignacio Carrasco, que dejó el cuerpo después de denunciar supuestas irregularidades, fue clave para la reapertura del caso en abril de 2012 y para que el Servicio de Asuntos Internos (SAI) de la Guardia Civil tomara parte en 2015.

En 2016, ocho años después del asesinato, «gracias al avance en las técnicas de identificación», los especialistas de Criminalística encontraron una muestra de ADN en la llave que abría la puerta de la finca Los Naranjos. Ese perfil genético obtenido en los laboratorios condujo a la detención del autor del crimen, Ángel Vaello (más conocido como 'Rana'). Por aquel momento, Manuel llevaba años siendo investigado como posible inductor del crimen. Pero, unos meses más tarde, el juez consideró que no existía ningún indicio que lo relacionara con el caso y archivó su imputación. Un año después, por orden de la Audiencia Provincial, el exmarido de Lucía Garrido volvió a figurar como uno de los acusados en su asesinato.

Paralelamente, el caso 'de los colombianos' también sufría un carpetazo tras otro. El primero fue en diciembre de 2009, ocho meses después de lo ocurrido, al entender la jueza y el fiscal que Manuel Alonso actuó en defensa propia. El caso dio un vuelco en 2014, cuando varias denuncias del ex guardia Civil Carrasco motivaron una nueva investigación por parte de Asuntos Internos, que conectó por primera vez el asesinato de Lucía con el de los colombianos. Si bien, el caso volvió a archivarse en dos ocasiones más, en septiembre de 2016 y en septiembre de 2019.

No fue hasta 2020 cuando la Audiencia Provincial intervino: «No es nada habitual que en esta fase del procedimiento se acoja una eximente de la responsabilidad criminal como la de la legítima defensa», expuso en un auto. En consecuencia, exigió que fuese un jurado popular quien dirimiera sobre la culpabilidad del exmarido de Lucía en la muerte a tiros de Edward y Derian.

En medio de tantos reveses judiciales, Manuel Alonso había sido detenido y condenado junto al exjefe del Equipo de Delincuencia Organizada Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil de Málaga Valentín Fernández por su participación en actividades vinculadas al narcotráfico. Paradójicamente, el teniente Fernández había liderado las investigaciones de los casos de Lucía Garrido y de los colombianos y de ello no se dio cuenta al juzgado, denuncia el exagente Carrasco.

El primer juicio por el crimen de Lucía Garrido se celebró en septiembre de 2019, con cuatro acusados en el banquillo: Manuel Alonso, Ángel Vaello y dos exguardias civiles. Aunque el jurado popular de la Audiencia Provincial de Málaga absolvió inicialmente a los cuatro procesados, la Fiscalía y la familia de la víctima recurrieron la sentencia. Al revisar el caso, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía mantuvo la absolución de los dos exagentes, pero anuló la exoneración de Alonso y de Vaello —considerado el autor material—. Para evitar cualquier contaminación del proceso, el TSJA ordenó repetir el juicio desde cero, con un magistrado y un jurado completamente diferentes, dejando fuera a los guardias civiles implicados.

En medio de tantos reveses judiciales, Manuel Alonso había sido detenido y condenado junto al exjefe del Equipo de Delincuencia Organizada Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil de Málaga Valentín Fernández por su participación en actividades vinculadas al narcotráfico. Paradójicamente, el teniente Fernández había liderado las investigaciones de los casos de Lucía Garrido y de los colombianos y de ello no se dio cuenta al juzgado, denuncia el exagente Carrasco.

El primer juicio por el crimen de Lucía Garrido se celebró en septiembre de 2019, con cuatro acusados en el banquillo: Manuel Alonso, Ángel Vaello y dos exguardias civiles. Aunque el jurado popular de la Audiencia Provincial de Málaga absolvió inicialmente a los cuatro procesados, la Fiscalía y la familia de la víctima recurrieron la sentencia. Al revisar el caso, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía mantuvo la absolución de los dos exagentes, pero anuló la exoneración de Alonso y de Vaello —considerado el autor material—. Para evitar cualquier contaminación del proceso, el TSJA ordenó repetir el juicio desde cero, con un magistrado y un jurado completamente diferentes, dejando fuera a los guardias civiles implicados.

El segundo pleito arrancó en octubre de 2023. Tras dos semanas de pruebas y declaraciones de peritos y testigos, el jurado popular declaró a Vaello autor del crimen y a Manuel Alonso culpable de urdir un plan para matarla, ya que le «suponía un obstáculo» para continuar con sus negocios ilícitos.

El tribunal se basó en tres claves: los viajes que realizó su expareja los días anteriores a su muerte «sin motivo alguno» —y de los que empezó a recopilar tickets— , la retirada de los perros que custodiaban la parcela en la que residía y los malos tratos que la víctima mortal denunció y que su círculo sabía. Su hija recordó ante el tribunal, tras un biombo, las presiones, amenazas y coacciones que su padre ejercía para que abandonaran la vivienda. Que las dejó sin luz ni agua, que les quitó temporalmente el coche con el que la mujer se desplazaba y llevaba a la niña al colegio y que les llegó a decir que saldrían de allí «por las buenas, las malas o en una bolsa de basura».

Manuel Alonso ha sido condenado a 24 años de prisión por estos hechos, aunque la sentencia aún no es firme. Hoy en día goza de libertad y estas últimas semanas ha acudido al juicio de 'los colombianos' por su propio pie; con la tranquilidad de que la fiscal estaba de su lado, creía su relato y no le pedía pena de prisión. Las acusaciones particulares (que defendían a las viudas de los fallecidos) y popular (ejercida por la Asociación Unificada de Guardias Civiles), en cambio, sostuvieron que el acusado estaba preparado para el robo y esperó a la banda con una escopeta.

La coartada de Manuel Alonso fue que estaba cenando y viendo la televisión cuando escuchó a su perro «ladrar de distinta manera», que pensó que uno de los animales salvajes que tenía en la finca se había escapado y, ante el temor de «una desgracia» salió armado. A continuación, la secuencia ocurrió de la siguiente manera según su relato: salió por la puerta principal de la vivienda con la escopeta, giró a la izquierda dirigiéndose hacia donde ladraba el perro, vio a una persona que le apuntó con el arma mientras él andaba hacia atrás, saltó detrás de un banco de piedra para protegerse, empezó a escuchar disparos, abrió fuego y corrió para que sus vecinos alertaran a la Guardia Civil.

El jurado popular no ha podido determinar quién disparó primero ni a qué distancia lo hicieron. Pero sí que el procesado era conocedor de que se iba a producir un 'vuelco' y que, por ello, tenía escopetas y munición repartidas en distintas estancias de la casa. A la espera de la sentencia, la Audiencia Provincial ha acordado que Manuel Alonso continúe en libertad, de acuerdo con la petición de la Fiscalía y de la defensa del procesado y en contra de la manifestación de las acusaciones particulares y popular, que advirtieron del riesgo de fuga.

La hermana de Lucía Garrido, Rosa, falleció de cáncer hace unos años sin saber si se hizo justicia, pero con la tranquilidad de que su abogado, Luis Portero, le prometió en el lecho de muerte dejarse la piel en ello. Aunque el exagente Carrasco está convencido de que todavía hay muchos hilos que desenredar y responsabilidades que depurar, se muestra aliviado: «Hemos cumplido. No podemos ir más allá en la lucha contra el mal».